Por Mathieu
Tourliere.
El gobierno mexicano promovió este
lunes el Mecanismo de Montevideo como una “alternativa hacia una solución
pacífica” a la crisis de Venezuela.
Además, lamentó “los enfrentamientos violentos” que
tuvieron lugar en la región fronteriza de ese país con Colombia y Brasil, el
sábado 23, cuando fuerzas de seguridad y grupos paramilitares venezolanos
impidieron el ingreso de asistencia humanitaria.
En un
escueto boletín, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) lanzó un nuevo llamado para que las partes “tanto
internas como externas” involucradas en la crisis en Venezuela rechacen el uso
de la fuerza y busquen una “solución pacífica a la situación por la que
atraviesa ese país sudamericano”.
El sábado
23, un grupo de opositores venezolanos
trató de ingresar a su país con convoyes de ayuda humanitaria. Al respecto,
Michelle Bachelet, Relatora para los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), condenó el “uso excesivo de la fuerza” empleado “tanto
por las fuerzas de seguridad venezolanas como por grupos pro-gubernamentales armados
que tuvieron como resultado al menos cuatro muertos y más de 300 personas
heridas”.
Por su
parte, los países miembros del Grupo de Lima –entre ellos “Venezuela”, en
nombre del cual firmó el autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó–
lanzaron otro comunicado incendiario contra “el régimen ilegítimo” de Nicolás
Maduro, en el que exigieron la “salida inmediata” del presidente de Venezuela
para celebrar elecciones “organizadas por una autoridad electoral neutral y
legítimamente constituida”.
También
reiteraron su llamado a “todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional”
venezolana y a los miembros del Poder Judicial, a reconocer la autoridad de la
Asamblea Nacional y del “presidente encargado”.
El Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá mañana para abordar la situación en
el país sudamericano.
El Mecanismo de Montevideo contempla
cuatro etapas: la primera plantea un “diálogo inmediato” entre Maduro y la
oposición encabezada por Juan Guaidó –quien se autoproclamó “presidente
encargado” de Venezuela–; la segunda establece que, con base en el diálogo, se
lleve a cabo un proceso de negociación, “buscando puntos en común y áreas de
oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos
potenciales”.
La tercera etapa consistiría en la
emisión de compromisos de ambas partes, y finalmente el mecanismo concluiría
con la fase de implementación de dichos compromisos.
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