Por Arturo
Rodríguez García.
Cuando el
nombre de Rosario Robles Berlanga empezó a conocerse en el ámbito nacional,
parecía tratarse de una de esas mujeres que, a finales de los noventa, tiempos
de apertura y pluralismo, se convertirían en punta de lanza de una generación
dispuesta a cambiar las cosas.
Venía de una
familia originaria de San Antonio de las Alazanas, en Arteaga Coahuila, una pobre
comunidad manzanera, integrante de una familia que debió migrar al sueño
capitalino. Se había formado en la orientación maoísta que, si algo forma es la
disciplina, el pragmatismo y el don de mando. Había destacado en las lides
sindicales universitarias y era militante fundadora del PRD.
Sus cartas
credenciales eran buenas, así que todavía en la treintena, fue designada
secretaria de Gobierno en el Distrito Federal, en el primer gobierno electo,
segunda de abordo con Cuauhtémoc Cárdenas. Su declaración patrimonial
contrastaba con la riqueza de quienes, procedentes del PRI o por sus
actividades privadas, habían acumulado bienes. Ella, tan joven y preparada,
tenía un modesto automóvil, una casa en la delegación Coyoacán y una cuenta
bancaria.
Además,
nadie podría negarle su agenda de género que confrontó al conservadurismo en el
2000, cuando siendo jefa de gobierno interina consiguió aprobar la primera
despenalización del aborto para mujeres embarazadas como consecuencia de una
violación; solía reunirse con otras mujeres influyentes sin distingo partidista
y, entre otras posiciones, esa perspectiva la posicionaba como representante de
una izquierda sofisticada que llegaba a la dirigencia del PRD en los tempranos
dos miles.
De entonces
a la fecha, su presencia pública se ha
visto inmersa en escándalos: del tráfico de influencias con el empresario
Carlos Ahumada a la llamada Estafa Maestra; de la desaparición de casi 12 mil
millones de pesos de programas asistencialistas a población indígena, a la
renta de un edificio en una de las avenidas más caras de México, escándalo más
reciente dado a conocer por su sucesor en la secretaría de Desarrollo Rural, Territorial
y Urbano, Román Meyer Falcón.
Esto último se trata de uno más de
los excesos de la pasada administración ventilados por la nueva, que alimentan
el listado que se administra sin consecuencias, algo que Robles Berlanga conoce
bien.
En su
administración capitalina, Andrés Manuel López Obrador la protegió y en meses
recientes, la consideró un “chivo expiatorio”, expresión que recordó el
tristemente célebre “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, proferido por
Enrique Peña Nieto, cuando entonces era titular de Desarrollo Social y se
documentaba el uso electoral de programas sociales.
Lo dicho por López Obrador contrasta
con el cese de funcionarios de Pemex implicados en el mismo escándalo de la
“Estafa Maestra”, sobre quienes instruyó una investigación especial la semana
pasada. No obstante, la revelación del derroche en oficinas difundido ayer,
podría ser un viraje, el inicio de la exhibición y, siendo optimista, un
encausamiento, por inexplicable empobrecimiento.
Y es que, basta ver su declaración patrimonial, para
desconfiar de su veracidad. Al revisar la conclusión de su desempeño público,
resulta que Rosario Robles está pobre: ya no tiene automóvil ni casa y le
quedaba su salario neto de un mes en la cuenta bancaria (180 mil pesos).
Mientras, por lo que se sabe de su desempeño hasta ahora, unos 19 mil millones
siguen pendientes de solventar, o bien, de determinar su real paradero… a menos
claro, que se convierta en beneficiaria de la amnistía política que vino con el
nuevo gobierno.
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