Por Efrén
Flores.
El sexenio del ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) operó como una agencia de colocaciones que
permitió que él, y su élite burocrática del sector energético mexicano, dieran
un brinco del ámbito público a la iniciativa privada.
Además del
Primer Mandatario, al menos seis
funcionarios de su administración, ligados de manera directa a la Secretaría de
Energía (Sener) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias, se
convirtieron en contratistas gubernamentales.
Este tipo de
movimiento –la llamada “puerta
giratoria”– generó sospecha en la mayoría de los casos. En unos, porque los
funcionarios podrían haber contado con información privilegiada del mercado. En
otros, por la posibilidad que tuvieron de incurrir en tráfico de influencias.
Incluso, dos altos burócratas de Pemex durante el
calderonismo fueron investigados por su presunta colusión con empresas
privadas, fuera durante o después de su desempeño de funciones. Uno de los
casos más polémicos incluyó, por ejemplo, la participación de la compañía
Oceanografía, señalada de fraude y falsificación de documentos oficiales de
cuentas por cobrar de Pemex.
El lunes,
durante su conferencia matutina, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este tipo de prácticas
porque incurren en “conflictos de interés”, “coyotaje”, e inclusive
“corrupción”.
En su
alocución, el político tabasqueño
recordó que una de las empresas extranjeras que le vende servicios a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) “contrató a un ex Presidente como
miembro de su consejo”.
De esa
forma, el Presidente hizo referencia a
Felipe Calderón, quien a partir de julio de 2016, se integró al Consejo de
Administración de la compañía estadounidense Avangrid, filial de la compañía
eléctrica y de energías renovables Iberdrola.
Esta empresa española creció durante
los años de mandato de Calderón, hasta convertirse en una de las principales
generadoras de energía eléctrica privada en México, mediante contratos con la
CFE.
Mientras que
en 2006 Iberdrola acumuló ingresos por
1.4 mil millones de euros en México y Guatemala, en 2011 tuvo ventas por 2.8
mil millones de euros, sólo en México. Esto es el doble de ventas en un periodo
de cinco años, de acuerdo con los informes de sostenibilidad de la compañía.
Pese a los
señalamientos, el lunes el ex Presidente
Calderón rechazó “categóricamente” que en su relación con “empresas globales”
hubiera incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y actos
corrupción. “Quien afirma –se lee en uno de sus tweets– está obligado a probar
y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.
Y este
martes, López Obrador se refirió de
nuevo al tema y le puso nombres a su reclamo: mencionó, específicamente, a
Ernesto Zedillo Ponce de León y a Felipe Calderón Hinojosa. Aunque ofreció una
disculpa anticipada, reiteró: “si eso no es ilegal, es inmoral”.
“[Ernesto] Zedillo promueve la
privatización de los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor con una de las
empresas que se privatizaron con la privatización de ferrocarriles”, dijo esta
mañana el Jefe del Ejecutivo Federal. “Se rescata a los bancos con el Fobaproa
y también trabaja con uno de los bancos rescatados”.
“En el caso de Felipe Calderón,
tienen relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa que no voy a
mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero a esa empresa.
¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No”, añadió. Aunque le ofreció
disculpas adelantadas a Calderón, reiteró “se les pasó la mano, eso no se puede
hacer”. Dijo que “si eso no es ilegal, es inmoral”.
LA ÉLITE
GIRATORIA.
Después de
servir durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, al menos cuatro ex funcionarios públicos
(de alto nivel) de Petróleos Mexicanos y dos de la Secretaría de Energía se
fueron a la iniciativa privada. Uno de ellos fue el ex director de Pemex
Exploración y Producción (2004-2014) Carlos Arnoldo Morales Gil.
Casi un mes después de renunciar a su
cargo en Pemex, Morales Gil fue investigado por la Procuraduría General de la
República (PGR) por presuntos beneficios otorgados a la empresa Oceanografía, a
partir de la adjudicación de 21 contratos por más de 8.7 mil millones de pesos.
En febrero
de 2015, en el marco de la segunda
convocatoria de la Ronda Uno de licitaciones de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), el ex directivo de Pemex fue designado como director
general de PetroBal, una empresa de exploración y extracción de hidrocarburos
propiedad del empresario Alberto Bailléres González.
En ese
momento, la incorporación de Gil a
PetroBal fue considerada como un punto de inflexión, ya que los conocimientos
del ingeniero petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le
daban ventaja a la empresa de uno de los hombres más ricos de México, para
competir con otros licitantes nacionales y extranjeros.
Por otro
lado, entre los chapulines también
estuvo la otrora Secretaria de Energía (2006-2011) Georgina Yamilet Kessel
Martínez, quien asimismo se desempeñó como presidente del Consejo de
Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE.
En abril de
2013, sólo cinco meses después de haber
dejado su puesto en la administración pública federal, Kessel fue nombrada
consejera vocal de Iberdrola. Ello a pesar de que la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios
deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después
de haber dejado el puesto.
Cinco años
después, la ex Secretaria de Estado fue
reelegida como consejera de la empresa española Iberdrola. Y en la actualidad,
Kessler Martínez también funge como “directiva independiente no ejecutiva” de
la empresa minera Fresnillo PLC (propiedad del empresario Alberto Bailléres).
Otro de los funcionarios
calderonistas que se fue al sector empresarial fue el ex director de Pemex
(2009-2012) Juan José Suárez Coppel. En marzo de 2013, el economista del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) pasó a formar parte de la mesa
directiva de Jacobs Engineering Group Inc. Y según uno de los informes de la
compañía, hasta enero de este año, Suárez Coppel seguía siendo directivo de la
constructora.
En agosto de
2017, Jacobs Engineering ganó un
contrato con Pemex Fertilizantes para supervisar los procesos de construcción y
rehabilitación de la Planta de Amoniáco IV, ubicada en el estado de Veracruz.
Ello a pesar de que menos de tres años antes, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) determinó que la adjudicación de un contrato (AGRO-DG-003/14) a Jacobs
Engineering (por 195 millones de dólares) partió de un estudio deficitario.
En su
reporte de la Cuenta Pública 2015, la
ASF determinó que la compañía contravino “diversas disposiciones de derecho
público, incluyendo artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas,
de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de
Planeación, entre otros ordenamientos”.
EL RESTO DE
LOS CASOS.
Uno de los casos más llamativos es el
de la empresa Pemex and Petroil Production Joint Venture Corporation,
constituida y registrada por ex funcionarios mexicanos, en el estado de Texas,
en Estados Unidos.
La compañía
que nació en 2007 y desapareció en 2009 fue
fundada por el ex director de Pemex (2004-2006) Luis Ramírez Corzo, y en ella
participaron integrantes de la alta burocracia mexicana, como el ex titular de
Pemex Gas y Petroquímica Básica (2005-2006) Marcos Ramírez Silva, o el titular
de Pemex Comercio Internacional Eduardo Del Río Petricioli (2004).
Del periodo
calderonista, empero, destaca la
participación del ex director general de Pemex Refinación (2007-2009) José
Antonio Ceballos Soberanis.
De acuerdo con la información de la
compañía, Pemex and Petroil Production Joint Venture Corporation estuvo ligada
a otras dos contratistas de Pemex, que contaron con el respaldo de ex
funcionarios del Gobierno federal (Oro Negro y Todco México Inc.).
En 2014, por ejemplo, la compañía donde participó
Ceballos Soberanis obtuvo cuatro contratos por casi 11 mil millones de pesos
para utilizar plataformas petroleras, situación que desembocó en una polémica
de posibles conflictos de interés. No en balde, más de cinco ex servidores de
Petróleos Mexicanos se habían incorporado a la empresa.
Por otro lado, estuvo el caso del ex
director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (2005-2010) Roberto Ramírez
Soberón.
Aunque no hay registro de que haya
participado como socio de una compañía, en 2010 fue señalado por la Secretaría
de la Función Pública (SFP) de haber violado la Ley de Obras Públicas y de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por el supuesto favoritismo en
que incurrió para darle contratos millonarios a la empresa Tuboscope México,
filial del corporativo Tuboscope Vetco Internacional Inc.
Por ejemplo,
una de las licitaciones (18577002-009-05
PGPB-GRM-029-IT/2005) para el “mantenimiento predictivo y correctivo” de
gasoductos de las estaciones Reynosa-Chihuahua, Los Ramones y Cactus-El
Misterio, implicó beneficios no justificado para la empresa por 116.3 millones
de pesos. Sin embargo, del caso no se supo más.
Asimismo, estuvieron los casos del ex director
general de Asuntos Internacionales de la Sener (2003-2007), Salvador Beltrán
del Río, y del ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público (2011-2012)
Gerardo Rodríguez Regordosa.
Ellos formaron parte de la firma
estadounidense Blackrock, misma que se ostenta como “la mayor gestora de
activos” en el mundo.
A partir de
2011, Blackrock empezó a administrar
fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, y desde 2015, en el primer
año de la Industria Mexicana de Hidrocarburos (IMH) derivada de la Reforma
Constitucional de 2014-2015, ingresó de lleno como una de las principales
socias privadas de Petróleos Mexicanos.
Entre 2013 y
2014, cuando Beltrán del Río y Rodríguez
Regordosa ya formaban parte de la empresa, Blackrock invirtió en la compañía
Sierra Oil and Gas hasta convertirla en la primera compañía petrolera mexicana
en ganar la prístina licitación (dos bloques) del primer año (2014) de la IMH.
La situación generó polémica ya que
ambos ex funcionarios se habían desempeñado, años atrás, en áreas del Gobierno
federal que estaban directamente relacionadas con este tipo de negocios.
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