Por Arturo Ángel.
A 18 meses de su potencial
desaparición, la Policía Federal está, coloquialmente hablando, en quiebra.
La
corporación federal – que será gradualmente desplazada por la nueva Guardia
Nacional- tiene un adeudo reconocido de
casi 2 mil 500 millones de pesos por pagos pendientes en múltiples conceptos,
desde gasolina para sus coches, pasando por viáticos y hospedajes, hasta
indemnizaciones para sus elementos.
Y lo que es peor: la dependencia reconoce que
no cuenta con dinero suficiente para pagar dichos adeudos que van en ascenso.
Sus recursos apenas le alcanzan para mantener su operación.
Esta es la
realidad económica que enfrenta hoy la Policía Federal, una corporación que
además ha sido cuestionada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a la falta de resultados que
prueben su eficacia en prevenir el delito, y al fracaso en el reclutamiento de
su división de Gendarmería, que no logró contar ni con el 10% de la meta de
elementos.
Animal
Político obtuvo vía transparencia datos oficiales que evidencian el tamaño de
la crisis económica que tiene la corporación.
En el oficio
número PF/OCG/DGE/1309/2019, la Policía
Federal detalla que tiene un adeudo total, con corte a febrero pasado, de 2 mil
460 millones 248 mil 776 pesos con 24 centavos. Dicha cantidad es resultado de
la falta de pago por bienes y servicios en 14 rubros distintos.
El adeudo más elevado es del orden de
1 mil 308 millones de pesos y corresponde a servicios de traslado y viáticos no
cubiertos. En diversas ocasiones en los últimos años este problema ha quedado
al descubierto con el reclamo de hoteleros que han hospedado a elementos de la
corporación sin recibir el pago pactado, lo que a su vez ha provocado que la
Policía Federal tenga incluso que dejar a sus efectivos en campamentos
improvisados.
El segundo adeudo más alto es de casi
533 millones de pesos por servicios básicos no cubiertos, entre ellos pagos de
agua y de luz. Le sigue una deuda de 234 millones 283 mil pesos por concepto de
vestuario, blancos y prendas de protección; y otra de 92 millones 635 mil pesos
por pagos adeudados a personas que prestaron diversos servicios profesionales,
técnicos, entre otros.
Le siguen adeudos de 64 millones 645
mil pesos en alimentos y utensilios; de 28 millones 667 mil pesos en
medicamentos y productos químicos; de 24 millones 982 mil pesos en servicios
financieros, bancarios y comerciales; de 23 millones 400 mil pesos en diversos
materiales de administración; y de más de 13 millones 724 mil pesos en pago de
diversos arrendamientos.
La Policía
Federal también registra un adeudo de 4
millones 861 mil pesos en la partida destinada al pago de combustibles,
lubricantes y aditivos.
Incluso tiene registrado un adeudo de más de 450
mil pesos por servicios de publicidad y comunicación social; y de 409 mil pesos
en herramientas y refacciones menores.
Finalmente registra una deuda de casi 200 mil pesos,
derivado de resoluciones judiciales adversas, pago de indemnizaciones y
liquidaciones, así como pérdidas en el erario.
Y no tiene
con qué pagar.
En el
referido oficio la Policía Federal reconoció
que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago de los adeudos,
por lo que la única alternativa será buscar una ampliación al presupuesto que
les fue autorizado para este año.
“La estrategia (para cubrir los
adeudos) es la absorción de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, como ampliación al presupuesto del ejercicio actual, a fin
de cubrir dichos compromisos”, indica el documento.
Hasta el
momento, de acuerdo con fuentes
consultadas, dicha ampliación del presupuesto para la Policía Federal no ha
sido autorizada por lo que tampoco hay recursos para cubrir las deudas.
Cabe señalar que para 2019 el
Congreso autorizó un presupuesto para la Policía Federal por un monto de 26 mil
233 millones de pesos, cifra que representa un recorte de poco más de mil
millones de pesos en comparación con el año pasado.
De las dudas
en su eficacia a las acusaciones de corrupción.
La Policía Federal creció de forma
significativa en los últimos tres sexenios, tanto en infraestructura humana y
material, así como en responsabilidades. Pasó de ser una fuerza destinada
exclusivamente a la contención en el sexenio de Vicente Fox (denominada Policía
Federal Preventiva), con menos de 10 mil elementos, a convertirse en la
corporación abocada fuertemente a la investigación, con seis divisiones, y casi
40 mil efectivos.
Incluso en el sexenio de Felipe Calderón, la
Policía Federal fue la corporación a la que se apostó el desarrollo de equipos
científicos, de inteligencia y de combate a las drogas, en detrimento de la
Policía Ministerial de la PGR.
Sin embargo,
no existe hasta ahora evidencia
verificable que permita concluir que la Policía Federal ha contribuido de forma
realmente efectiva a mejorar las condiciones de seguridad en el país, función
primaria de esta corporación, pues a ella se le destina más del 90% del
presupuesto que, año con año, se autoriza a nivel federal para la prevención
del delito.
Así lo ha concluido en múltiples
ocasiones la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, apenas en su informe general, presentado en febrero pasado, relativo a
la cuenta pública 2017, los auditores encontraron que, en efecto, la Policía
Federal realizó más de 7 mil 400 operativos y 481 operaciones basadas en
indicios científicos, superando las metas planteadas.
“Sin embargo
no se acreditó que los operativos se
orientaran a prevenir el delito y a combatir las causas de la delincuencia (…)
la corporación desconoció su contribución a la mejora de las condiciones de
seguridad en el país”, señala la conclusión de los auditores.
Los datos de incidencia delictiva
tampoco son favorables para la Policía Federal. Basta recordar que la tasa de
homicidios de 2018 en el país fue de 23.12 casos por cien mil habitantes, la
más alta de la que se tenga registro en las últimas dos décadas.
Cuando en
noviembre pasado el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador
anunció su estrategia de seguridad, el
hoy secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo sostuvo que la Policía
Federal era un cuerpo de seguridad que además de ser ineficaz estaba perpetrado
por hechos de corrupción significativo que hacían inviable su continuidad.
El fracaso
de la Gendarmería.
En el
arranque de su sexenio el entonces presidente Enrique Peña Nieto planteó la
posibilidad de contar con una nueva fuerza de seguridad federal llamada
Gendarmería Nacional, la cual debería contar con, al menos, un estado de fuerza
de 50 mil elementos.
Originalmente
se pensó como una corporación independiente formada y capacitada por las
fuerzas armadas, sin embargo, luego de falta de acuerdos en el propio gabinete
de seguridad, se determinó que se incorporara a la Policía Federal como una
séptima división denominada: División de Gendarmería.
Animal Político solicitó a la Policía
Federal el estado de fuerza actual de cada división. La corporación respondió
que en el caso de la de Gendarmería esta cuenta actualmente con 4 mil 710
elementos. Esa cantidad de efectivos es casi la misma que la de su primer año
de funcionamiento (2014) y no es ni la décima parte del total de elementos que
se buscaban.
En noviembre de 2017 este portal
publicó los resultados de una auditoría de desempeño que la ASF realizó sobre
la Gendarmería. El informe advertía, además de la ineficacia de la nueva división,
que el 80% de los aspirantes habían reprobado el proceso de control de
confianza, motivo por el cual su estado de fuerza estaba muy lejos de la meta
planteada.
En un
intento desesperado por conjuntar más elementos la Policía Federal intentó incluso sumar elementos de otras divisiones
y, de acuerdo con expolicías consultados, hubo hasta amenazas a varios
elementos y mandos para que aceptaran la transferencia a la misma a cambio de
que no se iniciarán procesos de sanción en su contra.
Se prevé que la División de
Gendarmería sea una de las primeras que desaparezca con el nacimiento de la
Guardia Nacional.
En vías de
extinción.
El proyecto de la Ley de la Guardia
Nacional (ya aprobada constitucionalmente), que el gobierno entregó al Senado
la semana pasada, establece que esta asumirá el 100% de las funciones de la
Policía Federal, corporación que deberá transferir a la misma todos sus
recursos humanos, materiales y económicos.
De acuerdo
con el documento, que aún está sujeto a revisión y aprobación del Senado, se prevé que dentro de los primeros 30
días posteriores a la entrada en vigor de la ley las divisiones de Fuerzas
Federales y Gendarmería sean transferidas a la Guardia Nacional. Se trata de
poco más de 18 mil efectivos en total.
Posteriormente,
en un plazo no mayor a 18 meses, las
divisiones restantes (Antidrogas, Científica, Inteligencia, Investigación y
Seguridad Regional) también deberán ser transferidas, con lo cual quedará
oficialmente finiquitada la Policía Federal.
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