Por Daniela
Barragán.
“Adaptarse a los nuevos tiempos”. Bajo ese argumento, la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se posicionó a favor de la Reforma Laboral que fue aprobada
el jueves pasado en la Cámara de Diputados. El punto más sobresaliente de ese
dictamen es referente a la libertad sindical y el fin de los cacicazgos.
René Juárez Cisneros, Diputado del
PRI, dijo en un encuentro con medios de comunicación, que esa Ley era “la
continuación de la era peñista” y que crearía una nueva cultura laboral en que
todos se tenían que acomodar y que el partido estaba a favor de eso.
Al ser
cuestionado sobre si el PRI, en esta nueva era laboral, habría una crítica al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, quien ocupa ese puesto
desde 1993, dijo: “¿Por qué a Romero Deschamps? ¿Por qué a alguien es
específico? Hay un líder que tiene una responsabilidad en el sindicato que va a
votar a favor [de la ley] y está de acuerdo con la transparencia y la libertad
sindical. Es más, va a subir a fijar su postura. Yo creo que ya muchos
liderazgos se dieron cuenta que, o nos acomodamos a una nueva realidad, o nos
rezagamos”.
Antes expuso que el PRI votaría por la Reforma en
lo general porque generará “mayor transparencia y rendición de cuentas, porque
se busca beneficiar a los trabajadores, porque se da la libertad sindical, se
logra que un trabajador no sea rehén de ningún sindicato, que pueda decidir si
es parte o no, que decida de manera voluntaria”.
Entonces, ¿por qué hablar de Romero Deschamps? De
acuerdo con una investigación realizada con SinEmbargo, el STPRM, ha atendido
cero de las 277 solicitudes de información que ha recibido de 2003 a marzo de
2019 como sujeto obligado, según las estadísticas del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La estancia
de Romero se ha convertido en el reflejo de un modelo sindical caduco, de
acuerdo con trabajadores opositores a ese sindicato.
Ese fue el punto en el que todas las
corrientes partidistas presentes en el Congreso coincidieron: se dio un paso
hacia la procuración de libertad sindical en México.
De acuerdo
con el colectivo Reforma Laboral Para Todos, apenas la Reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), los trabajadores podrán llamar a elecciones.
En
entrevista con SinEmbargo, Alfonso
Bouzas Ortiz, integrante del colectivo Reforma Laboral Para Todos y académico
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que lo social
sería el reto más grande de esta Reforma, porque es en este punto en el que son
los trabajadores los que tienen que hablar y tienen que hacer suya la Reforma,
que la pongan a funcionar.
“Esa Reforma se va a implementar en
un transcurso de no menos de cuatro o cinco años porque implica mucha
erogación, establecer un poder judicial laboral no se hace de la noche a la
mañana. ¿Pero a partir de qué momento
los trabajadores podrán poner en cuestionamiento a sus direcciones sindicales?
Al otro día de que se publique esta reforma en el DOF. Pasa el proceso legislativo,
se publica y al otro día los trabajadores tienen la posibilidad de revocar el
mandato, de pedir elecciones”, explicó.
Para Bouzas,
lo aprobado el pasado jueves pone fin a
la era de los Romero Deschamps y de los líderes eternos de las federaciones,
“se acabaron los Romero Deschamps y [la ley] liquida esa vieja generación que
son un símbolo del sindicato corporativo, pero hay muchos, muchos más en la
CROC, en la CTM, en las regiones, en los estados. Se va a desactivar el poder
político y económico que representan”.
LA NUEVA
LEGISLACIÓN.
De entre los resultados finales del
nuevo dictamen está que en materia sindical, los miembros de estos, de
federaciones y confederaciones, contarán con los derechos de libre afiliación y
de participación y que las federaciones y confederaciones deberán constituirse
por al menos dos organizaciones sindicales.
También se establece que los miembros de los
sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre
afiliación y de participación al interior de éstas, que implica que nadie podrá
ser obligado a formar o no parte de estos grupos; que los procedimientos de
elección de sus directivas deberán salvaguardar el derecho al voto personal, libre,
directo y secreto de los miembros y el periodo de duración de las directivas no
podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación
democrática de los afiliados.
Y agrega que un sindicato incumple con su
objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales
incurran en actos de extorsión en contra de los patrones y en caso de comprobar
estas conductas para demandar la cancelación del registro sindical.
Sobre este
documento, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, dijo que aunque se aprobó se da muy
apresurada, sí atiende una necesidad urgente: la libre sindicalización y que
los trabajadores puedan tener mecanismos para defender sus derechos labores.
Por su
parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, reconoció que la legislación aportaba una
primera solución a la falta de transparencia de los sindicatos en México.
“Es una demanda de muchos años, muy
antigua y creo que ahora de alguna manera se logra subsanar eso. El tema de
haya democracia interna, de que la votación sea totalmente anónima para que no
haya cooptación política es un enorme logro a la transparencia, a la democracia
y a limitar los poderes de los partidos políticos, que metemos nuestros
bracitos por todos lados que nos dejan, entonces cortar esos bracitos y liberar
a la trabajadora o al trabajador a que se afilie si quiere a un sindicato, el
liberarlos de no tener que votar a mano alzada para que luego le cobren el
favor de otra manera, es muy bueno para México”, agregó.
Para el
académico Bouzas Oritz, la nueva reforma
liquida a los sindicatos corporativos “que tanto daño han hecho a las
relaciones obrero-patronales y a los trabajadores” y se da paso a la libertad y
democracia sindical, al voto universal directo y secreto, a la obligación de
rendir cuentas de parte de las direcciones sindicales y se pone candado para
que termine con la simulación de contratos colectivos, se abre la puerta para
tener relaciones abiertas en las que se discuta el proceso productivo y sobre
todo la forma como se distribuye la utilidad.
Agregó que se podrían esperar fenómenos como el de
Matamoros, “en el que con independencia en la justicia de la demanda, se puso
en entredicho a una dirección corporativa que ya se había acostumbrado a firmar
a espaldas de los trabajadores con las maquiladoras, entonces los trabajadores
desbordaron la subdirección sindical, digamos en la lógica de la política
laboral que el gobierno actual sigue, que es una en la que no hay sindicatos
consentidos del estado”.
Finalmente mencionó algunos de los retos de la nueva
legislación en el corto plazo, como el desactivar las Juntas de Conciliación,
crear Juzgados de lo Laboral, Centros de Conciliación y poner en marcha toda la
capacitación y la selección de personal.
El colectivo
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también
se manifestó sobre esta primera aprobación de la Reforma y la catalogó como “un
paso indispensable para garantizar el derecho al trabajo digno, conforme al
mandato del art. 1ro de la Constitución, que hace vigentes para nuestro país
las normas de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales”.
En un
comunicado de prensa, coincidieron en
que la libertad de afiliación sindical “y el acceso a justicia laboral expedita
y conforme a estándares internacionales del derecho al trabajo, incluidos en
esta reforma laboral, son un avance por lo que es importante que el Senado
apruebe la reforma”.
Sin embargo.
hicieron un llamado a que no persistieran las
estructuras laborales “que han sido, son y pueden seguir siendo –si no las
cambiamos, fábricas de pobreza”, creados por modelos de negocios que ofrecen
salarios bajos y sin seguridad social, que representan una violación del
derecho al trabajo digno, por lo que tendrían que legislarse en el corto plazo.
Según datos del colectivo, la mitad
de quienes trabajan para un tercero y perciben un salario, carecen de contrato
estable: son 17.5 millones de personas.
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