lunes, 15 de abril de 2019

La Reforma Laboral 2019 acerca la lumbre a una generación de líderes como Romero Deschamps.


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Por Daniela Barragán.

“Adaptarse a los nuevos tiempos”. Bajo ese argumento, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se posicionó a favor de la Reforma Laboral que fue aprobada el jueves pasado en la Cámara de Diputados. El punto más sobresaliente de ese dictamen es referente a la libertad sindical y el fin de los cacicazgos.

René Juárez Cisneros, Diputado del PRI, dijo en un encuentro con medios de comunicación, que esa Ley era “la continuación de la era peñista” y que crearía una nueva cultura laboral en que todos se tenían que acomodar y que el partido estaba a favor de eso.

Al ser cuestionado sobre si el PRI, en esta nueva era laboral, habría una crítica al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, quien ocupa ese puesto desde 1993, dijo: “¿Por qué a Romero Deschamps? ¿Por qué a alguien es específico? Hay un líder que tiene una responsabilidad en el sindicato que va a votar a favor [de la ley] y está de acuerdo con la transparencia y la libertad sindical. Es más, va a subir a fijar su postura. Yo creo que ya muchos liderazgos se dieron cuenta que, o nos acomodamos a una nueva realidad, o nos rezagamos”.

Antes expuso que el PRI votaría por la Reforma en lo general porque generará “mayor transparencia y rendición de cuentas, porque se busca beneficiar a los trabajadores, porque se da la libertad sindical, se logra que un trabajador no sea rehén de ningún sindicato, que pueda decidir si es parte o no, que decida de manera voluntaria”.

Entonces, ¿por qué hablar de Romero Deschamps? De acuerdo con una investigación realizada con SinEmbargo, el STPRM, ha atendido cero de las 277 solicitudes de información que ha recibido de 2003 a marzo de 2019 como sujeto obligado, según las estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La estancia de Romero se ha convertido en el reflejo de un modelo sindical caduco, de acuerdo con trabajadores opositores a ese sindicato.

Ese fue el punto en el que todas las corrientes partidistas presentes en el Congreso coincidieron: se dio un paso hacia la procuración de libertad sindical en México.

De acuerdo con el colectivo Reforma Laboral Para Todos, apenas la Reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los trabajadores podrán llamar a elecciones.

En entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas Ortiz, integrante del colectivo Reforma Laboral Para Todos y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que lo social sería el reto más grande de esta Reforma, porque es en este punto en el que son los trabajadores los que tienen que hablar y tienen que hacer suya la Reforma, que la pongan a funcionar.

“Esa Reforma se va a implementar en un transcurso de no menos de cuatro o cinco años porque implica mucha erogación, establecer un poder judicial laboral no se hace de la noche a la mañana.  ¿Pero a partir de qué momento los trabajadores podrán poner en cuestionamiento a sus direcciones sindicales? Al otro día de que se publique esta reforma en el DOF. Pasa el proceso legislativo, se publica y al otro día los trabajadores tienen la posibilidad de revocar el mandato, de pedir elecciones”, explicó.

Para Bouzas, lo aprobado el pasado jueves pone fin a la era de los Romero Deschamps y de los líderes eternos de las federaciones, “se acabaron los Romero Deschamps y [la ley] liquida esa vieja generación que son un símbolo del sindicato corporativo, pero hay muchos, muchos más en la CROC, en la CTM, en las regiones, en los estados. Se va a desactivar el poder político y económico que representan”.

LA NUEVA LEGISLACIÓN.

De entre los resultados finales del nuevo dictamen está que en materia sindical, los miembros de estos, de federaciones y confederaciones, contarán con los derechos de libre afiliación y de participación y que las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos dos organizaciones sindicales.

También se establece que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, que implica que nadie podrá ser obligado a formar o no parte de estos grupos; que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el derecho al voto personal, libre, directo y secreto de los miembros y el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados.

Y agrega que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones y en caso de comprobar estas conductas para demandar la cancelación del registro sindical.

Sobre este documento, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, dijo que aunque se aprobó se da muy apresurada, sí atiende una necesidad urgente: la libre sindicalización y que los trabajadores puedan tener mecanismos para defender sus derechos labores.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, reconoció que la legislación aportaba una primera solución a la falta de transparencia de los sindicatos en México.

“Es una demanda de muchos años, muy antigua y creo que ahora de alguna manera se logra subsanar eso. El tema de haya democracia interna, de que la votación sea totalmente anónima para que no haya cooptación política es un enorme logro a la transparencia, a la democracia y a limitar los poderes de los partidos políticos, que metemos nuestros bracitos por todos lados que nos dejan, entonces cortar esos bracitos y liberar a la trabajadora o al trabajador a que se afilie si quiere a un sindicato, el liberarlos de no tener que votar a mano alzada para que luego le cobren el favor de otra manera, es muy bueno para México”, agregó.

Para el académico Bouzas Oritz, la nueva reforma liquida a los sindicatos corporativos “que tanto daño han hecho a las relaciones obrero-patronales y a los trabajadores” y se da paso a la libertad y democracia sindical, al voto universal directo y secreto, a la obligación de rendir cuentas de parte de las direcciones sindicales y se pone candado para que termine con la simulación de contratos colectivos, se abre la puerta para tener relaciones abiertas en las que se discuta el proceso productivo y sobre todo la forma como se distribuye la utilidad.

Agregó que se podrían esperar fenómenos como el de Matamoros, “en el que con independencia en la justicia de la demanda, se puso en entredicho a una dirección corporativa que ya se había acostumbrado a firmar a espaldas de los trabajadores con las maquiladoras, entonces los trabajadores desbordaron la subdirección sindical, digamos en la lógica de la política laboral que el gobierno actual sigue, que es una en la que no hay sindicatos consentidos del estado”.

Finalmente mencionó algunos de los retos de la nueva legislación en el corto plazo, como el desactivar las Juntas de Conciliación, crear Juzgados de lo Laboral, Centros de Conciliación y poner en marcha toda la capacitación y la selección de personal.

El colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también se manifestó sobre esta primera aprobación de la Reforma y la catalogó como “un paso indispensable para garantizar el derecho al trabajo digno, conforme al mandato del art. 1ro de la Constitución, que hace vigentes para nuestro país las normas de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

En un comunicado de prensa, coincidieron en que la libertad de afiliación sindical “y el acceso a justicia laboral expedita y conforme a estándares internacionales del derecho al trabajo, incluidos en esta reforma laboral, son un avance por lo que es importante que el Senado apruebe la reforma”.

Sin embargo.  hicieron un llamado a que no persistieran las estructuras laborales “que han sido, son y pueden seguir siendo –si no las cambiamos, fábricas de pobreza”, creados por modelos de negocios que ofrecen salarios bajos y sin seguridad social, que representan una violación del derecho al trabajo digno, por lo que tendrían que legislarse en el corto plazo.

Según datos del colectivo, la mitad de quienes trabajan para un tercero y perciben un salario, carecen de contrato estable: son 17.5 millones de personas.

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