Por Ricardo Ravelo.
En Guatemala todo
estaba muy bien planeado entre Mario Amilcar Estrada Orellana, el candidato
presidencial por el partido Unión del Cambio Nacional, y operadores del cártel
de Sinaloa. La conexión con México iba a cristalizar uno de los proyectos políticos
y criminales más ambiciosos: contar con un narco-presidente dispuesto a todo
para alcanzar el poder en ese país. Pero una investigación de la Drug
Enforcement Administration (DEA) lo frustró todo.
La organización que encabeza Ismael Zambada García, “El Mayo”, había acordado con Estrada
Orellana el financiamiento de la campaña presidencial y a cambio el cártel más
poderoso del planeta podría utilizar las instalaciones estratégicas –puestos,
aeropuertos y aduanas –para exportar cocaína a Estados Unidos.
La DEA comenzó sus
investigaciones en Guatemala –una de las bodegas del narcotráfico más
importantes de Centroamérica –y pudo saber que el candidato presidencial y su
cómplice, Juan Pablo González Mayorga, estaban implicados en el plan criminal y
político muy ambicioso. Por ello, ambos fueron arrestados en Miami, Florida, y
ahora enfrentarán a la justicia estadunidense por sus vínculos con el crimen
organizado.
De acuerdo con el Fiscal del caso, Geoffrey S Berman, Estrada y González se confabularon para solicitar
dinero al cártel de Sinaloa y así financiar un plan que resultara en la
elección de Estrada a la presidencia de Guatemala. A cambio, el candidato
presidencial y su socio prometieron al cártel que le permitirían utilizar
puertos y aeropuertos para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados
Unidos. Eso no es todo: las investigaciones también expusieron que Estrada y
González habían urdido otro plan criminal: asesinar a sus rivales políticos.
Guatemala es una de las
plazas más boyantes del narcotráfico. Es, además, una ruta clave que explotan
varios cárteles, aunque el grupo criminal que por varias décadas ha operado en
ese país es Sinaloa. En 1993, por ejemplo, en ese país centroamericano fue
capturado por primera vez Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. El Gobierno de
entonces lo repatrió a México y así las autoridades nacionales pusieron fin,
por algunos años, a la carrera delictiva de quien fue uno de los capos más
poderosos del mundo.
Durante ocho años estuvo preso Guzmán Loera en el penal del
Altiplano hasta que, en 2001, fue cambiado de prisión. Lo resguardaron en el
penal de Puente Grande, en Guadalajara, de donde se fugó en el año 2000, apenas
un mes después de que Vicente Fox había asumido la presidencia de la República.
De 1997 a la fecha, el
cártel del Golfo también explotó a Guatemala como plaza del crimen organizado.
Fue Osiel Cárdenas, poderoso jefe de ese grupo criminal, quien creó al grupo de
exterminio “Los Zetas” –el brazo armado más temible de entonces, creado con ex
militares desertores del Ejército Mexicano –y en Guatemala comenzaron a
reclutar a los llamados “kaibiles”, miembros del ejército de ese país que se
pasaron a las filas del crimen organizado.
Cuando llegaron los kaibiles a México se puso de moda la
decapitación como práctica de muerte. Desde
Guatemala Cárdenas Guillén también realizaba operaciones de narcotráfico, vía
aérea y terrestre, asociado con Alberto Quintero Meraz, entonces operador del
cártel de Juárez en el puerto de Veracruz.
Tanto “Los Zetas” como
el cártel del Golfo –ahora están separados –trafican la droga desde Guatemala y
cruzan por el estado de Chiapas, un estado estratégico que, curiosamente, no
enfrenta violencia de alto impacto, tal pareciera que ahí opera un verdadero
pacto entre mafiosos y políticos.
Posteriormente, los
cargamentos de droga atraviesan el estado de Tabasco y Veracruz para después
subir hacia Tamaulipas y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Con base en informes de
la DEA y también de las autoridades de Colombia, Guatemala es la tercera bodega
más importante para el crimen organizado. La primera, dicen, es Panamá, también
considerado un paraíso fiscal donde tanto políticos, empresarios y mafiosos
lavan el dinero sucio. La segunda bodega es Costa Rica, la Suiza de América
Latina, y la tercera es Guatemala.
Según expedientes consultados, mucha droga proveniente de Colombia y Venezuela llega a Guatemala. Es
común ver como algunos barcos cargueros abastecen de combustible a decenas de
lanchas rápidas en altamar y después esas mismas lanchas –verdaderas máquinas
voladoras –arriban a Guatemala. Otros datos revelan que en muchos casos esas
mismas lanchas llegan hasta Michoacán a dejar sus mercancías ilegales.
De ahí lo relevante que descubrió la DEA con el candidato
presidencial guatemalteco detenido en Miami. Y es que Juan Pablo González Mayorga ya tenía todo un plan: en plena
campaña política había propuesto desmantelar la estructura legal de su país al
proponer no continuar con la Comisión Internacional contra la impunidad, un
órgano de Naciones Unidas que coadyuva en la investigación de aparatos
clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, así como en
casos de corrupción y crimen organizado.
Los antecedentes de
González Mayorga dan cuenta de que es un abogado y empresario que cobró fama en
Guatemala porque desde hace varios años ha financiado a partidos políticos y
candidatos a puestos de elección popular.
Ahora que ya era
candidato presidencial, Mario Amilcar Estrada Orellana, de acuerdo con las
pesquisas de la DEA, había planeado el asesinato de sus rivales políticos. Para
llevar a cabo su plan, el cártel de Sinaloa había proveído armas –rifles de
alto poder como AK-47 –. Se trataba de un personaje que se iba a entronizar en
el poder para convertir a Guatemala en un verdadero narcoestado.
En México no es nada
nuevo el financiamiento del narco en las campañas políticas. El único político
de altos vuelos encarcelado por ese delito es Mario Villanueva Madrid,
exgobernador de Quintana Roo, quien fue acusado de lavado de dinero y de estar
relacionado con el cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo
Fuentes, El Señor de los cielos. Otros políticos también han sido acusados de
recibir dinero del crimen para sus proyectos políticos, pero no en todos los
casos la justicia ha podido probar tales vínculos.
En el sexenio de Felipe
Calderón, por ejemplo, fueron encarcelados varios alcaldes del estado de
Michoacán, acusados de estar relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, en
poco tiempo tuvieron que ser liberados por falta de pruebas.
En el Gobierno de
Enrique Peña Nieto se desataron varios escándalos por el financiamiento de su
campaña presidencial, supuestamente pagada por el cártel de Sinaloa. En el
juicio contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en Nueva York salieron a
relucir datos y evidencias sobre los personajes que habrían recibido dinero del
narcotráfico tanto para financiar campañas políticas como para comprar
protección.
Se dijo que el cártel
de Sinaloa le pagó la campaña a Peña Nieto; también fue acusado Genaro García
Luna de haber recibido dinero del narco, entre otros casos, pero hasta ahora
ninguna autoridad estadunidense ni mexicana ha integrado las carpetas de
investigación por esos casos. Nadie ha sido molestado para comparecer a
declarar ante la Fiscalía General de la República.
De ser integrados esos
expedientes en México, seguramente buena parte de la clase política mexicana
tendría que ir a la cárcel porque todos los partidos políticos –y los candidatos
–han recibido dinero del crimen para sus proyectos políticos. Eso lo saben las
autoridades, pero por desgracia en este país siempre han existido los llamados
pactos de impunidad. La mafia es protegida desde el poder.
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