Por León
Ramírez y Omar Espejel.
El gobierno
de Baja California, bajo la administración de Francisco “Kiko” Vega, solicitó 4 mil 215.86 millones de pesos en
créditos a corto y largo plazo. No se sabe en qué se usó una parte de los
recursos, y otra fue destinada a fines distintos a los acordados en su
contratación, reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Además, los auditores encontraron “deficiencias” en
la administración de cuatro fideicomisos por 419 millones de pesos y pagos en
demasía a bancos por 14 millones de pesos, por lo que suma un total de 4,649.95
millones de pesos en posibles recuperaciones.
En una
revisión a la Cuenta Pública del 2017 se
encontró que el gobierno de Baja California fue uno de los que tuvo un mayor
monto de recursos sin comprobar ante la ASF.
Animal
Político buscó a Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del estado, por ser la dependencia encargada de la
contratación de los créditos, pero no hubo respuesta.
Sin embargo,
Miguel Ángel López, subsecretario de Planeación
y Finanzas, dijo en entrevista que se entregó a las autoridades una
comprobación por el uso y destino de 4,826 millones de pesos y que los
resultados serán publicados en septiembre.
“Ya se comprobaron, y en las diversas
reuniones que hemos tenido con los auditores en oficinas centrales de la ASF,
nos han comentado que la información entregada por el momento cumple con todas
las expectativas y condiciones y que muy probablemente estas sean solventadas”, comentó.
Los
auditores alertaron que la entidad
enfrenta altos niveles de endeudamiento, restringida capacidad de pago,
liquidez y suficiencia financiera, mientras que las calificacodaras Moodys de
México y Fitch Ratings asignaron las calificaciones con perspectivas
negativas.
Esto, señalaron, dificulta la obtención
de resultados favorables al cierre de la administración –que termina en octubre
próximo– y es necesario que se implementen “medidas financieras eficaces y
extraordinarias”.
LAS IRREGULARIDADES.
-El gobierno del estado solicitó a
los bancos Interacciones y HSBC –sin autorización del Congreso– ocho créditos a
corto plazo por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir insuficiencia de
liquidez. De ese total, no se comprobó el destino de 2 mil 507 millones 835 mil
pesos.
El gobierno presentó información de transferencias,
facturas, cheques y relaciones de pago, pero no los contratos de prestación de
bienes y servicios, las licitaciones o métodos de adjudicación y las pólizas
contables.
Al respecto
de la solicitud de créditos a corto plazo, el
subsecretario de Finanzas aseguró que los recursos se utilizaron para solventar
necesidades de liquidez y que el poder ejecutivo local puede contratarlos sin
la autorización del congreso del Estado.
-Pese a
obtener más recursos de los bancos, el saldo de los créditos –que se pagarían
con esos recursos– solo disminuyó 117.1 millones de pesos para pasar de 2 mil
645.8 millones a 2 mil 528.7 millones de pesos para 2017.
-El actual gobierno panista de la
entidad pidió otros 15 créditos a largo plazo con Interacciones, Banamex y
Scotiabank a largo plazo por un monto de mil 708 millones de pesos. Los
recursos serían utilizados para la inversión pública productiva, como programas
y adquisiciones, equipamiento y obra pública o acciones que beneficien a la
sociedad.
Sin embargo,
la mayoría de estos recursos se dispersaron
en diferentes cuentas y se utilizaron para solventar el gasto corriente,
reporta el documento oficial de la ASF.
“Estos recursos están destinados para
inversión pública productiva, así se les envió en la comprobación del monto
observado”, comentó
en este sentido Miguel Ángel López.
-Los
auditores encontraron además
“deficiencias” en la administración de los cuatro fideicomisos constituidos
para el pago de la deuda publica contratada a través de 23 créditos a largo
plazo vigentes en 2017.
La ASF señaló que hay un probable daño o perjuicio
al erario por 419 millones de pesos. En la revisión de los remanentes devueltos
al gobierno del estado por los fiduciarios NAFIN y Scotiabank, se observó que
éstos no devolvieron 102.9 millones y 316.1 millones de pesos, respectivamente,
en 2017.
Según el
subsecretario de Finanzas, estas
observaciones no proceden debido a que el saldo al 31 de diciembre se integra
por la reserva constituida de acuerdo al contrato y por los montos de los
créditos con vencimiento en los primeros diez días del mes de enero.
-De acuerdo
con la Auditoría, al revisar los pagos
de intereses a bancos en 2017, se observaron pagos en demasía por 14.6 millones
de pesos a las instituciones financieras en 2017, de los créditos a largo
plazo obtenidos con Santander, BBVA Bancomer, Scotiabank y Banamex, pues “no
verificó la determinación de los intereses conforme a lo establecido en los
contratos de financiamiento”.
Aquí, la ASF “no consideró la modificación de la
calificación crediticia, lo que ocasionó incremento en las tasas”, dijo el
funcionario.
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