Por Efrén
Flores.
La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la disolución y liquidación de
ocho Sociedades Financieras Populares (Sofipos) –como Ficrea y Alta Servicios
Financieros– entre 2009 y 2018, por la comisión de irregularidades que van
desde omisiones documentales y requerimientos de Ley, hasta fraudes y riesgos
de lavado de dinero.
Entre las
Sofipos revocadas, además de Ficrea y Alta Servicios Financieros, estuvieron
Batoamigo, Caja Invercrece, Devida Hipotecaria, La Perseverancia del Valle de
Tehuacán, Proyecto Coincidir y Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional.
Las cifras
oficiales indican que cinco de cada ocho revocaciones estuvieron ligadas al
“incumplimiento en los requerimientos de capitalización”. También señalan que
tres de cada ocho casos implicaron “operaciones indebidas” o fuera de las
funciones autorizadas y que, asimismo, cuatro de cada ocho revocaciones se
debieron a la presentación de información documental, fiscal y/o contable
“inadecuada”, “manipulada” o “equívoca”.
En promedio,
dos años antes de ser revocadas, estas ocho instituciones financieras fueron
amonestadas (sin multa) en 17 ocasiones y sancionadas 71 veces (con cerca de 12
millones de pesos en conjunto) por la CNBV.
Entre las
infracciones e irregularidades cometidas destacaron “errores” en la
integración de la información contable, financiera y relevante; “operaciones en
contravención a la normatividad aplicable”; existencia de niveles de liquidez
inferiores al 10 por ciento establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular;
“prevención de lavado de dinero”; y “deficiencias” de control interno, así como
en la identificación de “propietarios reales” y de clientes de las Sofipos.
Sólo entre
enero y marzo de 2019, el sector financiero de las Sofipos fue objeto de 3 mil
524 reclamos que generaron 54 sanciones por un monto de casi 5.5 millones de
pesos, de acuerdo con cifras del Buró de Entidades Financieras.
Estos focos
rojos tienen especial relevancia ya que, además de ser constantes en casos
probados de fraude (Ficrea) y de incumplimiento de Ley (Alta Servicios
Financieros), también son factores que podrían servir para prevenir tramas de
corrupción, e inclusive, fortalecer la integración de investigaciones en curso
por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (como en el caso de
Libertad Servicios Financieros).
LA PRESENCIA
DE LAS SOFIPOS
Hasta 2017, las
Sociedades Financieras Populares tuvieron presencia en 1 mil 629 municipios, o
bien, en el 66.3 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con datos de la
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).
Las
Sofipos son “entidades del sector microfinanzas […] que ofrecen servicios de
ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas rurales y periferias
urbanas”, con el propósito de “fomentar el ahorro popular y expandir el acceso
al financiamiento a personas, negocios o al segmento de bajos recursos y que
normalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional”, refiere la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Hoy en
día existen 39 Sofipos “autorizadas en operación”, además de dos “autorizadas sin
operar”. Las Sofipos en operación, además de representar al 1.3 por ciento de
las 2 mil 998 instituciones del sistema financiero mexicano, tienen activos
totales equiparables al 0.2 por ciento de los activos totales del sistema, o al
0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según cifras del
Banco de México, Condusef y el Buró de Entidades Financieras.
Entre 2009 y
2018, derivado de irregularidades e incumplimientos de Ley, la CNBV revocó la
autorización para operar a ocho Sofipos, entre las que destacan Ficrea y Alta
Servicios Financieros.
En 2014,
Ficrea desapareció por incurrir en “operaciones fraudulentas” que incluyeron el
desvío aproximado de 2 mil 700 millones de pesos de su principal accionista,
Rafael Olvera Amezcua. Y en 2016, Alta Servicios Financieros fue disuelta y
liquidada por “incumplimiento en los requerimientos de capitalización”, con un
déficit 4.8 veces mayor a los requisitos mínimos de ley. Ambas Sofipos
afectaron a cerca de 9 mil clientes e implicaron un riesgo para la recuperación
de activos y pagos de deuda, por un monto conjunto de 7.2 mil millones de
pesos.
A estas
ocho Sofipos revocadas podría unirse la sociedad Libertad Servicios
Financieros, que actualmente se encuentra bajo investigación por presuntas
actividades ilícitas. La llamada “Caja Libertad”, que fuera presidida por Juan
Ramón Collado Mocelo, hoy detenido en el Reclusorio Norte capitalino por
supuestos delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, habría sido usada para realizar operaciones fraudulentas y
lavado de dinero.
CAJA
LIBERTAD
Las cifras
del Buró de Entidades Financieras indican que, durante el primer trimestre de
este año, las Sofipos fueron la quinta institución financiera (de ocho con
registros) con mayor índice de reclamación (nueve quejas) por cada 10 mil
clientes, contratos o socios. En cambio, las instituciones con mayores índices
de reclamos fueron las afianzadoras (910), las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple o Sofomes (96), los bancos (54) y las aseguradoras (49).
Entre
enero y marzo de 2019, las Sofipos también fueron el quinto sector financiero
(de 15 registrados) con mayor número de sanciones (54 en tres meses), sólo
superado por el sector de las Sofomes (738), de los bancos (512), las
aseguradoras (165) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo u Socaps
(103).
Pese al
grado de quejas y sanciones de las Sofipos, estas sociedades son la segunda
institución financiera (de 12 con registros) con el mayor índice de desempeño o
de atención a usuarios en el sector financiero, con una calificación de 8.5 en
una escala de cero (peor desempeño) a 10 (mejor desempeño). Los bancos, en
cambio, tuvieron la mejor calificación (8.8 puntos) durante los primeros tres
meses de 2019.
De 33
Sofipos con información disponible al primer trimestre de este año, las
cinco con más reclamos por cada 10 mil clientes fueron la Financiera Monte de
Piedad (385), Financiera Planfia (351), Akala (15), Capital Activo (14) y
Fincomún Servicios Financieros Comunitarios (13). Y de las 39 Sofipos
existentes, las más sancionadas entre enero y marzo fueron Solución Asea (12),
Consejo de Asistencia al Microemprendedor y Libertad Servicios Financieros
(ocho cada una), además de Financiera Súmate (cinco) y Administradora de Caja
Bienestar (cuatro).
En cambio, de
22 Sofipos con información disponible, las que tuvieron mejor atención a sus
clientes fueron Administradora de Caja Bienestar, Multiplica México, Financiera
Mexicana para el Desarrollo Rural y Crediclub (con 9.9 puntos de 10). En
contraste, Operadora de Recursos Reforma y Financiera Sustentable de México
(4.8 puntos cada una), así como UNAGRA y Financiera Monte de Piedad (cinco cada
una), además de Libertad Servicios Financieros (6.7 puntos) fueron las peor
evaluadas.
En cuanto
al índice de cumplimiento ante la Condusef se refiere, sólo la Financiera Monte
de Piedad (8.3 puntos de 10) tuvo una calificación inferior a la del resto (10
de 10 puntos).
EL ARTE DEL
ENGAÑO.
El fraude
de Rafael Olvera Amezcua en Ficrea y el probable desvío de recursos de Juan
Ramón Collado Mocelo en la llamada “Caja Libertad” comparten una
característica: En ambos casos hubo mano negra del “accionista mayoritario” de
la institución financiera.
En la
actualidad, Libertad Servicios Financieros (o “Caja Libertad”) es parte de
una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable
comisión de fraudes –como el de la venta de un terreno por 24 millones de pesos
que involucra a Banorte y BBVA– y lavado de dinero ligado, entre otros casos,
al desfalco de Oceanografía contra Banamex en 2014, por 5 mil millones de
pesos.
Aún es
pronto para conocer los detalles acerca del modus operandi de esta posible red
de corrupción, aunque las indagaciones de la CNBV en el caso Ficrea elucidan
parte de la trama de una estafa que puede ser, hasta cierto punto, semejante a
la de Collado.
Entre
junio y agosto de 2014, a unos meses de la disolución y liquidación de Ficrea
por delitos de “capitalización engañosa”, “manipulación de las cuentas del
estado de resultado” y “operaciones indebidas con empresas relacionadas” por
más de 2.7 mil millones de pesos, la CNBV detectó cinco irregularidades en torno al
fraude: Existencia de clientes de alto riesgo; falta de clasificación por falta
de riesgo; fallas en el perfil transacciones; falta de detección de
operaciones; y fallas en la identificación del origen de los recursos y
propietarios reales de las cuentas.
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