Por Dulce
Olvera.
De los 5 mil
769 títulos de concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado
para uso industrial y agroindustrial de 1992 a mayo de 2019, el 30.87 por
ciento (1,781) ha sido para las empresas Geo, Ara, ICA, Homex (sector
inmobiliario), Bacocho, Sukarne (granjas), Danone, Nestlé (embotelladoras),
FEMSA, Pepsi, AGA (refresqueras), AB InBev, Heineken (cerveceras), Lala, Nestlé
(lecheras), Cemex, Apasco, Cruz Azul, Moctezuma (cementeras), y Pfizer, Bayer
(farmacéuticas), de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua
(REPDA).
“Las
autoridades de la Conagua, desde la dirección general, subdirecciones,
gerentes, subgerentes y personal subordinado negarán que se estén privatizando
las aguas nacionales del país. Dirán que se están concesionando y que la
rectoría del Gobierno está presente a través de la Ley de Aguas Nacionales
(1992), pero no dicen que esos títulos de concesión son por 10 años, 25 años y
hasta 50 años, y muchos de ellos prorrogados. Los demás, que son la mayoría de
la población del país, se quedan sin el suficiente abastecimiento de agua
potable; se vuelve escasa, se tandea, recorren kilómetros para acarrearla o
está contaminada por las empresas nacionales y extranjeras”, dijo Ángel Martínez de la
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua.
La Conagua reportó
hace unas semanas que el 66.6 por ciento del territorio mexicano está afectado
por algún grado de sequía, principalmente en seis municipios de Oaxaca y
Veracruz al registrar los niveles más altos, ya que entre el 1 de enero y el 15
de septiembre de 2019 hubo un 19.3 por ciento menos de lluvia que lo habitual
durante el mismo periodo. Además, los niveles de las 206 principales presas de
México son 16 por ciento menores que el almacenamiento promedio para estas fechas.
De 1992
al 31 de mayo de 2019, van 554 mil 091 títulos de concesiones a aguas
superficiales y subterráneas para uso agrícola, doméstico, servicios,
industrial, público-urbano, generación de energía eléctrica, comercio,
conservación ecológica y otros, considerando permisos de descarga, permisos en
zonas federales y permisos de extracción de materiales, documenta la Coordinadora de
Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua con datos del REPDA de la
Conagua.
Elena Burns
de Agua para Todos afirmó que esas más de 500 mil concesiones a aguas
superficiales y subterráneas han sido “en violación de vedas, de límites de
disponibilidad, derechos humanos, derechos de núcleos agrarios, derechos de
pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre
la contaminación”.
La
especialista explicó que la Ley de Aguas Nacionales (1992) sirvió para poner
las aguas nacionales “bajo el control de ‘mercados del agua’ como condición
para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN, 1994)”.
“Por lo
tanto, hoy en día, el agua en México es de quien tuvo los contactos más
cercanos con la Conagua y de quien tiene el pozo más profundo y la bomba más
potente”, sentenció
Burns.
Ángel
Martínez, de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público
del Agua, dijo que en los artículos 21 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales la
Conagua no consideran el impacto socioambiental que ocurrirá con las
concesiones otorgadas ni tampoco el de realizar consultas en las poblaciones
afectadas.
“La Ley de Aguas Nacionales es tan elástica
con respecto a la contaminación que es irrisorio”, afirmó Martínez. “Lo que
pagan de derechos es mínimo y pese a la gran producción que sacan no le rinden
cuentas a la Conagua”.
El colectivo
Agua para Todos alertó en una conferencia de la semana pasada que la
plataforma Conagua en Línea “deja vulnerables” a los pueblos porque permite que
cualquier empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas
subterráneas de las cuales dependen, “sin su conocimiento o consentimiento”, de
lo cual responsabilizaron a Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de
administración del agua y a Víctor Alcocer Yamanaka, Subdirector General
Técnico.
INICIATIVAS
PARA LEY DE AGUAS 2020.
La
coordinadora nacional Agua para Todos impulsa una iniciativa ciudadana de
Ley General de Aguas (reformada en 2012) que presentará ante el Congreso con el
150 por ciento de las firmas requeridas.
Plantea
un esquema para lograr el acceso equitativo y sustentable mediante concesiones
a corto plazo (actualmente hasta 50 años o más), fuertemente condicionadas, y
si el concesionado no cumple esa legislación, perdería el acceso al recurso
natural, con el fin de combatir “la mercantilización, el acaparamiento, la
especulación, la sobreexplotación y la contaminación impune de las aguas
nacionales”.
Los
costos por la contaminación del agua en México ascienden a 57 millones de
pesos, lo que equivale a un 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de
acuerdo con el estudio “Tratamiento de aguas residuales” de la Oficina de
Información Científica del Congreso de la Unión.
Por su
parte, CESPEDES del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –con aliados como
Bachoco, Grupo Modelo, Cemex y Femsa mencionados como beneficiados de
concesiones de agua– impulsa otra iniciativa para reformar la Ley General de
Aguas. Esta propone concesiones a largo plazo, número de concesiones ilimitadas
y reemplazar vedas por “reservas” para aumentar la disponibilidad de oferta de
agua.
“Alguien
puede solicitar una concesión, pero como las transferencias no están prohibidas
sino fomentadas por la Ley, después la compra una empresa. Ojalá que
simplemente un particular llegara, le dan su concesión y tuviera acceso al
agua. No es así. Hay una captura política de la mayor parte de las empresas
poderosas que lo mismo tienen inversiones en energía, minería, e
infraestructura urbana (grandes desarrolladoras inmobiliarios)”, afirmó Miguel Ángel Montoya,
consultor legislativo que participó en la redacción de la reforma al artículo 4
constitucional sobre la Ley General de Aguas en 2012.
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