Por Laura
Gómez Flores.
La Ciudad
de México contará con un nuevo modelo de procurar justicia y reducir la
impunidad, que estará a servicio de la víctima del delito y dejará de ser una
herramienta para marcar la verticalidad del poder y asegurar los intereses de
unos cuantos, basado en cinco premisas claves, donde la reducción en el tiempo
de atención será fundamental.
Ana Laura
Magaloni, quien encabeza la Comisión de Transición de la Procuraduría General a
Fiscalía General de Justicia, señaló que con este cambio se busca responder a
la demanda de justicia de tantísimas víctimas de crímenes horrendos.
El primer
paso es contar con un modelo, cuya implementación llevará cuatro años, pero
cuyos cambios se observarán a corto plazo, donde serán cinco los puntos a
atender, a fin de lograr una transformación profunda y “no un mero cambio de
letrero”.
Ante la
procuradora Ernestina Godoy; el presidente del Poder Judicial, Rafael
Guerra, el encargado de la unidad de implementación de la transición, Ulises
Lara, funcionarios del gobierno capitalino y diputados locales, señaló que un
Estado fuerte, es un Estado justo.
Destacó
que un Estado que quiere frenar la crisis de inseguridad y no tiene a la mano
herramientas de procuración de justicia, sólo puede hacer uso de la coacción,
por lo que se apuesta a proveer justicia y explicar cuándo y por qué a de usar
la fuerza o no.
El
corazón de la tasa de impunidad radica en los métodos de trabajo de las
procuradurías, aunque suene increíble, pues existe lo que se denomina “el
ritual de los oficios”, práctica que se centra en evaluar si se cumple o no con
los requisitos burocráticos, explicó.
Así que, el
nuevo modelo considera cinco premisas clave: el primero considera acabar con
ese ritual de los oficios sobre todo en los delitos socialmente más violentos y
crueles, donde se requiere de un cuerpo policíaco de investigación criminal que
trabaje con peritos.
Se trata,
de construir verdaderos rompecabezas delictivos que permitan saber qué pasó y
quién puede ser el responsable, con base en las pruebas recabadas en la escena
del crimen, entrevistas con testigos, registro de llamadas e imágenes de
cámaras.
El
trabajo del fiscal será transformar la información obtenida durante la
investigación policial y pericial en un caso judicialmente sustentable y
ganable, donde el ministerio público es la bisagra que une al mundo de la
investigación policial con el mundo judicial.
La
segunda prevé acabar con la activación lenta, burocrática e ilógica de la
investigación policial en delitos de alto impacto, por lo que se proponen
mecanismos específicos de recepción de denuncias y protocolos de investigación.
En casos
como homicidios, secuestro o violación, por ejemplo, no hay ninguna
justificación para exigirle a la víctima que, encima de padecer un agravio de
esa magnitud, ella o su familia tengan que acudir a una agencia a presentar una
denuncia.
La
institución deberá acercarse a la víctima y actuar con la rapidez y
profesionalismo que exige la gravedad del delito y el éxito de la
investigación, como sucede en cualquier parte del mundo, pues es injustificable
y completamente atípico denuncien en una agencia, dijo.
Además, existirán
equipos especializados y sobre todo responsables directos de cada carpeta de
investigación iniciada por delitos de alto impacto, donde el desempeño del
fiscal responsable será evaluado por la víctima a efecto de incentivos o ascensos.
Se
acabará asimismo con el abuso policial y los métodos de investigación
autoritarios, la siembra de pruebas y las múltiples ilegalidades que
históricamente se han cometido en las procuradurías, donde ministerios y
policías han sido, en muchos casos, cómplices de esto.
En el nuevo
modelo, la investigación será tarea de los agentes y los peritos, y el
fiscal tendrá que convencer al juez y a la víctima de que su teoría del caso es
jurídicamente sólida, que es persuasiva y convincente.
Por ello, tendrá
que supervisar que la investigación esté completa y las pruebas hayan sido
recabadas lícitamente, sin abusos, ni violaciones a derechos humanos del
imputado; y la quinta premisa es acabar con el trato VIP.
De esta
manera, no importará quién eres, a quién conoces o cuánto dinero tienes,
sino el tipo de delito que hayas sufrido, por lo que casos iguales tendrán una
misma respuesta institucional, a fin de combatir seriamente la corrupción
interna.
La
creación de una sola unidad de control interno es fundamental, porque
actualmente existen cuatro, donde su titular, después del fiscal general, será
la persona más poderosa de la institución, puntualizó.
Los
delitos de alto impacto representan el 10 por ciento del total de las carpetas,
el 90 por ciento está relacionado con delitos recurrentes, por lo que se
impulsará un proceso de segmentación, donde se atenderán los diversos tipos de
robo.
Así como
la violencia familiar, que se ubica en segundo sitio, por lo que habrá una
unidad de atención en cada alcaldía y se promoverá un proceso de mediación en
el caso de los robos sin violencia; y reducir de cuatro horas a 15 minutos la
presentación de una denuncia.
Hoy, puntualizó
se enfrentan tres retos: que el proceso político de discusión y aprobación de
la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México recoja este modelo, como
mandata la Constitución.
El
segundo es que se nombre al o el fiscal y el tercero que asumamos los
resultados que exigen una implementación sistemática y gradual, pues este
proceso nos tomará por lo menos dos años de instrumentación y dos más de
consolidación.
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