Por José
Raúl Linares.
A unas horas de que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) anunciara una investigación contra Rosario Robles Berlanga por
la compra-venta de terrenos federales por debajo de su precio real, su defensa,
encabezada por Julio Hernández Barros, presentó pruebas que buscan desacreditar
su prisión preventiva justificada que solicitó la Fiscalía General de la
República (FGR) por el desvío de 5 mil millones de pesos en la llamada Estafa
Maestra.
Mediante
este recurso, la defensa busca desacreditar el proceso a vinculación a
proceso decretado por Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto, y con ello la
prisión preventiva justificada que pesa en su contra por su “omisión” en el
desvío del dinero y, de paso, invalidar la investigación emprendida por la FGR.
Se trata
de un certificado emitido por Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de
México en la que se certifica que Robles Berlanga sólo posee una licencia de
conducir: “cualquier otro documento emitido a nombre de nuestra defendida y
tramitado por terceras personas, carece de validez legal y bien puede
considerarse como falsa o apócrifa”, acusaron.
Esta mañana,
el presiente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la UIF para que presente
la investigación por la venta de terrenos irregulares a la FGR, quien deberá de
integrar nuevos elementos a su expediente. “Los servidores tiene la instrucción
de no guardar, de no archivar, de no meter en los cajones los expedientes”,
señaló en su conferencia de prensa matutina.
Y es que, de
acuerdo al diario Reforma, durante su gestión al frente de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se reportó la venta de
terrenos federales y reservas territoriales por debajo de su precio real.
“Cada vez
que me presentan un expediente de un hecho delictivo le instruyo al servidor
público que se entregue a la fiscalía”, añadió López Obrador.
Horas
después, mediante un comunicado de prensa, la defensa de Robles acusó a la
dependencia, que ahora deberá de integrar nuevos expedientes por la venta de
terrenos, de presentar pruebas “falsas” para justificar la prisión preventiva
por “ejercicio indebido del servicio público”.
Entre
ellas, dos licencias de conducir, una de las cuales sería falsa, y en la que
supuestamente habrían suplantado su fotografía, dirección y firma:
“La
licencia, que llegó de forma anónima a nuestras manos, con datos de la Semovi
de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de nuestra
defendida es la calle de Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón”, acusaron.
“Cuando
en realidad, por cierto, la calle de Tennyson está ubicada en la Polanco, en la
alcaldía de Miguel Hidalgo. Los datos se pueden revisar en las bases de la
Secretaría de Movilidad”, añadió.
El juez de
control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aceptó como prueba ambas
licencias de conducir y con ello acreditó el “riesgo de abstraerse a la
justicia”; dichos documentos fueron presentado Agentes del Ministerio Público
de la Federación (AMPF) que encontraron dos domicilios distintos en la
extitular de la Sedesol.
Lo anterior
quedó asentado en el auto de vinculación a proceso, signado el pasado 12 de
agosto, según la causa penal 314/2019, y que actualmente se encuentra en
proceso de desahogo. Ante ello, Hernández Barros señaló que “alguien más
realizó el trámite de un documento diferente sin el consentimiento de Rosario
Robles”.
“Esta
información puede observarse en el sistema de la Semovi al que esta defensa ha
podido tener acceso gracias a copias certificadas emitidas por la propia
autoridad”, expuso
el abogado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.