Alejandro
Calvillo.
Un anuncio
de nuevas inversiones millonarias en México por parte de Coca Cola, de FEMSA,
de Pepsico, ¿son buenas noticias?, ¿en verdad?
Puede ser
que esas inversiones propaguen más el consumo de alimentos y bebidas no
saludables entre la población, que signifiquen una penetración mayor de la
publicidad de estos productos dirigida a niños, que aumente el poder de estas
corporaciones para interferir y capturar, incluso, las políticas de salud
pública, como sucedió en el pasado.
Si México
se convirtió en el mayor consumidor de alimentos y bebidas ultraprocesados -de
comida chatarra y refrescos- en América Latina se debió, en gran medida, al
poder que tienen estas corporaciones para interferir en la política, desde la
condonación de impuestos, el otorgamiento/regalo para explotar fuentes
importantes de abastecimiento de agua y, principalmente, el poder para diseñar
o interferir las propias políticas de salud pública. Así lo han hecho en el
pasado y pretenden hacerlo ahora con la propuesta del etiquetado frontal de
advertencia.
Llegamos
a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes gracias, en gran
medida, al imperio de la comida chatarra y los refrescos en México. Basta hacer
el recuento de cómo han intervenido en las políticas de salud pública que
podían afectar sus intereses:
– En 2008
combatieron las recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre bebidas para la
población mexicana, que a través de la Jarra del Buen Beber, complementaba el
Plato del Buen Comer. La presión de la industria bloqueó la campaña de difusión
masiva de la Jarra del Buen Beber. Decenas de miles de materiales impresos se
quedaron sin distribuir. La Jarra del Buen Beber recomendaba no tomar bebidas
azucaradas, entre otras medidas. Las recomendaciones para la población mexicana
nunca llegaron a la población mexicana
– En 2010
todas las asociaciones empresariales, incluyendo el Consejo Coordinador
Empresarial, se pronunciaron contra la propuesta de lineamientos de alimentos y
bebidas en escuelas. Los lineamientos se publicaron a consulta y la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria tomó los criterios de la industria y redujo los
lineamientos a una cuestión de solamente reducir la porción de los productos,
de esa manera, lograron que por años se mantuviera la mini-chatarra en las
escuelas y, posteriormente, que los lineamientos nunca se aplicaran.
– En
2014, en contubernio con la Secretaría de Salud y la Cofepris de Peña Nieto,
ConMéxico logró el establecimiento obligatorio de su etiquetado frontal que la
propia industria había introducido en 2010-2011 manteniendo en el engaño y la
ignorancia a los consumidores. Cofepris estableció este etiquetado frontal, a
pesar de las protestas de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) y las organizaciones civiles. La propia
Secretaría de Salud dio la orden al INSP de que sus investigadores no dieran
declaraciones públicas contra el etiquetado.
– En
2014, la industria en contubernio con Secretaría de Salud y Cofepris, acordó el
establecimiento de una regulación de la publicidad de alimentos y bebidas
dirigida a la infancia en televisión en cines, una regulación que es más una
simulación, una regulación raquítica, que se limita a ciertos programas para
niños y a ciertos horarios, excluyendo los programas y horarios que más ven los
niños. La industria no conforme con lo anterior, logró que la Secretaría de
Gobernación modificara el horario de televisión para los programas clasificados
para adolescentes con el fin de poderse proyectar desde las 4 de la tarde y no
ya desde las 8 de la noche. Lo anterior abrió el espectro para que la
publicidad de chatarra y bebidas azucaradas pudiera publicarse desde más
temprano y mantener la exposición a los niños. No importó que con esta medida
se expusiera a los niños a programas con mayores imágenes de sexo, violencia y
lenguaje no adecuado a su edad.
Ante la
evidencia de los logros obtenidos en países latinoamericanos con los
etiquetados de advertencia y la postura conjunta de los organismos de Naciones
Unidas, de la Secretaría de salud y Cofepris, del compromiso de la Secretaría
de Economía, del apoyo de los institutos de salud y de la sociedad civil,
recurre a tratar de confundir ahora con el etiquetado frontal. En la última
semana, invitaron a una ingeniera en alimentos de Argentina, a la que la
industria ha paseado por la región para oponerse a los etiquetados de
advertencia. Lo interesantes es que esta persona, que es ingeniera de
alimentos, venga a hablar en México sobre nutrición y políticas de salud
pública, áreas en las que no tiene ninguna curricula.
ConMéxico pretende
confundir a los legisladores y bloquear la iniciativa que se votará en el pleno
este 1 de octubre al argumentar que el etiquetado frontal de advertencia no da
información integral de un alimento, que no permite comparar, que es engañoso.
Mueve, a través de algunos legisladores, una contra iniciativa que lo que busca
es dejar todo como está actualmente o, en su caso, promover otro etiquetado
favorable a la industria.
El
objetivo del etiquetado frontal de advertencia es que el consumidor pueda
saber, de manera fácil, entendible y rápida, si un producto tiene altas
concentraciones de los llamados nutrimentos críticos (azucares, grasas
saturadas, sal-sodio) y calorías, cuyo alto consumo se vincula al incremento
del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. No pretende dar información integral
de un producto, para eso está la tabla nutrimental y la lista de ingredientes
al reverso de la etiqueta del producto. Se trata de sellos de advertencia.
Argumentar que el etiquetado de advertencia es parcial es tratar de confundir,
tratar de ocultar el sentido del propio etiquetado en un país con emergencias
epidemiológicas por obesidad y diabetes.
Un argumento
recurrente por parte de la industria es que el etiquetado frontal de
advertencia no ha logrado combatir la obesidad. El etiquetado en Chile tiene
apenas 3 años y una sola medida no podrá combatir una epidemia que afecta a la
mayor parte de la población. El etiquetado tiene que venir acompañado de muchas
otras regulaciones, pero es fundamental contar con el derecho a la información
de los consumidores. Las evaluaciones realizadas en Chile dan resultados positivos
que no se han registrado en ningún otro país en la caída del consumo de
alimentos altos en ingredientes críticos.
En tan
sólo tres años el etiquetado de advertencia de Chile logró reducir en 14 por
ciento la compra de cereales azucarados para el desayuno, en 25 por ciento de
la compra de bebidas azucaradas, el 17 por ciento menos en la compra de postres
envasados y una reducción de un 25 por ciento de azúcares en las categorías de
alimentos que evaluó el Ministerio de Salud de Chile en el reporte reciente de
julio de 2019. Esto es lo que no quiere la industria y para ello, utiliza
cualquier argumento y recurre a cualquier estrategia.
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