Por Daniela
Barragán.
Tania de
la Paz Pérez Farca, quien es actualmente Subsecretaria de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función
Pública (SFP), dejó pasar sólo un mes en su cambio de puesto en el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) al despacho Vázquez Nava Consultores, propiedad de quien fue
la Contralora del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari: María Elena Vázquez
Nava.
Durante los
dos años que De la Paz fungió como Abogada Senior, el despacho recibió dos
contratos por 174 millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM); uno de 2 millones 262 mil pesos con la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y otro más con la Comisión Federal de Electricidad, por 14
millones 400 mil pesos.
De acuerdo
con la Ley vigente en ese entonces –la de Responsabilidades Administrativas–, un
servidor público debería abstenerse por el plazo de un año para poder pasar de
un empleo en algún órgano público a uno privado, sobre todo cuando las tareas
están ligadas.
El Artículo
55 y 56 de dicha Ley plantea que “Incurrirá en utilización indebida de
información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que
se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que
pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así
como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de
información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento” y que “se
considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con
motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción
prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor
público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un
año”.
El despacho
de Vázquez Nava se especializa en el área de transparencia, rendición de
cuentas, cierres de administración, evaluación de políticas públicas,
contratación pública, financiamiento público y proyectos de energía e
infraestructura.
Los
contratos firmados con el NAIM, que son los de más alto valor, fueron por
“Servicios Profesionales de Consultoría para el acompañamiento
jurídico-normativo y administrativo en la realización de las actividades para
la planeación y construcción del NAIM”. Ese contrato fue por 90 millones de
pesos y se firmó el 13 de julio de 2018, un mes antes de la salida de Tania de
la Paz del Despacho, y se obtuvo mediante Invitación a Tres Personas.
El otro
contrato fue por el mismo motivo y por la “elaboración del expediente
concentrador integral”. El monto fue por 84 millones 900 mil pesos, también lo
obtuvieron por licitación restringida y se firmó el 1 de abril de 2016.
En su
declaración patrimonial, De la Paz capturó las fechas en las que inició cada
uno de los trabajos que ha tenido: en 2010 entra a trabajar por primera vez al
INAI, en la Oficina del Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, como proyectista;
luego en 2012 fue Visitante profesional en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y regresó al INAI ese mismo año, en octubre, ahora en
la Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información.
Aquí la
declaración de la funcionaria:
Missing PDF "https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2019/09/Declaraci%C3%B3n-de-Tania-de-la-Paz.pdf".
En ese
puesto estuvo hasta febrero de 2015 y luego pasó a la Dirección General de
Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada. En ese
puesto, según lo declarado por Tania de la Paz, estuvo hasta febrero de 2016 y
para marzo, era ya Abogada Senior de Vázquez Nava y Consultores.
Irma
Eréndira Sandoval la presentó desde los primeros días como su mano derecha y
las labores que tiene en la Subsecretaría que se le asignó no son menores:
tiene la tarea de emitir criterios de interpretación y de proporcionar asesoría
en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas, contrataciones y
designación de testigos sociales y coordina la participación de la SFP en las
contrataciones públicas que se lleven a cabo con personas, organismos e
instituciones nacionales e internacionales.
Además, esta
Subsecretaría está al mando de la Dirección General de Denuncias e
Investigaciones, la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial y la Dirección General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Públicas.
Según información
del portal web del despacho, en los más de dos años que De la Paz estuvo
ahí, colaboró en “proyectos relativos a cierre de administración a nivel
federal, estatal y municipal, así como en la emisión de diagnósticos de toma de
decisiones de titulares de Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal; elaboración de libros blancos y elaboración de diagnósticos
referentes a expedientes de contratación en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las
mismas, de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
El
periodo entre un empleo como funcionario público al sector privado fue un tema
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó arduamente mientras la
ley se discutía en el Congreso que terminó por aceptar que el periodo de
distancia no fuera de un año, sino de diez o cinco.
La
premisa de estos actos es que los servidores públicos tuvieron acceso a
información reservada o confidencial pueden utilizarla para otros fines; con la
prohibición se podrían evitar actos de corrupción.
Sobre
“puerta giratoria”, Transparencia Internacional ha señalado que es necesario
“instaurar controles para impedir que los funcionarios públicos encargados de
la toma de decisiones favorezcan a la industria en detrimento del interés
público debido a su pasado empleo o potencial empleo futuro en la industria.
Los controles también deben asegurar que no se divulgue información
privilegiada”.
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