Salvador
Camarena.
En apenas
cinco días, Alfonso Durazo, todavía secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, pasó de tratar de convencer a México de que el país ha llegado, en
materia de violencia, a un “punto de inflexión” que vislumbra un mejor futuro,
a ser el artífice de un fiasco monumental en Culiacán, que costará al gobierno
reputación internacional y doméstica.
El lunes
pasado, el gabinete de seguridad se presentó en la mañanera para dar un informe
de los avances en esa materia. Durazo habló ese día largo de la tarea que le
encargó el presidente López Obrador.
De su
discurso, la prensa destacó que si bien algunos índices delictivos parecen
haber tomado otra inercia, menos pronunciada de la que se padeció en los meses
iniciales de la administración, el cambio estadístico es tan raquítico que no
es tiempo de echar campanas al vuelo, y de ahí que trascendiera a encabezados
periodísticos una frase usada ese día por el sonorense: “nada qué festejar”
(también dijo “nada qué presumir”).
En su
presentación, el todavía secretario Durazo recordó que en noviembre pasado
habían presentado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En su corte de
caja del lunes pasado, el todavía funcionario subrayó varias cosas que no
muchas horas después la realidad pondría en duda.
Hace una
semana Durazo destacó que:
-(han
iniciado) Homologación progresiva de salarios, capacitación y equipamiento
policial, de tal manera que los cuerpos estatales y municipales de seguridad
puedan actuar a la par y con el nivel de profesionalismo que tiene la Guardia
Nacional.
-Los cuerpos
de seguridad actúan en el marco de un respeto irrestricto a los derechos
humanos. No hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación
por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad.
-Nos
proponemos la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el
autogobierno, desde ellas se administra el 50 por ciento del crimen organizado
en el país.
-Uso de la
inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado; es
decir, no en el ámbito operativo, aunque también se incluye, pero no de manera
prioritaria.
-La Marina
tiene una aceptación del 86.5 por ciento; el Ejército, del 83.2 por ciento, y
la Guardia Nacional, a cuatro meses de su constitución, tiene una aceptación de
70.9 por ciento. Pudiera decir que no hay institución en el país pública,
social o privada que tenga estos índices de aceptación.
Antes de que
terminara la semana, graves sucesos desmontaron el optimismo oficial. Vimos una
matanza de policías mal equipados en Michoacán; una masacre de civiles en
Guerrero, donde surgen dudas razonables sobre posible abuso de los militares;
una cárcel que se sumó a la rebelión en Culiacán, donde quedó evidenciado que
en el operativo para detener a un hijo del Chapo Guzmán hubo de todo, menos un
ápice de inteligencia.
Encima,
Durazo mintió a la ciudadanía en su primer comunicado respecto a la crisis de
Culiacán, y en el caos de ese jueves, quienes hayan diseñado y aprobado tan
deficiente operativo, que causó muertes, heridos y pánico, se llevaron entre
las patas el prestigio del Ejército y la Guardia Nacional, esas aprobaciones
que presumían apenas el lunes en Palacio Nacional.
A la luz de
todo lo acontecido en la semana, podemos en efecto citar a Durazo y decir con
puntualidad: en seguridad, de lo mostrado por este gobierno, “nada qué
festejar”.
Hoy sólo
depende del presidente López Obrador permitir que su todavía colaborador lo
vuelva a llevar a una grave situación como la del jueves. En algunas materias,
una oportunidad fallida es demasiado.
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