Raymundo
Riva Palacio.
La prensa
política amaneció el lunes con críticas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de
sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados
en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la
violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción
de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se
definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para
provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.
Es decir,
mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien
edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque
aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado.
Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco
actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá
en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más
posibilidades tendrá de quedar impune.
La racional
de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un gobierno– para
evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el bumerán
de mayor violencia y las críticas de ser un gobierno represor, como solían
calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las
acciones de fuerza del gobierno para impulsar una agenda política y generar
apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser
autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente,
que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser
gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de
desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.
Los
anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009,
cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros
automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que
circuló por internet se identificaron como miembros de la 'Brigada de Acción
Simón Radowiski' –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que
murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos
ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.
Un informe
del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas
en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte,
Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro
Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución
Inmediata 'Praxedis G. Guerrero', Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo
Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista,
Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios,
OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.
Entre 2010 y
2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones
violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca
y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una
sucursal bancaria, en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva
avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue
reivindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata 'Práxedis G.
Guerrero', que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción
de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte,
donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de
Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el
Procup– y del EPR.
En ese
comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos, detenidos en diciembre
de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y
por robo durante los disturbios callejeros en la capital, durante la marcha del
2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal
lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de
organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el
colectivo 'Auditorio Che Guevara', un “espacio autónomo de trabajo autogestivo”
que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que
hasta 1968 se conoció como el Auditorio Justo Sierra.
Ese
colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller 'Ricardo
Flores Magón', el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente
López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron
aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación
Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece
a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al
Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación evidente con
las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes
insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización
guerrillera las Milicias Insurgentes 'Ricardo Flores Magón', que nacieron en
1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y
Chimalhuacán.
Los grupos
anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López
Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El
artilugio retórico está en sus contradicciones, pues algunos de esos grupos
tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos
asesoran informalmente a miembros del equipo del presidente. Como movimiento,
no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la
misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un
dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la
incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad
externa o la gobernabilidad interna.
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