Enrique
Galván Ochoa.
¿Es
broma? Alberto Bazbaz fue el procurador de Justicia del estado de México en el
sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2008 a 2010. Estuvo a cargo de la
investigación de la niña Paulette que fue encontrada muerta en su cama, pero
Bazbaz no la vio. Luego fue designado titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera y creció el lavado de dinero. Terminó el sexenio como director del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y no se dio cuenta de que
las tendencias favorecían a Andrés Manuel López Obrador. Sus investigaciones
daban como favorito al candidato que quedó en tercer lugar, José Antonio Meade.
Entre sus antecedentes figura haber sido asesor del ex ministro Eduardo Medina
Mora. Ahora resulta que, de acuerdo con una denuncia anónima, Bazbaz encabeza
una red de espionaje, junto con Alfredo Castillo Cervantes, otro ex funcionario
del peñanietismo. Fue el mariscal encargado de pacificar Michoacán y agitó el
avispero. Como agentes 007 no la hacen, pero lo que pudiera ser es que estén
vendiendo la información confidencial a la que tuvieron acceso. Y eso amerita
una investigación.
Van por
otros dos.
Aunque
los grandes casos atraen los reflectores (Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan
Collado, Alonso Ancira y más recientemente Carlos Romero Deschamps), no hay que
perder de vista la campaña anticorrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum. La
procuraduría capitalina investiga a los ex secretarios de Finanzas Édgar Amador
y Julieta González, así como al ex comisionado para la reconstrucción Ricardo
Becerra, por el desvío de 39 millones de pesos que debieron destinar a los
afectados por el #S19 de 2017. Este desfalco se cometió en perjuicio del
fideicomiso 7579-2 constituido con recursos públicos, privados e
internacionales, y esta relacionado con el inmueble de Aluminio 166, en
Venustiano Carranza, pero ni se entregó ni ejecutó el proyecto. Se necesita
tener pocos escrúpulos (madre, también se dice coloquialmente) para medrar con
los recursos destinados a los damnificados. Ambos ex funcionarios se suman a Édgar
Tungüí, ex comisionado para la reconstrucción, y al ex secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez, quienes laboraron en el gobierno
de Miguel Ángel Mancera y se les acusa de corrupción. Ya los busca la policía.
Derechos de
agua.
El
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, advierte que
aumentar los derechos sobre el consumo de agua sería una tormenta perfecta para
acabar con el sector agroalimentario. La iniciativa fue presentada por el
diputado de Morena Carlos Lamarque. Se redactó al vapor, sin tomar en cuenta a
campesinos mediante consultas y sin valorar el impacto negativo que podría
tener en este sector productivo del país. Nuestro Presidente nos prometió que
no habría aumento a los impuestos existentes ni nuevos impuestos, y esto lo
contradice, dijo el titular del CNA, y recordó que el pasado 8 de febrero
firmaron ante López Obrador el plan de autosuficiencia alimentaria, por lo que
consideró que esta iniciativa va en contra de dicho plan. Actualmente la Ley
Federal de Derechos exenta a los agricultores del pago de derechos de agua. La
justificación para la reforma a esta ley y la implementación del cobro,
propuesta por Lamarque, es que el sector agroalimentario contribuye en una
proporción ínfima al mantenimiento de la infraestructura de riego.
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