Raymundo
Riva Palacio.
Se agradece
que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,
reconozca que no hay nada de qué presumir en el combate a la delincuencia. Qué
bueno que se desterraron los discursos triunfalistas del periodo de la
transición y entramos al terreno de la realidad. Frenar la violencia y revertir
la tendencia no iba a ser nada fácil, después de seis años de una estrategia de
seguridad fallida, equivocada, y pensada más en la construcción de una candidatura
presidencial –la del senador Miguel Ángel Osorio Chong–, que en la protección
de los mexicanos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claudicó en su
función prima, por incompetente, ignorante y ambicioso, y la misma ruta parecía
que seguiría el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este primer
corte de caja, vemos con agrado, que no es así. Pero no todo es bueno.
Durazo dio a
conocer un informe de 95 páginas lleno de datos y cuadros estadísticos, cuyo
trabajo de arqueología permite sacar unas primeras conclusiones. A nivel
nacional, como dijo el secretario, se logró una contención en homicidios.
Durazo dijo que el máximo histórico se alcanzó en julio del año pasado, con
tres mil 74 homicidios dolosos, y que en los primeros meses del año se
estabilizó en 0.4. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas el 20 de septiembre –en
seis días vendrá la actualización mensual-, durante agosto de este año hubo
tres mil 54 asesinatos, lo que explica su “estabilización”. Sin embargo, el
total de personas asesinadas durante los primeros ocho meses de 2019 fue de 23
mil, lo que significa un incremento de 35 por ciento respecto a 2018, cuando se
registraron 22 mil 891 muertes en el mismo periodo.
Estos datos
también tienen que ser analizados con otra gráfica que fue dada a conocer por
el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien afirmó que
el índice de letalidad se redujo en 88 por ciento este año, al registrar 123
muertes de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado que se
enfrentaron con las fuerzas de seguridad federales, contra 230 muertes de
agresores en el mismo periodo de ocho meses de este año. Estos datos tienen una
explicación: el gobierno de López Obrador no está combatiendo a los criminales.
Las muertes se registran cuando son agredidos y responden el fuego, o cuando
actúan en flagrancia, no por operativos especialmente diseñados para enfrentar
a la delincuencia organizada.
A nivel
local, el informe muestra un dato espectacular, por lo negativo del mismo. Una
gráfica ilustrativa (página 14) menciona el número de efectivos de la policía
por entidad, que incluye una columna sobre el déficit y el superávit de las
policiales en el país. Por cuanto al déficit, las cinco entidades que presentan
el mayor rezago de policías por habitante son Tamaulipas (-76.79 por ciento),
Veracruz (-64.75 por ciento), Coahuila (-59.86 por ciento), Estado de México
(-59.79 por ciento) y Zacatecas (-58.95 por ciento). Con respecto al superávit
sólo aparecen cuatro: Yucatán (4.46 por ciento), Colima (14.12 por ciento),
Tabasco (14.46 por ciento) y Ciudad de México (191.52 por ciento). Si usted
piensa que leyó mal el porcentaje de policías por habitante en la capital
federal, no lo hizo.
La Ciudad de
México tiene un superávit de tres dígitos. El número de policías por cada 100
mil habitantes supera en 70 por ciento el estándar internacional y, sin
embargo, la seguridad es un desastre. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la consultora GLAC, entre enero y
agosto la Ciudad de México se colocó como la cuarta entidad de mayor incidencia
delictiva, con mil 874 incidentes por cada 100 mil habitantes, superada sólo
por Colima (dos mil 375), Querétaro (mil 955) y Aguascalientes (mil 917). Por
cuanto a homicidio doloso, Colima se mantiene en el primer lugar, con 56
asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, y la Ciudad de México en el
lugar 19 con 11.4 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, casi igual
que Veracruz (11.6 por cada 100 mil habitantes), que se encuentra en el
imaginario colectivo como uno de los estados más peligrosos del país.
Durazo fue
cuidadoso y en ningún momento mencionó a la Ciudad de México, cuya jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la funcionaria más protegida por el presidente
López Obrador. El secretario habló de la percepción de inseguridad que se vive
en el país, sobre la base de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública del Inegi, dada a conocer en septiembre, donde el 78.9
por ciento de los mexicanos dice vivir con inseguridad. Cuando se analiza la
encuesta por estados, 14 entidades superan la media nacional, donde la Ciudad
de México figura en el segundo lugar de mayor sentir de inseguridad, con 89.23
por ciento, 10 por ciento más que la media nacional, y sólo superada por
Tabasco, con 90.24 por ciento.
El mensaje
de Durazo se alejó positivamente de su discurso triunfalista durante el periodo
de transición, derivado –por confesión de parte– de que el estado desastroso
que dejó Peña Nieto en cuanto al tema de la seguridad, fue corroborado en los
hechos por este gobierno una vez que entró en funciones. Usar la estadística
para manipular a la opinión pública como lo hizo el secretario, no es algo
inusual. Todos los gobiernos lo hacen, aunque el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto hizo algo distinto: ocultar la cifra de la inseguridad y la
violencia hasta que la realidad lo atropelló. Durazo expresó la preocupación
del gobierno y lo mucho que les falta por hacer para mejorar la seguridad, el
tema que más preocupa a los mexicanos. Tienen que revertir la tendencia, porque
los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador, fueron los más
violentos en los tres últimos gobiernos.
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