Por qué no corren al inepto.

Raymundo Riva Palacio.

Poca atención se le dio en la prensa al enroque dentro del gabinete, donde Diana Álvarez Maury, fue transferida de la subsecretaría de Gobernación, a la dirección del Banco de Bienestar. Su titular, Rabindranath Salazar, fue movido al área que se encarga del desarrollo democrático, la participación y los asuntos religiosos en Bucareli. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el cambio, que dijo extrañamente, era “obviamente republicano”, sin explicar las razones. Entre menos palabras, mejor guardado el secreto. El Banco del Bienestar está en el corazón de la estrategia electoral, y Salazar se había convertido en un problema.

Salazar, militante de Morena desde hace casi seis años, fue compensado con la titularidad del Banco del Bienestar por haber renunciado a la candidatura por la gubernatura de Morelos y permitir que Cuauhtémoc Blanco se quedara con ella, como parte de un acuerdo electoral en 2018 entre López Obrador y el Partido Encuentro Social. Su llegada a esa institución fue altamente criticada porque finanzas y administración se encuentran entre las muchas cosas de las que no sabe nada. Pero por su experiencia política y haber estado en varias campañas electorales, llenaba el perfil buscado por López Obrador.

El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno de López Obrador, y trabajaba directamente con Palacio Nacional.

Junto al despacho presidencial se encuentra la oficina de Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo. García Hernández trabaja estrechamente con Carlos Emiliano Calderón, responsable de las encuestas en la Presidencia y coordinador de Estrategia Digital Nacional. Calderón se formó con el respetado José Barberán, que fue encuestador de López Obrador desde 1995, hasta que murió en 2002. Raymundo Artiz Espriú, director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, es quien completa la triada en la estrategia electoral.

García Hernández revisa sistemáticamente el mapa electoral con López Obrador, para identificar municipios y comunidades y dispersar estratégicamente los recursos de los programas sociales.

Calderón provee los insumos demoscópicos para conocer en dónde hay que reforzar con cuáles programas sociales o en qué municipios es suficiente con un mantenimiento político, mientras que Artiz Espriú, que ocupaba el cargo de coordinador digital hasta finales del año pasado, se ocupa de proveer la tecnología de la CFE para que opere la red del bienestar sin problemas. Estos dos, que son invisibles ante la opinión pública, son vitales para el funcionamiento de la estrategia electoral para 2021 y 2024.

Los parámetros que se utilizan no son la pobreza de las zonas o sus habitantes, sino los réditos políticos de los electores. La dispersión de los recursos se hace principalmente a través del Banco del Bienestar. Personas que lo conocen, aseguran que Salazar acataba de manera servil las instrucciones de García Hernández, quien desde Palacio Nacional le decía a quién contratar para la construcción de las sucursales, o a cuáles proveedores tenía que comprar los cajeros y el equipo y los programas digitales bancarios.

Aunque obedecía sin preguntar, Salazar se fue convirtiendo en un problema, derivado por la relación muy personal con Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena que fue denunciada por presuntos actos de corrupción, que lo distraía. Una persona que lo conoce bien dice que en el Banco del Bienestar pensaban que sus ausencias en la institución se debían a que estaba haciendo trabajo político en Morelos, mientras que en el estado creían que la razón por la cual no iba era por el trabajo en el Banco. La caída del poder de Polevnsky no le ayudó, pese a que acataba todo lo que le pedía García Hernández y el también muy poderoso Calderón. Sin embargo, la desidia mostrada por Salazar estaba entorpeciendo los planes.

Su salida del Banco del Bienestar puede interpretarse como un movimiento urgente –así pareció que se dio el enroque, a decir por la vestimenta totalmente casual de Álvarez Maury en la ceremonia del cambio–, para el proyecto electoral de López Obrador, que inició informalmente la campaña 2021 este mes al definir a sus adversarios y plantear la contienda en términos excluyentes.

Salazar, pese a los antecedentes en el Banco, donde no cumplió con los objetivos y las metas que se le habían establecido desde el primer día de la administración, cayó para arriba porque era mejor tenerlo dentro y controlarlo, que fuera y suelto. “No podían mandarlo a la calle porque conoce todo el proyecto electoral”, confió una persona que está enterada de la estrategia desarrollada por García Hernández y Calderón. “Se sabe todos los secretitos del proyecto del 21”.

Su relevo, Álvarez Maury, que no tiene una carrera pública notable, por lo cual fue criticada cuando llegó a la subsecretaría de Gobernación para hacerse cargo de asuntos con los cuales no estaba familiarizada, tampoco llena los requisitos que establece la Ley de Instituciones de Crédito –como sus tres antecesores- para ocupar el cargo dentro de la banca de desarrollo, pero se ha distinguido en lo que va del sexenio por mantener un bajo perfil y no meterse en problemas. Para López Obrador, asimismo, es una persona confiable al ser protegida del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

La vieja relación de Álvarez Maury con Gertz Manero es funcional para las operaciones políticas que se hacen a través del Banco del Bienestar. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que encabeza un incondicional de López Obrador, José Agustín Pinchetti, también depende de él. El diseño de García Hernández, Calderón y Artiz Espriú está blindado por todos lados con el enroque. Salazar se queda adentro del gobierno y no se le maltrató públicamente. Será muy difícil que hable lo que sabe. De cualquier forma, no tenían de otra los estrategas, porque ya no había tiempo para hacer cambios en la parte instrumental más importante del proyecto electoral del Presidente, que es el Banco.