Por Armando
Guzmán.
Legisladores locales exigieron al
gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario general de Gobierno,
Arnoldo Ochoa González, que si no pueden con la responsabilidad de garantizar
la seguridad a la población, presenten su renuncia o soliciten licencia al
cargo.
Lo
anterior, durante la comparecencia virtual de ambos funcionarios ante el Poder Legislativo para
explicar las circunstancias que motivaron el envío de 10 policías estatales,
sin uniformes ni vehículos oficiales, a escoltar a empresarios que visitarían
el estado de Jalisco, cuyo desenlace fue la privación de la libertad y
asesinato de siete elementos; tres lograron regresar con vida.
Aunque también
estaba convocado el secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel
Sánchez, no acudió a la reunión porque momentos antes presentó su renuncia al
puesto.
Sobre el
contenido de la comparecencia, que se desarrolló de manera privada, sólo se
conocieron las versiones incluidas en los respectivos comunicados que emitieron
tanto el Congreso como el gobierno estatal.
Según el
comunicado del Congreso local, entre las diputadas y diputados que pidieron
la separación del cargo del mandatario y del secretario de Gobierno se
encuentran Arturo García Arias; Claudia Aguirre Luna; el coordinador de la
fracción de Morena, Vladimir Parra Barragán, y la presidenta del Congreso,
Araceli García Muro.
En varias de
sus intervenciones el gobernador prácticamente se lavó las manos al afirmar
que la decisión de enviar a los policías a escoltar a los empresarios fue
tomada por el propio secretario de Seguridad Pública, sin consultarle, motivo
por el cual le perdió la confianza y decidió aceptarle la renuncia.
En ninguno
de los dos comunicados se señala que el mandatario se pronunciara sobre la
petición de licencia, pero sí se mencionó que el secretario de Gobierno,
Arnoldo Ochoa, lamentó que los legisladores “optaron en la comparecencia por
aspectos políticos que en nada contribuyen a solucionar el tema de la inseguridad.”
E instó: “No
politicemos la seguridad, mejor trabajemos en conjunto Congreso del estado,
municipios, gobierno federal y gobierno del estado”.
Antes de
iniciar la comparecencia, el gobernador informó que participarían sólo él y
el secretario de Gobierno, porque el coronel Enrique Sanmiguel Sánchez presentó
por la mañana su renuncia irrevocable como secretario de Seguridad Pública, en
solidaridad con las familias de los policías asesinados y para ponerse a
disposición de las investigaciones, pero envió un texto sobre los hechos para
ser leído por Arnoldo Ochoa ante los legisladores.
La
diputada morenista Blanca Livier Rodríguez Osorio, presidenta de la Comisión de
Justicia, Gobernación y Poderes, lamentó la desaparición de 10 policías
estatales, de los cuales siete fueron lamentablemente asesinados y
desmembrados, por lo que estimó que la ausencia del secretario de Seguridad
Pública causa aún más indignación.
A su vez, Martha
Meza Oregón, titular de la Comisión de Seguridad Pública, solicitó al
gobernador que independientemente del seguro de vida que tengan los policías,
el gobierno proporcione una pensión de por vida a sus familiares y no queden
desamparados.
Tras
expresar su confianza en que la Fiscalía General del estado e instituciones
investigadoras esclarecerán los hechos, Peralta indicó que se dará todo el
apoyo a los familiares de los policías y añadió que no le corresponde explicar
qué fue lo que pasó, porque las investigaciones están en curso.
Refirió
que se enteró del asunto por una llamada del ahora exsecretario de Seguridad,
cuando los elementos ya habían desaparecido en el cumplimiento de una comisión
que se les ordenó en el estado de Jalisco, derivada de un oficio de petición
enviado por los empresarios.
Ante la
pregunta de un legislador, Peralta precisó que el documento mediante el que
fue solicitado el apoyo policiaco está fechado el 26 de mayo, firmado por
Ricardo Martínez Alfaro, del Grupo Acerero del Norte, quien indicó que
asistirían directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México y del Grupo
Acerero del Norte a visitas de campo.
“Se
establece con mucha claridad que las visitas son de origen técnico y son
continuación a negociación con empresas de minería en el occidente de México,
apoyándose en el puerto de Manzanillo, en beneficio de mineral y embarque, lo
cual implica inversiones importantes en el estado de Colima y la consecuente
generación de empleos para muchos colimenses”, refirió el gobernador, según el
comunicado del Congreso.
Aunque el
oficio iba dirigido a él mismo, Ignacio Peralta aseveró que fue enviado por su secretario
particular al titular de la SSP para valorar si se apoyaba a los empresarios,
quien lo valoró y tomó la decisión de apoyarlos, sin ser informado el
gobernador, hasta que se reportó la desaparición de los policías y
particulares.
En el
boletín del gobierno estatal consta que el jefe del Ejecutivo reconoció que
“si bien en una primera ocasión hubo una petición de apoyo por parte de los
empresarios, de la que el gobernador sí estuvo enterado, pidió al secretario de
Seguridad Pública la atendiera para que conforme a la normatividad vigente
tomara una definición; sin embargo, en las demás peticiones el entonces titular
de Seguridad Pública ya no le enteró”.
La diputada
Araceli García consideró muy lamentable la renuncia de Enrique Sanmiguel,
pues “más que un acto de solidaridad, es un acto de cobardía”, en tanto que la
legisladora Livier Rodríguez expresó que “estamos en un estado fallido en
Colima, ya no sólo desaparecen ciudadanas y ciudadanos, profesores, ciclistas,
jóvenes, etcétera, ahora también desaparecen la diputada y policías. ¿Qué nos
espera a los ciudadanos?”.
La diputada
Claudia Aguirre preguntó por qué se envió a los policías estatales en
vehículos no identificados con las insignias del gobierno estatal, a lo que el
gobernador respondió que esa fue una decisión que se tomó en la SSP, y el
fundamento es responsabilidad de quien tomó la determinación.
En su
oportunidad, Araceli García recordó que el exsecretario de Seguridad Pública
ha estado implicado antes en casos en los que ya se había exigido su renuncia,
como cuando agentes de la corporación hirieron a un adolescente a quien dejaron
imposibilitado para caminar, entre otros, por lo que consideró que es
responsabilidad del propio gobernador no haber actuado en su momento.
Peralta
Sánchez señaló que se aplicará toda la fuerza de la ley del estado para
esclarecer esos casos e indicó que el hecho de haber aceptado su renuncia no
afecta para que se siga la investigación y, en caso de que Sanmiguel sea
responsable, se actué.
“Él está
a disposición de la autoridad y así lo establece en su renuncia, para que se le
investigue como un ciudadano común y corriente”, apuntó.
El diputado
Vladimir Parra subrayó que al ser el cuarto secretario de Seguridad Pública
que renuncia en esta administración, no es un tema sólo de los secretarios,
sino de los responsables de la política de seguridad, quienes son el propio
gobernador y el secretario general de Gobierno, y estimó que es momento de que
haya acciones contundentes de fondo en el estado para recuperar la paz.
“No es
posible que no haya patrullas y seguridad para la gente y haya elementos
cuidando a exgobernadores; queremos saber cuántos servicios privados se dan, a
quienes y a cuáles empresas, cuánto se recauda de ello y por qué se privilegia
a los privados antes que a la gente”, soltó.
El
secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, dio lectura al escrito
enviado por el exsecretario de Seguridad Pública, quien coincidió en la versión
del gobernador y aceptó que fue él quien consideró viable brindar a los
empresarios seguridad perimetral, pero expuso de manera expresa que los siete
policías “cobardemente fueron ejecutados” por la delincuencia organizada.
El
diputado panista Fernando Antero consideró importante que más allá de los lamentables
hechos, la investigación no sólo sea para los responsables sino también para
funcionarios inmersos en una posible responsabilidad.
Ignacio
Peralta reconoció que la situación es muy grave, no sólo por lo que pasó con
los policías; todos los días en toda la geografía nacional hay tragedias para
todos los mexicanos y este tema debe atenderse con la mayor seriedad, concluyó.
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