A unos días de la pregunta “¿Ustedes qué hubieran hecho?”
lanzada por Enrique Peña Nieto en torno al aumento al precio de las gasolinas,
organizaciones civiles, empresarios, activistas y ciudadanos en general,
recetaron al gobierno federal una serie de medidas para enfrentar la crisis que
atribuyen a “años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las
altas esferas de poder”.
Mediante un desplegado dirigido al primer mandatario, al
secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el de Economía, Idelfonso Guajardo;
de Función Pública, Arely Gómez, y al procurador General de la República, Raúl
Cervantes, señalan que la incertidumbre
y el reciente descontento social han enmarcado en inicio del año, y que la
situación “está llegando a un punto insostenible” derivado de malas acciones de
gobierno.
Argumentan:
“Las políticas
económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la
población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de
las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a
través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos
estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores
recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores,
siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines
privados”.
Por si fuera poco,
añaden, la liberación de los precios de la gasolina no vino acompañadas de un
plan de austeridad en la burocracia o de un programa de contención ante las
acciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
“la inacción del gobierno federal resulta abrumadora”, sentencian.
A todo ello se suman
los abusos y la corrupción que aquejan al país y que se gentas en las altas
esferas del poder y no son castigados, al contrario –dicen—las autoridades
encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices y no dan seguimiento
oportuno o le dan largas a los casos de exgobernadores en investigación.
Ante ese panorama le piden a los secretarios a los que va
dirigido el desplegado implementar una serie de acciones.
Al secretario de
Hacienda, le piden implementar un apolítica “severa” de contención a los
privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria
pública del ejecutivo federal para que los poderes legislativo y judicial, los
órganos autónomos, los estados y municipios, se adhieran a esa medida.
También le piden
ampliar el acceso a la información, en particular la referente al gasto público
y en especial al que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación
de deuda, mediante adquisición de bienes, servicios y obra pública.
Y reasignar las
prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias
como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública.
A la Secretaría de Economía, le piden proponer un plan de
contención anta la posibilidad de que se vayan más inversiones del país o se
deje de invertir en México.
A la función Pública
le exigen “asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o
cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las
políticas para evitar todo tipo de conflicto de interese”.
Finalmente, a la PGR
le piden solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadunidenses
“información puntual” que permitan sancionar de inmediato servidores públicos y
particulares que participaron en las operaciones en las que Odebrecht y
subsidiarias reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para
obtener contratos de obra pública en México, presuntamente relacionadas con
Pemex.
Asimismo, investigar
y sancionar a los dueños de gasolineras y franquicias que despachan gasolina
robada de Pemex, así como asumir la responsabilidad en las investigaciones
sobre el robo de combustible a través de tres mil 500 tomas clandestinas que
generan pérdidas por 50 millones de dólares diarios.
El desplegado está firmado por unas 75 organizaciones, entre
ellas algunas empresariales y defensoras de derechos humanos, así como por más
de 200 personas, entre ellas empresarios y activistas.
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