Un poco de todo.

Osorio Chong, urge aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Con la premisa de que el Gobierno de la República no pretende la permanencia de efectivos del Ejército y la Marina en las calles, sino que se defina el tiempo en que deberán participar en esas tareas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Al encabezar el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 propuso a legisladores superar intereses políticos y posiciones partidistas que han frenado esa ley porque no se pueden esperar otros 10 años para hacerlo ante la situación de violencia e inseguridad que hoy se registra en el país.

Descartó el titular de Segob y jefe del gabinete de seguridad del Gobierno federal que se piense que soldados y marinos puedan suplir la actuación y responsabilidades que tienen las propias autoridades estatales o municipales, sino que se defina el tiempo de actuación en las calles y “quitar nubarrones” de quienes sostienen que lo que se quiere es dejarlos permanentemente en esas tareas.

Sin sorpresa va delfin Rubén Moreira.

No fue ninguna sorpresa que el candidato del PRI a gobernador de Coahuila haya sido Miguel Ángel Riquelme, expresidente municipal de Torreón, al que el actual mandatario, Rubén Moreira, convirtió en su delfín meses atrás, atropellando todo y a todos los que aspiraron a la postulación, entre ellos al diputado federal Javier Guerrero, que fuera secretario general del CEN tricolor con Beatriz Paredes en el mando nacional.

Éste, sabedor de que Moreira finalmente se saldría con la suya, prefirió anticiparse a lo que vendría y de plano se declaró independiente, con lo que se convirtió en un posible contendiente opositor del exedil torreonense, que dista de contar con el respaldo del priismo coahuilense por la manera en que lo impuso el actual Moreira que gobierna el estado.

Moreno Valle, ¿apoyará a Josefina?

A propósito de Puebla, del círculo cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle nos hacen saber que éste se encuentra listo para ir a apoyar a Josefina Vázquez Mota al Estado de México y levantarle el brazo… una vez que el Tribunal Federal Electoral resuelva las impugnaciones presentadas por panistas inconformes.

En corto, Osorio con líderes de fracciones.

Los líderes de los partidos en San Lázaro pactaron ayer, que el encuentro de mañana miércoles con el titular de la Segob será a puerta cerrada, al final, no sólo estarán los jefes de las bancadas, sino también acudirán los presidentes de las comisiones de Gobernación (PRI), de Seguridad Pública (PAN) y de la Bicameral de Seguridad Nacional (PRD). También nos anticiparon que la reunión no sólo será para ver el destino de las reformas en seguridad, sino que le pedirán que informe qué acuerdos hubo con los mensajeros de Trump, Rex Tillerson y John Kelly. Otros muchos también quieren asistir, pero no se podrá.

PRD se duerme en Edomex.

Mientras el PAN, PRI y Morena ya tienen a sus candidatos para el gobierno del estado con mayor población en el país, el PRD nomás no consigue ponerse de acuerdo y este fin de semana elegirá candidato, lo que lo deja muy rezagado en presencia pública, pues las campañas comenzarán el 3 de abril y antes no podrá haber actos proselitistas. Josefina, Del Mazo y Delfina van que vuelan, y el PRD aún lo está pensando.

Zavala va por segunda carrera Yo con México.

Margarita Zavala, aspirante del PAN a la Presidencia de la República en 2018, sigue buscando adeptos y fondos para impulsar su proyecto político, por lo que ya promueve la segunda carrera “Yo corro con México”, en la que participará el próximo 26 de marzo en un recorrido de 3 y 10 kilómetros y partirá en avenida Paseo de la Reforma.

Bolaños: bye, bye.

En cuestión de horas el panista Javier Bolaños dejará la presidencia de la Cámara de Diputados para cederle el lugar a su compañera Guadalupe Murguía. Esto por un acuerdo que el partido tomó desde agosto pasado, cuando pactaron que tanto el morelense como la queretana estarían al frente del recinto legislativo, cada uno por medio año. Y, bueno, a Bolaños ya se le acabó el veinte.

A nombre de Ochoa…

Con la novedad de que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dice que está siendo blanco de vivales que, a su nombre, piden dinero para diversas campañas electorales. Ayer en Coahuila denunció que empresarios de Torreón le comunicaron que recibieron llamadas a su nombre solicitando donativos. Ante ello alertó a industriales y ciudadanos para no caer en estas extorsiones.

Entusiasmo constituyente.

Muy entusiasmados andan los diputados perredistas en la ALDF al presumir en diversos foros los logros de la primera Carta Magna para la ciudad, todo ello de la mano de Dolores Padierna. Sin embargo por ahí ya alguien les hizo ver que tengan cuidado, porque en el Constituyente también estuvieron muy activos Alejandro Encinas y Armando Ríos Piter, quienes ya no son del sol azteca.

Xóchitl camina de azul.

Para los maldosos que pregonaban que la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, andaba volteando la mirada a otros colores, vaya sorpresa que se llevaron cuando la hidalguense apareció el domingo junto a Josefina Vázquez Mota, en apoyo a su candidatura para el Estado de México. Así que Gálvez viste de azul y también camina hacia el 2018.

Barbosa ¿a Puebla con Morena?

Para muy pocos fue una sorpresa el respaldo que anunció ayer Miguel Barbosa a la candidatura de AMLO para 2018. Cuentan por ahí que el todavía perredista (a pesar de que arremetió contra el líder de Morena en distintas ocasiones) necesita un partido fuerte como plataforma para los comicios del próximo año en Puebla, donde se renovará la gubernatura.

Reproche a Barbosa.

El apoyo que Miguel Barbosa ofreció a Andrés Manuel López Obrador le costó ya al senador perredista las críticas del diputado Jesús Zambrano, quien no solo lo llamó “oportunista” e “incongruente”, sino que pidió incluso analizar su relevo como líder de la bancada en el Senado. En manos de Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, estará considerar esa petición y, sobre todo, analizar qué dicen los estatutos perredistas sobre apoyar al aspirante de otro partido. Como sea, el senador poblano dice para justificarse que peleará porque el PRD apoye a López Obrador. “No me estoy yendo a Morena”, alegó.

Las primeras horas fueron de silencio absoluto. Miguel Barbosa se hallaba a la expectativa. Sabía que la decisión que acababa de anunciar ante los medios –que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador para 2018- iba a armar la tremolina en el PRD. Tenía claro, también, que no faltarían quienes pedirían su expulsión del Sol Azteca y quienes le exigirían dejar la coordinación de la bancada perredista en el Senado. De hecho ya lo hacían, pero a puertas cerradas.

Robo de gasolina por todos lados.

Peor que el aumento en el precio de la gasolina es el robo de gasolina. Los litros hurtados a Pemex desde el 2009 a la fecha alcanzarían para que cada automóvil registrado en el país contara este año con nueve tanques de combustible gratis. En los últimos ocho años el volumen de gasolina extraído ilegalmente suma alrededor de 160 mil millones de pesos. Una cantidad equivalente al doble de la inversión anual en el programa Prospera (antes Oportunidades). Se trata también de la inversión total dedicada a construir el nuevo aeropuerto de la CDMX.

Felipe Calderón y su auto-regalo (robo) de por vida.

En las últimas horas de su estancia en Los Pinos, la tarde del 30 de noviembre de 2012, mientras la atención pública se concentraba en la inminente toma de protesta de Enrique Peña Nieto como nuevo ocupante del poder sexenal, Felipe Calderón Hinojosa se regaló una reforma al reglamento del Estado Mayor Presidencial para asignarse de por vida 427 elementos a su cargo por concepto de seguridad, los cuales significaban en 2013 una erogación de 4 millones 799,999 pesos al mes, más la pensión también vitalicia del propio panista michoacano, de 205,122 pesos mensuales.

¿Extraño premio a Raúl Cervantes de comisión que no existe?

Resulta por lo menos extraño que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, haya aceptado un premio de una también extraña Comisión Nacional de Prensa del Senado de la República, la cual no figura en ningún listado de comisiones en la página web senatorial.

La cobertura del evento, realizado en instalaciones del Senado, apareció a media plana de El Universal con siete fotografías todo color, el viernes pasado. Una de esas fotografías es del también senador priista de Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Más extraño aún resulta que Cervantes Andrade no supiera que la tal comisión no existe y que su presidente, Leopoldo Cardoso, tampoco es senador, ya que el mismo Cervantes fue presidente del Senado.

 O quizá no es tan extraño y su conducta explica por qué la PGR ha resultado tan incapaz de capturar al prototipo de la corrupción priista, el mismísimo Javier Duarte.

El único gobernador corrupto que está en la cárcel es el que se entregó por voluntad propia, Guillermo Padrés. Pero si el Procurador General de la República no sabe quién le entrega la pluma de plata, ni modo de pedirle eficacia en el combate a la delincuencia, por no hablar del crimen organizado.

La bancada de Morena.

Perdón, en la bancada del PRD cada vez quedan menos perredistas y hay más morenistas y por lo tanto menos apoyos a ese partido político, mientras todos se suben al convoy de Andrés Manuel López Obrador, que con cada publicación de una encuesta toma mayor velocidad.

Ahora le tocó hacer público su apoyo al coordinador de la bancada en el Senado de la República, Miguel Barbosa.

No importa que en ninguna elección hayan logrado pactar una alianza con Morena, ni que el candidato presidencial y presidente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, haya hecho público en muchas ocasiones que los considera la mafia del poder.

Ayer, Barbosa decidió hacer público su apoyo a la candidatura de López Obrador a la Presidencia en 2018, pero, eso sí, dejó claro que es perredista, sin importar que su partido pueda quedar en cuarto lugar, por ejemplo, en la elección del Estado de México, en la cual Morena ni siquiera perfiló la posibilidad de una alianza de las izquierdas.

Para Fernando Belaunzarán, Miguel Barbosa tiene el síndrome de estocAMLO y le recuerda a su correligionario que el presidente de Morena en muchas ocasiones le ha quedado mal.

Asegura que después de haber hecho públicas estas declaraciones, Miguel Barbosa ha perdido la confianza de muchos políticos, ya que primero fue incondicional de Jesús Ortega, después lo fue de Miguel Ángel Mancera y ahora ofrece su apoyo a López Obrador.

Barbosa Huerta explicó que ya no apoya las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, porque cayó y fue atrapado por las corrientes internas del PRD.

Miguel Alonso Raya hace un llamado a los perredistas para que busquen su reunificación y de esta forma fortalezcan a su partido y les pide que dejen de andar buscando dónde quedar bien.

Explica que a todos los que se han ido a apoyar a Morena les gana la desesperación y mandan mensajes para que les hagan caso, pero lo único que sucederá es que los enviarán a la cola.

La bancada del PRD cada día deja de ser del PRD y se convierte en Morena, ante la mirada de complicidad de las demás bancadas que no han exigido que se cumpla la Ley Orgánica y que los senadores pasen a ser independientes, lo cual les mantiene sus privilegios de poder y dinero.

El dilema de Elba Esther, a cual casa ir.

Con un pie fuera del hospital en el que permanece con una flexibilidad impensable para cualquier preso, Elba Esther Gordillo prepara una nueva mudanza: se irá a casa.

En realidad, nunca estuvo en una celda. Jamás pisó la cárcel. Con el pretexto de que las instalaciones penitenciarias no contaban con el equipo adecuado para atenderla, la mal llamada “maestra” realmente no vivió encarcelada. Brincó de hospital en hospital. De la Torre Médica del penal de Tepepan, que abandonó en febrero de 2013, cuando comenzó el tour –que incluyó el Ángeles Interlomas y Xoco-, al hospital María José Roma, en la calle de Cozumel 62, en la colonia Roma, donde festejó hace un mes, con todo y banquete en la azotea y música, su cumpleaños 72 (http://www.reforma.com/aplicaciones...).

Gordillo, acusada de defraudación fiscal, y detenida hace cuatro años –que se cumplieron el pasado 26 de febrero-, saldrá del hospital para recibir “atención médica domiciliaria”, lo que la puso en un predicamento: ¿A qué casa ir? Elba Esther, que tiene más propiedades de las que pudo haber comprado lícitamente ya ha definido a dónde se mudará y sus abogados ejecutan su decisión. La valoración no era cosa sencilla para ella que colecciona casas y departamentos.

No irá a su penthouse ubicado en Galileo número 7, en Polanco; tampoco a Edgar Allan Poe número 10, en Polanco; ni a Dickens 30, donde es dueña de los departamentos 3 y 7, también en Polanco; tampoco vivirá en Paseo de Ahuehuetes 501, Bosques de las Lomas; en Bosque de Caoba 75, Bosques de las Lomas; ni en Virreyes número 510, Lomas de Virreyes; tampoco en Laplace 7, Nueva Anzures; ni en Bosques de Reforma 788, Bosques de las Lomas; en Paseo de la Reforma 295, donde tiene dos pisos; o en la esquina de Goldsmith y Ariosto, en Polanco.

Gordillo vivirá en otra zona exclusiva de la Ciudad de México, el Club de Golf Bosques de Santa Fe, ubicado en el edificio de Camino Alto Lerma número 13 en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la delegación Cuajimalpa. El departamento tiene un valor de 2.5 millones de dólares. Un departamento de 50 millones de pesos para quien no hizo más que dar clases y dirigir un sindicato. Ajá.

La propiedad tiene 710 metros cuadrados de construcción y fue adquirido en 2005 por Comercializadora TTS de México, una de las inmobiliarias de la familia Gordillo. El edificio donde se encuentra tiene cuatro niveles, lobby, sala de cine, cava y un área común que incluye jardín y kiosco. Dentro del exclusivo Club hay, además, andadores, canchas de futbol y tenis, albercas y más de 100 hectáreas de áreas verdes.

De concretarse el traslado a esa propiedad, como lo ha solicitado la defensa de Elba Esther, tendría que permanecer dentro del inmueble y áreas comunes. Y con esas áreas comúnes… nada mal.

En la PGR, por cierto, siguen pensando que, “al menos uno de los estudios clínicos que presentó la defensa puede no ser cierto”. “Los informes médicos oficiales muestran que el estado de salud de Gordillo es estable”, dice otra fuente. Con todo y todo, se irá en cosa de días a su casa de 2.5 millones de dólares.

Con CV cuestionable, el golazo al Inegi va.

Salvador Camarena.

El Senado de la República tiene ya la solicitud de Enrique Peña Nieto para que Paloma Merodio sea nombrada como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El titular del Ejecutivo firmó esa solicitud el día 23 de febrero, y la misma llegó al Senado a las 16:30 horas del 24 de febrero.

No sabemos quién le dijo al presidente de la República que la candidatura de Paloma Merodio era una buena idea, pero están llevando al primer mandatario a un feo baile.

En el escrito que envió Peña Nieto al Senado se insiste en que “resulta indispensable que las personas que integran la Junta de Gobierno cuenten con la capacidad, experiencia y profesionalismo suficientes y, además, que su designación sea realizada en el ámbito de la colaboración de poderes que tanto la Constitución como la propia ley establecen”.

Cómo entender que el presidente firme la solicitud que contiene el anterior párrafo y al mismo tiempo asevere, también en ese documento, cosas que no se sustentan. Van tres ejemplos.

Ayer se publicó aquí lo que dice la ley con respecto a los nombramientos de la Junta de Gobierno del Inegi. Reiterando: el puesto requiere que el candidato (a) tenga al menos cinco años de experiencia en un puesto de alto nivel del gobierno. La maestra Merodio sólo lleva un año y cuatro meses como tal, pues el escalafón es muy claro al estipular que alto nivel se considera de director general para arriba. Ella sólo ha tenido ese nivel en su actual encargo: directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Sedesol. Así que de saque no cuenta con ese requisito.

Segundo ejemplo. En la solicitud se asevera que Merodio “ha impartido el curso Macroeconomía Avanzada en la Universidad de Harvard”. ¿Suena muy bien, verdad? Pero para ustedes, y supongo que para los senadores que deberán aprobar o desestimar este nombramiento, ¿es lo mismo impartir un curso en Harvard que ser asistente de quien imparte un curso en Harvard? Porque lo que en realidad hizo Merodio fue asistir a quien impartía ese curso. Ver esta liga: https://www.hks.harvard.edu/syllabus/2012/API-119.pdf

Tercer ejemplo. En la solicitud de Peña Nieto se habla de que la maestra Merodio fue “consultora senior en la Corporación Internacional Financiera (IFC, por sus siglas en inglés) en el año 2013; consultora senior en Promujer de enero a mayo de ese mismo año, y consultora senior en el Banco Mundial, programa de Agua y Saneamiento”.

Sería bueno que el Senado de la República ponderara que esas consultorías fueron, tanto en el IFC y como en el Banco Mundial, de apenas dos meses de duración. Quizás el título correcto de esas experiencias sea, en inglés, intern. Es decir, hizo una pasantía, seguramente valiosa, pero pasantía, en esas instituciones.

Enviar a Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi suena a 'caballo de Troya': tiene lógica como un intento por capturar a una institución que debería ser un pilar del Estado mexicano, sin importar el gobierno en turno.

Hoy sólo resta esperar que el Senado de la República exija documentación de todo lo que dice el nombramiento firmado por Peña Nieto, que se proporcione la evidencia de las aportaciones científicas y técnicas de la maestra Merodio, tanto en la Sedesol como en los anteriores trabajos. El escrutinio debe ser real, no una simulación, pues está en juego la credibilidad del Inegi, ni más ni menos.

Aunque también está en juego la credibilidad de Peña Nieto, a quien le hicieron firmar este nombramiento lleno de medias verdades.

Duarte, AMLO y los financiamientos oscuros.

Maite Azuela.

Los mensajes en redes sociales para vincular a Javier Duarte con Andrés Manuel López Obrador se descarrillan masivamente, después de la acusación pública que lanzó Miguel Ángel Yunes asegurando que el ex Gobernador del PRI en Veracruz desvió recursos para apoyar a Morena.

Echando motón.

No tardaron en sumarse a las denuncias públicas montones de políticos del PRI y del PAN para arremeter contra AMLO y exigir que la Fiscalía contra los Delitos Electorales (Fepade) realizara una investigación al respecto. Ricardo Anaya levantó la mano anunciando que a Andrés Manuel se le estaba cayendo el teatrito. También se alineó a estas acusaciones la precandidata panista Margarita Zavala. Del PRI también hubo descolgadas declaraciones contra el líder de Morena, su presidente Enrique Ochoa insistió en que se debe investigar la relación de Duarte y López Obrador. Todos con la insistencia que no han tenido para exigir con el mismo ahínco las relaciones estrechas de Duarte con otros políticos y operadores de partido.

No hay que ser ferviente seguidor de Morena para leer esa afrenta como una de las más desproporcionadas. Hasta para quienes como para mí, Andrés Manuel López Obrador no es la opción que fue en el 2006, resulta inverosímil que las exigencias por investigar los desvíos de Duarte se enfoquen en su figura y dejen a un lado los posibles beneficios que pudo haber obtenido el partido que abanderó el ex Gobernador.

Afortunadamente, Santiago Nieto Castillo, el titular de la Fepade ha dicho ya que las investigaciones no están orientadas hacia López Obrador, sino que son en contra de Javier Duarte y quien fuera su principal operador financiero, Gabriel Deantes, por la presunta comisión de peculado electoral.

Mirar la paja en el ojo ajeno.

El principal operador de la corrupción rampante perteneció a las filas del PRI y a la fecha los esfuerzos por hacerle pagar sus actos son insuficientes. Sumemos a esto los importantes hallazgos que hace menos de un año presentó el grupo de investigadores de Aristeguí Noticias, acerca del posible financiamiento que la mancuerna del Verde-PRI había recibido por parte del Cartel de Juárez. La nota es extremadamente detallada y narra incluso que, en su momento, tanto Ricardo Monreal como Roberto Gil Zuarth, coordinadores de las campañas de la izquierda y la derecha conocieron las pruebas y documentos de esta investigación. Aunque un apoyo de esta naturaleza es realmente imperdonable, ninguno solicitó a la Fepade que realizara una averiguación al respecto.

Cada fuerza política tiene en su entramado organizacional distintas operaciones que pueden resultar vulnerables a la corrupción y que pueden considerarse delitos electorales. ¿No sería más congruente dar una revisada a sus números y poner lupa a las trayectorias de sus políticos y operadores? La historia revelada por Mexicanos contra la corrupción y a impunidad sobre el extravío de dinero de la organización Juntos Podemos, que fuera dirigida por la ahora candidata panista al gobierno Josefina Vázquez Mota. El PAN y los paladines de la honestidad no exigieron aclaración alguna Ella ha declarado que la investigación que revela cómo recibió dinero público, estuvo sostenida en calumnias y blasfemias. Sin emabargo, como lo señala la periodista investigadora de Mexicanos contra la corrupción, Dulce González, no se ha demostrado el destino total de los recursos públicos. Lo corrobora además reportando que Gerónimo Gutiérrez, el próximo embajador de Estados Unidos, quien renunció como consejero de la Asociación AEM el miércoles 18 de enero, había encargado que se investigaran estos hechos. Según González, lo habría hecho por medio de una carta en la que Gutiérrez “subraya la importancia de que se rindan cuentas sobre el manejo financiero tanto de la Asociación AEM como de la Fundación AEM USA Foundation, que sirvió para dotar de fondos gubernamentales a Juntos Podemos”. Aún con la nota del embajador, las exigencias de los líderes partidistas mantienen el bajo perfil.

Mirar la viga en el ojo propio.

Es buen momento también para que Morena revise el proceder de sus representantes. La reacción de Ricardo Monreal frente a las evidencias presentadas sobre el nepotismo de su administración, carecen de argumentos y pruebas fundadas que demuestren la transparencia y el buen gobierno del que tanto habla.

Siempre es más sencillo señalar al de enfrente. Hace falta una buena dosis de autocrítica en la partidocracia, además de emprender denuncias contra los que en sus propios grupos políticos “traicionan” la honestidad que ostentan. Pero me temo que en los próximos meses de calentamiento electoral, veremos más acusaciones absurdas e insignificantes de unas fuerzas políticas contra las otras. Lo que importa no sale a la luz, no se mueve, no se desmorona.  Entre todos lo sostienen.

El engaño de Canales.

Raymundo Riva Palacio.

El pliego de consignación de la orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de administración fraudulenta, es perfectamente claro. Violó el artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga, en beneficio de un tercero, en este caso tanto él como su entonces socio Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa.

Extrañamente, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 17 de febrero pasado, Canales, acusado por Cusi de los mismos delitos que García Méndez, salva una acción judicial en su contra.

No está clara la razón por la que la Procuraduría de la Ciudad de México no actuó en su contra, pese a haber ejercido la acción penal contra su socio, a quien le demostraron las autoridades que “la conducta engañosa del indiciado es con la finalidad de alcanzar un lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. Lo que hizo García Méndez lo realizó, quizás con mayor carga, Canales, a quienes Cusi acusó de fraude por seis millones de dólares, que en ese entonces eran poco más de 64 millones de pesos. García Méndez, quien se encuentra prófugo de la justicia, siempre se dijo inocente de la acusación y afirmó que él nunca recibió ningún dinero.

El punto nodal del caso se encuentra en dos documentos. El primero, firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez el 17 de mayo de 2011, con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En esa Carta de Instrucción solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co Securities Ltd, en el banco Standard Bank PLC, en Londres, por tres millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares. El representante de esas empresas es Canales, mientras que García Méndez sostuvo durante todas las diligencias que no conocía a los accionistas de esas compañías.

Canales aceptó en una comparecencia en el Congreso de Nuevo León en abril del año pasado que sí había recibido esos recursos, pero alegó que no había actuado de manera ilegal. La denuncia contra él y García Méndez, presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establecía que los dos abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los seis millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generando un detrimento patrimonial” a la viuda de Azcárraga Milmo. En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo que su cliente, la señora Cusi, estaba informada de todas sus acciones, y como prueba presentó una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García Méndez.

En este espacio se publicó en abril del año pasado 'Las Mentiras de Canales', en donde se citaba esa carta: “De acuerdo a las instrucciones recibidas de ti, así como a las facultades conferidas al efecto de negociar un pago compensatorio con Televisa, a fin de aplicarlo al pago de los honorarios tanto ya devengados como a los que te enfrentarías al desistirte a tu entero perjuicio de la acción civil, y habiendo obtenido tu autorización expresa siempre que:

“1) No se vinculará de ningún modo el pago de la renuncia de tus derechos o a la transmisión de las acciones, esto es, que se asumiera como pago a los profesionistas y no a ti; 2) no se formalizará en ninguno de los documentos a ser ratificados por ti, que contendrían tus renuncias y transmisiones (de propiedad), y 3) no retardará en ninguna forma la definición de tu situación jurídica en la causa penal”.

El punto 18 de esa misma carta precisaba: “En ejercicio de tus instrucciones, me reuní con el licenciado Alejandro Bustos Olivares, director jurídico contencioso de Televisa, y con el licenciado Alonso Aguilar Zinser, penalista a cargo de la causa penal por parte de Televisa, con quienes negocié a favor de los abogados y de acuerdo a lo instruido por ti, el pago de la cantidad de 6MMUSD, mismo que lo apliqué conforme a tus instrucciones al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.

Esta carta sí deslindaba a Canales y García Méndez de haber actuado con opacidad y dolo, y probaba su dicho. El problema es que el zar anticorrupción de Nuevo León nunca le entregó ese documento a la señora Cusi.

México, sumido en violencia generalizada.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre el reciente informe presentado por dicha organización, el cual retrata “graves violaciones a los derechos humanos” en 153 países.

 "Seguimos encontrando fosas, se siguen violentando los derechos de las familias", lamentó.

Ex candidato del PRI en Quintana Roo, citado por PGR como imputado.

El ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo en los comicios del 2016, José Mauricio Góngora Escalante, ha sido citado a comparecer en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación que se le sigue en la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de soborno.

El también ex alcalde del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y ex Secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Borge, ya compareció dos veces en calidad de testigo dentro de la indagatoria, pero la PGR lo citó por tercera vez para que compareciera en calidad de imputado.

Ante el cambio de situación jurídica, Góngora Escalante presentó un juicio de amparo para obligar al Ministerio Público Federal a que defina su situación jurídica, el cual está radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con el número de expediente 1086/2016.

De acuerdo con el fallo judicial, el ex candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza al gobierno de Quintana Roo fue denunciado penalmente el 5 de septiembre del 2016 por incurrir en diversas irregularidades en el ejercicio de su cargo, conductas que presuntamente podrían configurar diversos ilícitos según el texto de la denuncia.

El amparo promovido por Mauricio Góngora se resolvió a su favor el pasado 26 de enero del 2017, sin que la PGR apelara o impugnara la resolución del impartidor de justicia, por lo que ahora la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGR tendrá que definir si mantiene la calidad de imputado o si continúa siendo testigo hasta que se defina el curso de la indagatoria.

Imputado o testigo, contradicciones internas de la PGR.

La carpeta de investigación señala que Góngora Escalante compareció ante la PGR los días 26 de septiembre y 12 de octubre del 2016, ambas en calidad de testigo, por lo que el propio ex alcalde de Solidaridad solicitó al Ministerio Público Federal que le permitieran aportar pruebas dentro de la investigación.

Sin embargo, en la diligencia del 12 de octubre del año pasado, la PGR presentó ante el ex colaborador de Roberto Borge, una serie de documentos que presuntamente podría incriminar a Mauricio Góngora en supuestos delitos.

“Ante los hechos aún desconocidos para el suscrito (…) y toda vez que mi anterior declaración (se rindió) en carácter de testigo, ahora se me hizo saber mediante una serie de documentos que fueron puestos ante mi presencia, de la imputación de haber recibido diversas cantidades de dinero”, señala un extracto del escrito presentado por Góngora Escalante ante el Juez de Distrito.

El documento del ex alcalde agrega que ante esa situación que intenta vincularlo con la firma de documentos que apuntan a “una imputación directa” en su contra, es necesario que se respete el principio de no auto-incriminación y de defensa que toda persona debe tener”, por lo que solicita acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación para que “se aclare tan penosa situación”.

En respuesta, PGR citó al ex candidato a Gobernador del PRI, Mauricio Góngora, para una cuarta diligencia, pero ahora en calidad de imputado.

En una contradicción del Ministerio Público Federal, ese mismo día se notificó a Góngora Escalante que su situación jurídica se iba a regresar a testigo por acuerdo de la Unidad de Investigación y Litigación de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR.

El argumento de la PGR fue que todavía no contaba con datos de prueba para afirmar que “el testigo (Mauricio Góngora) ha participado en hecho alguno”, por lo que su defensa legal presentó un escrito ante esa dependencia exigiendo que se aclarara la situación jurídica del fallido candidato a Gobernador.

Al no obtener ningún tipo de respuesta, la defensa de Góngora Escalante presentó un juicio de amparo por violación al derecho de petición, mismo que se resolvió a su favor y en el que se ordenó a la PGR que definiera por escrito si Mauricio Góngora es imputado o testigo dentro de la causa penal correspondiente.

El fallo se dio el pasado 27 de enero y los próximos días se analizará si PGR ya cumplió con la sentencia de amparo.

Korenfeld dio contrato directo a universidad de Israel en 2015, el mismo año que ésta lo hizo Honoris Causa.

En 2015, David Korenfeld Federman, quien fungía como titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adjudicó contratos para la realización de varios estudios, por alrededor de 25 millones de pesos, a la Universidad de Tel Aviv, la que a su vez le otorgó a éste el título de Doctor Honoris Causa y el nombramiento de Presidente del Consejo Directivo de su Centro Internacional del Agua, así lo dio a conocer un reportaje del diario El Universal.

De acuerdo con dicha publicación, tras una reunión, en noviembre de 2013, con el Presidente de esa institución educativa el funcionario anunció que se llevaría a cabo un intercambio científico y tecnológico con el objetivo de mejorar la condición mundial del agua.

La investigación periodística señaló que Conagua adjudicó de manera directa la realización de tres estudios con un valor total de 25 millones de pesos, y que iniciaron en 2015, mismo año en que la Universidad de Tel Aviv nombró, primero, Doctor Honoris Causa a Korenfeld y unos meses después lo  designó como Presidente del Consejo Directivo de su Centro Internacional del Agua.

Especialistas en temas de transparencia y corrupción, quienes fueron consultados por el rotativo, consideraron la existencia de un posible conflicto de intereses entre el ex titular de la dependencia y la institución de origen israelí.

Lo anterior debido a que, argumentaron los investigadores en el reportaje, Korenfeld otorgó dichos contratos mientras aún mantenía una relación estrecha con la Universidad de Tel Aviv, situación que se contrapone al artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Tal disposición establece que cualquier servidor público no puede estar involucrado con la asociación a la que se le otorgue un contrato de servicios o esperar al menos un año después de concluir las funciones en ésta.

Yunes al igual que Duarte, da maltrato de a padres de desaparecidos: horas de espera bajo el sol, y sin comer.

Padres y madres de jóvenes desaparecidos en el sur de Veracruz pasaron largas horas sin comer, bajo el sol, sin ser tomados en cuenta por las autoridades, a la espera de información sobre la presencia de una fosa clandestina en Minatitlán.

La fosa fue encontrada desde el miércoles, informaron vecinos de la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, desde ese día, patrullas y oficiales veracruzanos vigilan celosamente el terreno que es propiedad de la nación, pues por allí cruzan ductos de Pemex que vana la Refinería Lázaro Cárdenas y torres de alta tensión.

Bajo esos cables cargados de energía, entre matorrales y matas de bambú, los maleantes encontraron tierra fértil para ocultar sus delitos.

“Los perros ya marcaron varios puntos, estamos a la espera de la orden del juez para la exhumación” dijo una fuente de la Fiscalía al confirmar que en esa zona sí hay personas sepultadas.

Secuestrados, seres humanos reportados como desaparecidos, arrancados de sus familias por sumas de dinero, enterrados en agujeros en las goteras del pueblo, a unos metros de la autopista Sayula-Cosoleacaque.

La noticia alertó a los padres del colectivo Madres en Búsqueda-Coatzacoalcos, que en su mayoría, tienen un denominador común, sus seres amados fueron víctimas de desaparición forzada.

Bajo unos árboles de nanche, en busca de la sombra y lejos de los moscos, pero sin dejar de vigilar el predio, los padres rememoran casi dos años de lucha, que comenzó en mayo del 2015, cuando elementos de la Fuerza Civil, supuestamente, lanzaron un operativo de “limpieza”, se metieron a casas, detuvieron taxis, coches, etc., para llevarse a varias personas de las que a la fecha no se tiene noticia.

Al menos cinco padres de esos hechos, denunciados en la carpeta 504/2015 de la Agencia Cuarta del Ministerio Público de Coatzacoalcos.

Los desaparecidos son José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos, Eliaquín Alvarado Villafuerte y Roberto Gallegos Osorio.

Todos hombres en edad productiva, encargados de mantener sus hogares, padres, hijos, de quienes a la fecha se desconoce paradero.

Los padres y madres recordaron que en el pasado, recién ocurrida la desaparición, fueron blanco de acoso por parte de las autoridades por haber denunciado la desaparición y, peor aún, por exigir justicia.

En una de las manifestaciones, en el puente CoatzaI, con señalamientos directos contra personal de la Fuerza Civil de que ellos habían sido los responsables de la desaparición de los cinco citados arriba, y otros más, personal de la SSP los corrió a toletazos, aplicando la ley de entonces: la ley Bermúdez.

“¿Para que protestan?, Allí en la zona donde se los llevaron, había mucho delincuente, y tuvimos que hacer una limpieza… deben entenderlo”, dijo un mando de la policía a una de las familiares en la protesta.

Después del recado, vino la golpiza en el puente, lastimados, con el orgullo y la dignidad herida, se marcharon a seguir sus manifestaciones y a pedir cita al hotel Terranova de Coatzacoalcos.

Sabían que al hotel llegaría el secretario, Arturo Bermúdez, no lo conocían, esperaban una buena disponibilidad, pero ni los recibió, peor aún, el ahora preso declaró a los medios:

“La SSP no se irá sólo porque los delincuentes hagan manifestaciones”.

En eso no quedó todo. En menos de una semana, llegaron más amenazas.

En la misma zona donde protestaron y fueron golpeados, una madrugada, alguien dejó una “narco-manta:”

“Dejen de buscar a sus familiares, eran zetas, y se trató de una limpia, si insisten, vamos ir contra ustedes”, palabras más, palabras menos traía el mensaje.

“Nos dio mucho miedo, un tiempo dejamos de protestar, ahora estamos de regreso, queremos a nuestros familiares de vuelta”, contó una de las madres presentes ahora en la fosa de Minatitlán.

De ahí que Bermúdez se convirtiera en el terror de las familias con ausentes en la zona sur, pues trasmitía a los subalternos la idea de que los desaparecidos eran delincuentes, y merecían su condición por haber sido “manzanas podridas”, cuentan las madres.

Ahora Bermúdez está preso en el penal de Pacho Viejo, y eso les da un poco de tranquilidad al esperar que se haga justicia por los casos de docenas de personas sustraídas a manos de policías y sus mandos.

Por las filas de este colectivo pasó el caso de Éber Arturo Castillo Díaz, desaparecido a manos del Mando Único en septiembre de 2014, en la región. Su cadáver fue localizado por las autoridades nueve días después de la sustracción violenta en un retén de Policía Naval y SSP; sin embargo, le fue entregado a sus familiares dos años después, y eso se logró gracias a la presión del colectivo de madres Coatza, de lo contrario, opinan las integrantes, seguiría reposando en una fosa común del SEMEFO de Coatzacoalcos.

Y si ahora el terror en la tierra se encuentra tras las rejas en Pacho Viejo, y gozan de un poco de tranquilidad, las madres de este grupo no dejan de sufrir los desplantes del poder. Hoy pasaron más de tres horas bajo el sol, sin desayunar, atacadas por moscos, ignoradas, a la espera de información sobre el entierro en la colonia Diana Laura Riojas.

Desde las ocho hasta las once de la mañana, las mujeres aguardaron firmes en la entrada al predio para que “no se vayan a llevar los cuerpos a escondidas”, dijo Ignacia Ramos, quien busca a su hijo.

Hasta las once, una camioneta de la Fiscalía se presentó con el delegado de la Unidad Especializada contra el Secuestro (UESC), de la cual bajó una persona, y se presentó con la vocera del grupo, Belem González Medrano.

“Este caso no tiene que ver con desaparecidos, es un secuestro que estamos viendo”, dijo, Belén González le replicó, “si es secuestrado, o si hay varias víctima de secuestro, también son desaparecidos, los buscan y nos interesa saber de ellos”.

“No le hagan caso a los medios de comunicación, especulan mucho”, dijo el hombre y se marchó no sin antes quedar a las órdenes de las integrantes del colectivo.

Hasta el cierre de este reporte, jamás llegó a las madres una llamada de Eduardo Coronel, el nuevo Fiscal para desaparecidos, menos de Jorge Wínckler, fiscal general, mucho menos, comunicado oficial.

El antecedente del rechazo de los nuevos integrantes de la Fiscalía a las madres de los colectivos, se dio la primera quincena de febrero, cuando el personal de este organismo autónomo dejó más de dos horas, paradas, a las madres de distintos colectivos del estado, sin ofrecerles agua, café o asiento, mientras el jefe máximo, Jorge Wínckler, se encontraba ausente. Las mujeres se dolieron del rechazo del titular, “que no fue capaz ni si quiera de prever dejarnos una comisión para atendernos”, dijo Lucía de los Ángeles Díaz Henao, del Solecito.

“Vamos a apoyar a las madres de Coatzacoalcos, que las compañeras sientan que las estamos respaldando en todos los aspectos, y les mandamos nuestras oraciones”, dijo Díaz Henao al llamarlas a ser fuertes y no ceder ante los desaires de los funcionarios.

Reina del Pacífico, a un paso de recuperar 10 cuentas bancarias.

Sandra Ávila Beltrán obtuvo un amparo que obliga a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR a informarle sobre 10 cuentas bancarias que le incautó.

Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, busca que la PGR descongele dichas cuentas para acceder a los recursos económicos que ahí se encuentran depositados, cuyo monto se desconoce.

Aunque la PGR ya presentó un recurso de revisión, el amparo que obtuvo podría servirle para que, a través de su defensa, promueva un nuevo amparo, específicamente, para la liberación de las cuentas.

Ávila Beltrán fue detenida en septiembre de 2007 y procesada por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; además de narcotráfico y operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

No obstante, el 3 de diciembre de 2010, el juez Décimo Octavo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 101/2003, dictó sentencia absolutoria en favor de Ávila Beltrán por esos ilícitos.

La mujer estuvo recluida en México hasta el 9 de agosto de 2012, día en que fue extraditada a Estados Unidos para ser procesada por asociación delictuosa en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

Ahí se le acuso de entregar 100 kilogramos de cocaína a Estados Unidos entre enero de 1999 y marzo de 2004, junto a su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, y otras personas, por lo que fue sentenciada a 70 meses de prisión en el vecino país.

Tras ser repatriada a México, en agosto de 2013, la mujer fue encarcelada y sentenciada, en septiembre del 2014, a cinco años de prisión y mil días de multa por lavado de dinero y, finalmente, en febrero de 2015 quedó libre.

Desde entonces inició una batalla legal para recuperar propiedades y cuentas bancarias que le incautaron debido a que, según la PGR, eran producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.

A la fecha ha obtenido, a través del amparo, varias resoluciones a favor, una de ellas en el expediente 766/2015 promovido ante un juez de Sonora, en la que logró una sentencia para que le devuelvan una propiedad localizada en Hermosillo.

El pasado 20 de febrero, la mujer obtuvo un nuevo amparo en el que alegó “el silencio” de la PGR a sus múltiples peticiones para que se le informe sobre bienes asegurados y la negativa a su devolución.

“Son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo solicitado”, aseguró el juez.

Destituye Congreso a alcalde de Colima por intervenir en elección.

Atendiendo la sentencia SER-PSD-6/2016, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al Congreso del Estado proceder conforme a derecho contra Rafael Mendoza, alcalde Cuauhtémoc, por violaciones a la normativa electoral cometidas en enero de 2016, la Legislatura Local aprobó destituirlo del cargo e inhabilitarlo por siete años para ocupar cargos en el sector público estatal y municipal.

El Congreso del Estado resolvió el expediente de Juicio Político 014/2016, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, el cual establece que quedó plenamente probada la responsabilidad en que incurrió el Mendoza Godínez, conforme a lo resuelto en la sentencia y expediente integrado por la Sala Regional Especializada del TEPJF.

El decreto con la resolución, aprobado con 17 votos del PRI, PAN, Nuestro Compromiso por Colima, PVEM, PT, y Nueva Alianza y la abstención de Movimiento Ciudadano, se turnará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que éste, erigido en Jurado de Sentencia, imponga las sanciones que correspondan.

La resolución señala que el 10 de marzo de 2016, por acuerdo de la Comisión de Responsabilidades, entonces presidida por Julia Licet Jiménez Angulo, se ordenó iniciar el procedimiento de juicio político y notificar personalmente al denunciado Rafael Mendoza.

La sentencia SER-PSD-6/2016, de la Sala Regional Especializada del TEPJF, señala que en actos proselitistas de la campaña extraordinaria de gobernador de los días 9 y 11 de enero de 2016 celebrados en Cuauhtémoc, Mendoza Godínez violentó principios constitucionales.

En ese sentido, al haber invocado el cargo de Presidente Municipal que ostenta durante su mensaje en los actos proselitistas celebrados en su municipio, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

Al quedar demostrada su responsabilidad, la comisión dictaminadora, que actualmente preside Riult Rivera, con el aval del Pleno consideró procedente imponer al Presidente Municipal de Cuauhtémoc las sanciones señaladas por el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En ese sentido es que se aprobó destituirlo del cargo que ocupa como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, e inhabilitarlo para ocupar y ejercer cargos, empleos o comisiones en el sector público estatal y municipal por siete años.

Antes del 10 de marzo el Supremo Tribunal de Justicia deberá ratificar lo aprobado por el congreso del Estado.