Habitantes de nueve municipios anunciaron la creación de la
agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA), conformada a raíz de que el ahora
exgobernador Rafael Moreno Valle promovió una reforma constitucional que abre
la posibilidad de que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad.
Maurilio Galiote Mixcóatl, habitante de la región de
Cholula, advirtió que las comunidades
han tomado la decisión de organizarse para custodiar sus pozos, riachuelos y
ojos de agua, con el fin de impedir que el gobierno estatal pretenda adueñarse
de ellos, luego de que se reformó el 12 constitucional del estado.
El PUCPA está
conformado por pobladores de los municipios de Juan C. Bonilla, Coronango,
Xoxtla, San Pedro y San Andrés Cholula, Ocotepec, Tlaltenango, Huejotzingo y
Cuatlancingo, quienes buscan mantener resistencia contra lo que consideran un
proyecto privatizador.
La reforma aprobada el 6 de enero, y promulgada el 27 de ese
mismo mes, se anunció como un cambio para proteger el derecho al agua de la
población, sin embargo, en la fracción 6
se estableció: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
La inclusión de este
párrafo, de acuerdo con autoridades municipales, serviría al gobierno estatal
para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que
lo concesione a un particular, como ocurrió en la ciudad de Puebla, donde el
servicio fue privatizado desde 2013.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, presentó ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra esta reforma que
asegura violenta la autonomía municipal protegida en el 115 de la Constitución
federal.
Los integrantes de la
PUCPA aseguraron que ya cuentan con cinco actas de cabildo en las que se
rechaza la reforma, la cual fue declarada como promulgada el 27 de enero,
antes de que se cumpliera un mes de su aprobación por el Congreso.
Espinosa ha acusado a
la dirigencia estatal del PAN, de la cual forma parte Martha Erika Alonso,
esposa de Moreno Valle, de haber presionado a los alcaldes a fin de que validaran
la reforma constitucional.
Galiote Mixcóatl anunció que una de las primeras acciones de la agrupación será presentar un escrito
ante el Congreso del estado para exigir que se invalide el decreto.
Anunciaron que el
próximo 7 de marzo harán una marcha al Congreso local para exigir que se
derogue la reforma al artículo 12 de Constitución Política del Estado.
Apenas esta semana, habitantes
del municipio de Ocotepec denunciaron que el lunes 20 fueron reprimidos por
policías cuando realizaban una manifestación para oponerse a la “privatización
del agua”. De estos hechos, al menos 18 lugareños, la mayoría de origen
indígena, resultaron heridos.
“Condenamos
enérgicamente la agresión hacia nuestros compañeros, lo que a la vez indica la
profundización de la política represiva de Moreno Valle, hoy aplicada fielmente
por el gobernador José Antonio Gali Fayad”, señala un comunicado emitido
hoy por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN).
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