jueves, 23 de febrero de 2017

Se organizan pobladores contra la privatización del agua en Puebla.

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Habitantes de nueve municipios anunciaron la creación de la agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA), conformada a raíz de que el ahora exgobernador Rafael Moreno Valle promovió una reforma constitucional que abre la posibilidad de que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad.

Maurilio Galiote Mixcóatl, habitante de la región de Cholula, advirtió que las comunidades han tomado la decisión de organizarse para custodiar sus pozos, riachuelos y ojos de agua, con el fin de impedir que el gobierno estatal pretenda adueñarse de ellos, luego de que se reformó el 12 constitucional del estado.

El PUCPA está conformado por pobladores de los municipios de Juan C. Bonilla, Coronango, Xoxtla, San Pedro y San Andrés Cholula, Ocotepec, Tlaltenango, Huejotzingo y Cuatlancingo, quienes buscan mantener resistencia contra lo que consideran un proyecto privatizador.

La reforma aprobada el 6 de enero, y promulgada el 27 de ese mismo mes, se anunció como un cambio para proteger el derecho al agua de la población, sin embargo, en la fracción 6 se estableció: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

La inclusión de este párrafo, de acuerdo con autoridades municipales, serviría al gobierno estatal para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que lo concesione a un particular, como ocurrió en la ciudad de Puebla, donde el servicio fue privatizado desde 2013.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra esta reforma que asegura violenta la autonomía municipal protegida en el 115 de la Constitución federal.

Los integrantes de la PUCPA aseguraron que ya cuentan con cinco actas de cabildo en las que se rechaza la reforma, la cual fue declarada como promulgada el 27 de enero, antes de que se cumpliera un mes de su aprobación por el Congreso.

Espinosa ha acusado a la dirigencia estatal del PAN, de la cual forma parte Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, de haber presionado a los alcaldes a fin de que validaran la reforma constitucional.

Galiote Mixcóatl anunció que una de las primeras acciones de la agrupación será presentar un escrito ante el Congreso del estado para exigir que se invalide el decreto.

Anunciaron que el próximo 7 de marzo harán una marcha al Congreso local para exigir que se derogue la reforma al artículo 12 de Constitución Política del Estado.

Apenas esta semana, habitantes del municipio de Ocotepec denunciaron que el lunes 20 fueron reprimidos por policías cuando realizaban una manifestación para oponerse a la “privatización del agua”. De estos hechos, al menos 18 lugareños, la mayoría de origen indígena, resultaron heridos.


“Condenamos enérgicamente la agresión hacia nuestros compañeros, lo que a la vez indica la profundización de la política represiva de Moreno Valle, hoy aplicada fielmente por el gobernador José Antonio Gali Fayad”, señala un comunicado emitido hoy por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN).

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