Salvador Camarena.
La junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) está incompleta. En diciembre concluyó el periodo de Félix
Vélez Fernández.
El INEGI es gobernado por una junta que se integra de cinco
miembros, también llamados vicepresidentes. Ante cualquier vacante, toca al
Presidente de la República proponer un candidato, y al Senado ratificar o en su
caso negar ese nombramiento.
Los miembros de la junta duran en su encargo ocho años, y
cualquiera de esos vicepresidentes puede ser designado por el Ejecutivo Federal
como presidente del INEGI.
En marzo podría llegar al Senado la propuesta de Enrique
Peña Nieto para completar el órgano de gobierno del INEGI. Ante ello, algunas
voces han externado preocupación por lo que se dice en radio pasillo.
Según información
recabada, algunos en el Ejecutivo Federal están impulsando a un candidato, en
concreto a una candidata, que no reúne las características señaladas en la ley
para ocupar el cargo.
La candidata
mencionada es Paloma Merodio, una joven funcionaria que actualmente se
desempeña como Directora General de Evaluación y Monitoreo de los Programas
Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, entre los requisitos para ser designado a la Junta de
Gobierno del INEGI (Vicepresidente), se pide:
“Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la
estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos
durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o
privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias
mencionadas”.
Paloma Merodio lleva
solo dieciséis meses en su actual puesto, que sí es de alto nivel según el
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; por tanto no podría acreditar
la experiencia de cinco años que pide la ley.
Por otra parte, esta egresada del ITAM no es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, no
cuenta con doctorado, no se le conocen publicaciones académicas y como
profesora de asignatura lleva apenas tres años. O sea que tampoco podría acreditar un curriculum académico que cuadre
con la definición de “reconocido prestigio” en ese campo.
Hay otro problema con el eventual nombramiento de Merodio.
Hoy, ella es responsable de la relación con el Coneval y del monitoreo de los
programas sociales de la Sedesol. En
otras palabras, le toca diseñar los indicadores para la evaluación del
desempeño y de los resultados de los programas para combatir la pobreza.
El INEGI realiza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, que es utilizada para evaluar el éxito de programas sociales; la llegada a la mismísima junta de Gobierno
de alguien de instancias operativas como la que ahora dirige Merodio pondría en
duda la necesaria independencia del INEGI.
Lo anterior sin contar que seguramente en el INEGI pensarían que de nueva cuenta llega alguien externo, que no
se premia a los de casa. Hay quien dice que en el INEGI verían bien el ascenso
de José Arturo Blancas Espejo, hoy director general de Estadísticas Económicas.
Algunos señalan que
las probabilidades de Merodio son altas porque la impulsa la subsecretaria de
Hacienda (y antes de Sedesol) Vanessa Rubio Márquez.
Ojalá desde el Ejecutivo se aguanten las ganas de tratar de
infiltrar a un órgano autónomo y busquen un candidato (a) que además de sí
cumplir con los requisitos de ley, represente una buena señal de la importancia
que se da a esos entes, y el respeto que se le tiene a los mismos.
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