CHILPANCINGO, Gro. Integrantes del Frente Estatal de
Familiares de Personas Desaparecidas acusaron
al gobernador Héctor Astudillo Flores de lucrar con las víctimas y asumir una
actitud de indiferencia ante la situación que se vive en la entidad, donde se
ha vuelto común el homicidio, la desaparición, el secuestro y la extorsión
contra los ciudadanos.
En contraste, el
mandatario –quien ha expresado públicamente que en la entidad existe seguridad
porque los asesinados y desaparecidos “no son turistas ni personas famosas”–,
dedicó este día a fomentar la promoción turística.
Por la mañana, Astudillo y el secretario de Turismo federal,
Enrique de la Madrid, visitaron Taxco y, de acuerdo con la agenda oficial, por
la noche el mandatario estaría en Acapulco para inaugurar el torneo deportivo
MexTenis 2017, que organiza el empresario Alejandro Burillo Azcárraga,
presidente del grupo Pegaso, en la exclusiva Zona Diamante del puerto.
Este mediodía, familiares de personas desaparecidas de
Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Chilapa –en su mayoría mujeres y niños– se
manifestaron públicamente con lonas y pancartas frente a la residencia oficial
Casa Guerrero, al oriente de la capital.
Los manifestantes
exigieron al gobernador guerrerense que asuma su responsabilidad frente a la
crisis humanitaria que se vive en la entidad, ante los casos de personas
desaparecidas y la ola de ejecuciones que no cesan.
También denunciaron
la impunidad de los grupos criminales que han sembrado muerte y terror en zonas
urbanas y rurales, donde controlan territorios completos bajo la presunta
protección de autoridades de los tres niveles y el Ejército.
Al respecto, el profesor José Díaz Navarro, representante
del colectivo de familiares de personas asesinadas y desaparecidas de Chilapa, condenó la relación entre el gobernador
Astudillo y el dirigente del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
Se trata del hermano
de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos, que tiene el monopolio de la
producción y trasiego de la heroína en los municipios de Quechultenango,
Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Chilpancingo en la región Centro de la entidad.
Los integrantes del Frente reprocharon también el hecho de
que Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local beneficiaron a la
Fundación Teletón con “un donativo” de 47 millones de pesos para este año, como
Proceso lo dio a conocer en diciembre pasado.
En contraste,
detallaron que el Ejecutivo y el Legislativo etiquetaron para la Comisión
Estatal de Atención a Víctimas de la narcoviolencia sólo nueve millones de
pesos para este año.
Recordaron que los
tres comisionados que dirigen el organismo cobran 75 mil pesos mensuales de
salario. Es decir, dos millones 700 mil al año se van a salarios de los
comisionados, mientras que se desconoce el uso del resto de los seis millones
300 mil pesos del presupuesto, indicaron los inconformes.
Incluso, comentaron
que a Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina del gobernador –conocido por
usar zapatos exclusivos del diseñador Louis Vuitton y señalado por sus
presuntos nexos con el narco– le fueron asignados 18 millones de pesos para
ejercer en 2017, el doble del presupuesto de la Comisión estatal de atención a
víctimas.
Los manifestantes
acusaron que el gobierno de Héctor Astudillo lucra con el tema de los
desaparecidos, pues no atiende las necesidades de las víctimas, principalmente
mujeres y niños, quienes carecen de medios y herramientas para desarrollarse
adecuadamente en el contexto de la búsqueda de sus familiares.
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