Entre 2011 y 2015, el gobierno mexicano cobró apenas 10% de
las multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa): si bien la dependencia impuso
multas por un total de mil 501 millones de pesos, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) tiene registro de apenas 150 millones 921 mil pesos cobrados.
De acuerdo con la auditoría 475–DE, realizada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el SAT aseguró que existen tres mil
209 créditos fiscales en proceso de cobro, por un monto de 200 millones 283 mil
pesos. Cuando esa dependencia recupere
esa cantidad, todavía faltarán cerca de mil 151 millones de pesos por cobrar.
En 2015, por ejemplo, la dependencia impuso tres mil 696
multas por un total de 268 millones 475 mil pesos, pero el SAT sólo cobró 57 sanciones y recaudó tres millones 957 mil
pesos, equivalente a 1.4%.
Hace 20 años, el gobierno federal se comprometió a depositar
el dinero de las multas impuestas por delito ambiental en un fondo destinado a
hacer más inspecciones y acciones de vigilancia. Sin embargo, la ASF observó que la Profepa no ha constituido este
fondo.
Esta es apenas una de
las múltiples deficiencias que la ASF detectó en la dependencia dirigida desde
diciembre de 2013 por Guillermo Haro Bélchez, quien ocupó entre 2004 y 2011 el
puesto clave de secretario general de la Cámara de Diputados.
“Las acciones de
inspección y vigilancia realizadas por la Profepa y la coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no han contribuido
a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente en las zonas donde se
desarrollaron obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, lo
que no garantiza el derecho de las personas a un medio ambiente sano”,
sentenció la ASF.
En 2015, la Profepa
interpuso 108 denuncias ante la PGR por acciones que, a su consideración,
representaban delitos penales. El Ministerio Público apenas notificó 14
resolutivos: seis fueron procedentes y ocho clasificados en reserva por “falta
de pruebas”.
De 2011 a 2015, la Procuraduría interpuso apenas 263
denuncias –un promedio de 52 por año–, que derivaron en 39 casos abiertos por
el Ministerio Público, apenas tres de los cuales terminaron en una
consignación, ya sea con o sin detenido. Es
decir, de las 263 denuncias por delito penal, sólo hubo castigo en 1.1% de los
casos.
La Profepa detectó
irregularidades en cuatro de cada diez inspecciones que realizó hace dos años e
impuso medidas correctivas en apenas 55.3% de los casos irregulares. Hasta
octubre de 2016, fecha en que la ASF concluyó la auditoría, la dependencia no explicó las razones “por
las que no sancionó todos los incumplimientos”.
En Aguascalientes,
por ejemplo, la dependencia realizó 11 inspecciones ese año, detectó
irregularidades en siete de ellas, pero impuso apenas una medida correctiva. En
Baja California Sur no impuso medidas en ocho de cada 10 irregularidades
detectadas. Igual en Campeche y en Tamaulipas dejó intocadas a tres de cada
cuatro situaciones irregulares.
En Colima, Chiapas,
Oaxaca, Sinaloa, Querétaro y Baja California, la dependencia detectó
irregularidades en más de 60% de sus visitas.
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