A casi tres años de
la huelga de hambre de trabajadores de la Universidad de Colima (Ucol), quienes
exigían transparencia y apego a la normatividad en la administración del fondo
de pensiones, persisten las irregularidades en el manejo de los recursos de esa
partida, denunció Leonardo César Gutiérrez Chávez, exsecretario general del
Sindicato Único de Trabajadores (SUTUC) de esa institución.
En entrevista, el catedrático de la casa de estudios aseguró que el Fondo Social de Apoyo al
Pensionado (Fosap) continúa en la opacidad y “se siguen violando el contrato
colectivo de trabajo y el contrato del fideicomiso”.
Gutiérrez Chávez, quien en 2014 fue destituido de la
dirigencia sindical universitaria mientras encabezaba el movimiento por la
transparencia y legalidad del manejo del Fosap, aseveró que el fideicomiso del Fondo de Pensiones de la Ucol no se
encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con solicitudes de información realizadas
recientemente por Leonardo Gutiérrez con base en la Ley de Transparencia, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el SAT “nos dijeron que ellos nunca han auditado ese fondo, que la información
es inexistente y en sus archivos de la delegación Colima del SAT y a nivel
federal no hay registro alguno de los fideicomisos de la Universidad de
Colima”.
Según el exdirigente
sindical, la falta de registro del fideicomiso del Fosap ante el SAT “es un
delito, pues es un recurso que no se está reportando ante la instancia
federal y bien puede ser dinero ilícito, esa es la gravedad del asunto; entonces aquí hay dos culpables, por un lado la
institución, que tiene la obligación de estar reportando cada peso que entra y
sale de la universidad, y por otro una de las responsabilidades del SAT es
vigilar todos los recursos”.
Lo más grave del
asunto, manifestó Gutiérrez, es que “nos dicen que no hay fideicomiso y, al no
existir, al no estar registrado en el SAT todos los trabajadores estamos en el
aire, en la indefensión total”.
Luego refirió que la
SEP solicita cada año a las universidades entregar la auditoría de sus fondos
de pensiones para evaluarlos, pero “hasta ahorita lo que hemos encontrado,
desde mi punto de vista, es una complicidad de la SEP, de la Cámara de
Diputados y del SAT para no dar a conocer esta información”.
En un informe financiero de la Ucol obtenido de la SEP
mediante un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Nacional d
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), Gutiérrez dice haber encontrado
“evidencias muy notables” de irregularidades en el manejo del Fosap.
Una de ellas, mencionó, es
el hecho de que el pago de la nómina de jubilados y pensionados se realiza de
las aportaciones que entrega el gobierno estatal a la institución educativa, y
nadie sabe para qué se utiliza el dinero que se descuenta a los trabajadores y
la cantidad que corresponde aportar a la universidad.
Así también, agregó, en
un informe financiero que el rector José Eduardo Hernández Nava entregó en
diciembre pasado a la Cámara de Diputados, aparece el dato de un retiro de
alrededor de 200 millones de pesos de la cuenta del Fosap –que de casi 800
millones quedó en 570 millones de pesos– sin una explicación precisa de su
destino.
“No sabemos para qué
se utilizó ese dinero; ahí dice que para un pago, pero no aclara de qué. Si
fuera de la nómina, ésta es de 110 millones de pesos, para qué sacaron más”,
cuestionó.
Por otra parte, refirió que solicitó a la Cámara de
Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la nómina de
jubilados y pensionados de la Ucol, que inicialmente le fue negada, pero
finalmente por órdenes del INAI le fue entregada únicamente la información
correspondiente a 2013.
“Aunque esos datos
son atrasados –dijo– nos sirven para confirmar lo que hemos dicho antes: hay
gratificaciones de jubilados y pensionados muy por encima de la máxima
categoría del máximo nivel académico de la Universidad de Colima, sobre todo de
ex rectores y altos exfuncionarios”.
Leonardo Gutiérrez señaló
que los ex rectores jubilados perciben cantidades similares o cercanas al
sueldo del rector en funciones, que actualmente es de 169 mil pesos mensuales, además
de recibir un aguinaldo equivalente a 60 días de salario.
Estos beneficios,
expuso, son producto de acuerdos cupulares en detrimento de los recursos del
Fosap, que “son sangrados” con los ingresos de un pequeño grupo
privilegiado de exdirectivos de la universidad, que se llevan en conjunto alrededor de 20 millones de pesos anuales, esto
es, casi 20% de la nómina total del fondo de pensiones.
Entre los ex rectores
jubilados se encuentra el exgobernador Fernando Moreno Peña, el exsecretario de
Salud Carlos Salazar Silva y el exdiputado federal y actual delegado estatal de
la SEP Miguel Ángel Aguayo López, entre otros.
Una de las
irregularidades, a juicio del ex líder sindical, es el hecho de que para
dictaminar si se cumplían los requisitos legales para obtener ese monto
jubilatorio no se reunió el comité técnico del Fosap, como lo marca el
reglamento para la aprobación de cada caso particular.
En una de sus solicitudes de información más recientes,
Gutiérrez Chávez logró una resolución favorable de parte del INAI para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue los informes sobre el uso y
destino de los recursos financieros federales otorgados a la Universidad de
Colima, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2016.
Concluyó: “Conocer los informes trimestrales del ejercicio
presupuestal de la máxima casa de estudios del estado de Colima posibilita,
entre otras cosas, la ampliación en la capacidad de exigencia sobre los niveles
de calidad del bien público, del que se benefician no sólo los integrantes de
las comunidades académicas, sino la sociedad en su conjunto, pues sus labores
trascienden sus aulas, por lo que es de interés general no sólo la legalidad en
la aplicación de los recursos, sino su ejercicio eficaz y eficiente”.
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