Sin la autorización
del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la
construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi
200 mil millones de pesos.
Lo hizo sin
desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo
de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente
la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la
Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de
pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de
la Unión, lo que en este caso no ocurrió.
Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de
“Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación
Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015,
concluyó que el gobierno federal –a
través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)–
etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto
público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los
cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.
El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha
perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el
gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca
públicamente.
Deuda disfrazada.
En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró
que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal,
encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y
operación de igual número de penales federales en distintos estados del país.
Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.
Para edificar los
penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de
las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles
mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.
Lo anterior no es
ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a
una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que
corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en
construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el
Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.
Nada de lo anterior
ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto
corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara
del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más
que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.
La ASF alertó que
bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo
lo que marca el artículo 74 de la
Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la
aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que
comprometen recursos a futuro.
“Por los compromisos
de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima
conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación,
ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los
Centros penitenciarios” indicaron los auditores.
En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento
con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y
no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las
empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de
los centros penitenciarios.
La ASF consideró
insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los
penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no
pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que
marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del
Congreso.
“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda
Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada
como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se
convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por
199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la
prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos
pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.
Penales se entregaron tarde.
Los contratos
firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la
ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales
en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos,
Michoacán y Coahuila.
Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a
partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que
siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en
marzo de 2013. Esto no ocurrió en la
mayoría de los casos.
La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los
penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres
penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y
diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015
mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.
En cuanto al centro
penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las
auditorías este aun no entraba en funcionamiento.
En resumen, solo en dos de ocho casos los centros
penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta
cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.
Pese a esta situación
no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el
incumplimiento de los compromisos originales establecidos.
Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la
auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de
diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas
contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad
Nacional.
“Se considera que
esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se
proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se
mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos
antes referida”, indicó la ASF.
La buena: se acabó sobrepoblación.
Si bien la construcción de estos nuevos centros
penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto
corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación
de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria
en el país.
El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016,
identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En
respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en
los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en
los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades.
Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a
otras.
Además hubo una reducción de la población federal
penitenciaria quedando en menos de 25 mil internos, mientras que actualmente
existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.
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