Sandra Ávila Beltrán
obtuvo un amparo que obliga a la Subprocuraduría Especializada de Investigación
en Delincuencia Organizada de la PGR a informarle sobre 10 cuentas bancarias
que le incautó.
Ávila Beltrán,
conocida como la Reina del Pacífico, busca que la PGR descongele dichas cuentas
para acceder a los recursos económicos que ahí se encuentran depositados, cuyo
monto se desconoce.
Aunque la PGR ya presentó un recurso de revisión, el amparo
que obtuvo podría servirle para que, a través de su defensa, promueva un nuevo
amparo, específicamente, para la liberación de las cuentas.
Ávila Beltrán fue detenida en septiembre de 2007 y procesada
por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; además de
narcotráfico y operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de
dinero.
No obstante, el 3 de
diciembre de 2010, el juez Décimo Octavo de Procesos Penales Federales en la
Ciudad de México, dentro de la causa penal 101/2003, dictó sentencia
absolutoria en favor de Ávila Beltrán por esos ilícitos.
La mujer estuvo recluida en México hasta el 9 de agosto de
2012, día en que fue extraditada a Estados Unidos para ser procesada por
asociación delictuosa en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de
Florida.
Ahí se le acuso de entregar 100 kilogramos de cocaína a
Estados Unidos entre enero de 1999 y marzo de 2004, junto a su pareja
sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, y otras personas, por lo que fue sentenciada a 70 meses de
prisión en el vecino país.
Tras ser repatriada a México, en agosto de 2013, la mujer
fue encarcelada y sentenciada, en septiembre del 2014, a cinco años de prisión
y mil días de multa por lavado de dinero y, finalmente, en febrero de 2015 quedó libre.
Desde entonces inició
una batalla legal para recuperar propiedades y cuentas bancarias que le
incautaron debido a que, según la PGR, eran producto de actividades
relacionadas con el narcotráfico.
A la fecha ha
obtenido, a través del amparo, varias resoluciones a favor, una de ellas en el
expediente 766/2015 promovido ante un juez de Sonora, en la que logró una
sentencia para que le devuelvan una propiedad localizada en Hermosillo.
El pasado 20 de febrero, la mujer obtuvo un nuevo amparo en
el que alegó “el silencio” de la PGR a sus múltiples peticiones para que se le
informe sobre bienes asegurados y la negativa a su devolución.
“Son esencialmente fundados los conceptos de violación
esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo
solicitado”, aseguró el juez.
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