El Gobierno de EU
indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio
Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace seis años
cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte
de agentes fronterizos en California.
El acuerdo que, aún
debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será
dividida entre los cinco hijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca
del 25 % para cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud
presentada ante la corte del distrito sur de California.
“Estados Unidos ha
aceptado pagar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la
aprobación de esta petición”, detalla el documento, firmado por el grupo
legal que representa a los deudos y al que Efe tuvo acceso hoy.
Hernández fue
detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin
documentos. Horas más tarde, fue trasladado a la antigua zona de deportaciones
cercana a la garita de San Ysidro en donde se registró un altercado que fue
captado por dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonos celulares.
De acuerdo a la
demanda, el suceso se habría iniciado supuestamente porque el mexicano no acató
la orden de poner las manos sobre la cabeza.
En respuesta, agentes
fronterizos arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una
serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más
tarde.
La antigua zona de
deportaciones, sobre lo que en aquel entonces era Puerta México, se encontraba
a la vista de miles de peatones que ingresan diariamente a la ciudad fronteriza
de Tijuana (México).
En uno de los videos
se escucha cómo Hernández pide ayuda en más de una ocasión, mientras que
testigos pedían a los oficiales que detuvieran los golpes.
En noviembre de 2015,
el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos criminales a doce
agentes federales, incluyendo supervisores, al determinar que no había evidencia
suficiente para comprobar que estos actuaron con malicia.
El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo
de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del
indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que continúa pendiente.
Este caso impulsó a
que organismos civiles demandaran que agentes fronterizos porten cámaras en sus
uniformes para evitar casos de uso excesivo de fuerza.
Los abogados de los agentes involucrados habían presentado
una apelación ante el Noveno Circuito, aunque finalmente se llegó a un acuerdo
para poner fin a la demanda civil por homicidio culposo y uso excesivo de
fuerza interpuesta hace siete años.
Por lo pronto, se
citó a una nueva audiencia a principios de marzo en la corte federal de San
Diego, en la cual, se podría aprobar la resolución.
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