Prácticamente tres meses después de
las elecciones en el Estado de México, un juez autorizó finalmente ayer a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a
acceder a los datos de los dueños de las líneas telefónicas desde las cuales se
realizaron llamadas amenazantes a ciudadanos mexiquenses la noche previa a la
votación.
Santiago
Nieto, titular de la FEPADE, calificó este avance como un “triunfo judicial”,
pues permitirá a la dependencia continuar la investigación sobre estos actos de
intimidación y determinar con qué recursos no declarados fueron realizadas
estas llamadas.
Esta fue solo una de las prácticas
empleadas para inducir el voto el día de la elección que ganó el priista
Alfredo Del Mazo Maza, hijo y nieto de gobernadores de la entidad, primo del
presidente y exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, e integrante del
llamado Grupo Atlacomulco.
Durante la
presentación de un informe elaborado por la organización Incide Social, Nieto subrayó que la institución a su cargo
enfrentó distintos retos en las investigaciones sobre los delitos electorales
perpetrados en el Estado de México.
Entre ellos,
obtuvo “negativas sistemáticas” de
funcionarios en entregar información, bajo el argumento de que las elecciones
eran locales, mientras otros servidores públicos interpusieron amparos para
frenar las indagaciones en su contra. “Es raro que servidores públicos se
amparen contra actos administrativos”, señaló.
Por ello, de las 306 carpetas de investigación abiertas
en torno a los comicios de la entidad mexiquense -26 de las cuales involucran a
funcionarios que amenazaron con suspender el otorgamiento de programas
sociales-, apenas 36 derivaron en acciones penales.
La FEPADE
abrió dos líneas de investigación sobre el reparto masivo de tarjetas -la
Verde, la Roja y la Rosa- por parte del PRI. La primera abarca la entrega de
dinero en efectivo y la segunda tiene que ver con el acto ilegal de entregar
material con la promesa de recibir dinero posteriormente.
En el informe, Incide Social
documentó que el gobierno mexiquense de Eruviel Ávila Villegas violó
impunemente las leyes electorales al continuar, por decreto, 66 programas
sociales durante el proceso electoral.
La
legislación mexiquense permite a los gobiernos que mantengan los programas
sociales durante la veda electoral sólo cuando se trata de servicios educativos
y de salud.
Sin embargo, 40 de los 66 programas
sociales que Ávila Villegas mantuvo a partir del 31 de marzo no tenían nada que
ver con esos dos rubros, algunos de ellos incluso implicaban la entrega de
materiales y alimentos.
Uso
discrecional.
De manera
más general, el informe de la
organización retrata un panorama demoledor sobre el uso discrecional de los
programas sociales en el Estado de México: señala que la entidad no tiene leyes
para blindar o fiscalizar sus programas, que el gobierno estatal no
transparenta las reglas de operación del otorgamiento de subsidios, ni fomenta
la educación cívica, tanto de los servidores públicos como de los
beneficiarios.
Por si fuera
poco, desde 1999 la entidad no tiene ley
presupuestaria, por lo que el gobierno estatal puede destinar fondos a los
programas sociales de manera opaca y arbitraria y fuera de toda fiscalización.
Pamela San
Martín, consejera en el Instituto Nacional Electoral (INE), subrayó que
anteriormente, las autoridades electorales concentraban sus esfuerzos en cuidar
las casillas el día del voto, “pero ahora el problema ni de cerca empieza en
las casillas, sino desde el principio del proceso electoral”, insistió.
En año
electoral, añadió, los políticos multiplican los eventos de entrega masiva de
becas, computadoras laptop, tablets o televisoras y gastan millonarios recursos
en propaganda para dar visibilidad a sus informes de labores.
Fue para
contrarrestar este uso discrecional de los recursos públicos que el INE aprobó
las medidas de “cancha pareja”, aseveró la consejera. Apegadas a la
Constitución, éstas prohíben a los gobiernos hacer un uso político de la
propaganda oficial, planteó.
Y recordó que esta decisión, “un paso
adelante” en la sanación de la vida democrática mexicana, atrajo más de 300
impugnaciones de senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales,
así como de la propia oficina de la Presidencia de la República.
“Nos muestra cómo la clase política mira el
servicio público y los recursos públicos”, deploró la consejera.
Clara
Jusidman, fundadora y presidenta honoraria de la organización, insistió en que
el uso clientelar de los programas sociales y recursos públicos se asientan
sobre la “espectacular desigualdad social” que impera en el país.
Feminización
de delitos electorales.
Nieto
reconoció que “la parte del blindaje electoral es insuficiente”, y subrayó que
lo importante es “la política pública que permita controlar el uso discrecional
de los programas públicos”.
El abogado indicó que durante el proceso electoral más
reciente surgió un nuevo padrón en la compra de voto: la feminización de los
delitos electorales. Explicó que la Fepade tiene abiertos más de 145 casos en
los que vocales del programa Prospera –generalmente mujeres que no son
funcionarias públicas– amenazaron a beneficiarias del programa para captar
votos.
Y deploró: “la delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de México tiene más funcionarios que
la Fepade en todo el país”.
Bernardo Barranco, consejero de la
junta local del INE en el Estado de México, se mostró más virulento que los
demás participantes a la mesa de debate: sostuvo que el proceso electoral que
llevó Del Mazo a la gubernatura “ha sido de las más sucias desde la de Arturo
Montiel”.
Aseveró que,
durante los meses previos a la elección,
“se conjugaron aspectos arcaicos en la compra de votos con métodos novedosos”,
todos los cuales tuvieron el mismo telón de fondo: la pobreza que arrasa en la
entidad más poblada del país, donde siete de cada 10 habitantes padecen por lo
menos de una carencia social.
Muestra de lo anterior fueron los 680
eventos masivos con tintes electoralistas protagonizados por altos funcionarios
en la entidad a principios del año. En 90 de ellos participaron miembros del
gabinete de Enrique Peña Nieto, así como Angélica Rivera, la esposa del
mandatario.
Barranco sostuvo que, en los municipios más pobres
del Estado de México, los niveles de participación fueron particularmente altos
–hasta alcanzar 70%– y en los mismos municipios los votos arrasaron a favor de
Del Mazo.
Recordó además que, el día de la
elección, nueve mil funcionarios de casilla eran a la vez beneficiarios de
programas sociales y que seis mil de ellos participaron a la jornada ciudadana
como parte de la alianza de partidos que apoyó a Del Mazo.
Bernardo
Barranco deploró que los consejeros electorales tienden a banalizar la compra
de votos. Tomó un ejemplo: en 2011 se viralizó un video en el que aparecía el
entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca,
Bernardo García Cisneros.
En el material,
se podía ver cómo éste explicaba a militantes priistas del municipio mexiquense
de Chalco el esquema diseñado por el PRI para comprar votos en la entidad a
favor del candidato Eruviel Ávila Villegas.
Este video, subrayó, “fue desechado
como evidencia”, el caso permaneció impune y Eruviel ganó las elecciones.
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