Apegado al
marco jurídico de la Transparencia, el
Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus
secretos no sean revelados hasta dentro de una década o más.
El pasado
viernes 1 de septiembre, el jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la
Unión su Quinto Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de
Cuentas al que lo obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes Reservados del
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que conciernen al
desempeño gubernamental.
Es la mayor cifra de información bajo
reserva desde 2004, año en que el Índice fue creado. Felipe Calderón Hinojosa, postulado
por el Partido Acción Nacional y quien inició a los diez días de Gobierno una
guerra en contra del crimen organizado, cerró con ocho millones de expedientes reservados.
A esa cifra, en 2015, Enrique Peña Nieto le había sumado otros cuatro millones
120 mil 71 asuntos. Hoy, en la coyuntura del inicio de su sexto año de
Gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil
expedientes. Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de 4
millones 406 mil 136.
Es decir, el Gobierno de Peña Nieto
ha hecho crecer la reserva de información en 55 por ciento.
“Los mexicanos tienen derecho a saber
cómo y en qué se invierten los recursos públicos; qué hacen las autoridades y
cuáles son sus resultados”, expresó Enrique Peña Nieto al promulgar la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la cual desde mayo de 2015 obliga a
cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos a transparentar
toda la información que genere.
Esta Ley se
agregó a la pasada Ley Federal de Transparencia, promulgada por Vicente Fox
Quesada en 2001.
Aunque fortificado el marco legal de
la Transparencia no logró abrir los cerrojos de ciertos asuntos. Así, quienes
quieran conocer cuál fue el diagnóstico sobre la guerra en contra del
narcotráfico que Felipe Calderón le entregó a Enrique Peña Nieto deberá armarse
de paciencia y esperar hasta 2024. Hasta ese año están reservados todos los papeles
que conciernen al estado en que estaba el país y que Calderón le dio a su
sucesor en una carpeta que tenía el título “Panorama Nacional”.
En plena crisis del espionaje
gubernamental, si alguien aspira a saber la verdad histórica de las compras de
software por parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional [CISEN]
tendrá que esperar una década. Ese órgano de inteligencia reservó hasta 2027
los contratos CISEN
128/13 y CISEN /020/15 con los que adquirió “Galileo” de la empresa The Hacking
team, un spyware.
Tampoco puede conocerse el estado de
salud de Enrique Peña Nieto. EPN se encargó de clasificar su expediente clínico
como confidencial.
Y para esclarecer por qué el 2 de
septiembre de 2014, cuando el Primer Mandatario rindió su Segundo Informe, el
Zócalo se convirtió en estacionamiento de camionetas Suburban, habrá que
esperar un poco más. El Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva los nombres
de los funcionarios que lo permitieron hasta 2027.
A un año de
que su Gobierno concluya, pocos reconocen aquella imagen carismática y empática
en la persona del presidente, como se presentó en la campaña electoral.
Entonces, ¿qué asesoría ha recibido? Los
ciudadanos mexicanos no podrán conocer el contenido de este servicio porque
apenas iniciada la Presidencia, el 1 de julio de 2013, el jefe del Ejecutivo
ordenó poner bajo reserva esta información. Cualquier dato que se desprenda de
los contratos celebrados con agencias de publicidad quedaron reservados hasta
el 1 de julio de 2018.
También están bajo una reserva que
caducará en 2018, todos los resultados de las encuestas que ha mandado a hacer Enrique
Peña Nieto sobre su aprobación entre los ciudadanos.
En 2004,
gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer hombre no priista en ocupar Los Pinos.
Habían transcurrido apenas tres años de la promulgación de la primera Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información y de la creación del INAI
(en ese tiempo IFAI). Ese año México
tenía 1.5 millones de expedientes reservados. Dos años después, Fox Quesada
concluyó su sexenio con 3 millones 839 mil.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa –Tenía
apenas diez días en el Gobierno cuando le declaró la guerra a los cárteles del
crimen organizado. Una crisis de derechos humanos que no ha concluido se desató
en el territorio mexicano con por lo menos 164 mil víctimas mortales, unos 30
mil desaparecidos y cientos de desplazados [casi todos los conteos coinciden en
estos números, pero aún no hay datos certeros].
Para 2008, el entonces presidente
Calderón tenía cinco millones 935 mil 808 expedientes reservados. Entre ellos,
los motivos de este combate y la forma en que se contaban los homicidios dolosos.
Pero no fue este
periodo el que causó más expedientes reservados. Ese ha sido el de la presente
administración federal.
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