Faltan escasos ocho meses para que México
elija a su próximo Presidente y el país estrena a un encargado de la
Procuraduría General de la República –Alberto Elías Beltrán– quien quizá no
cumple con los requisitos mínimos de Ley para dirigir dependencia, además, es
opaco al momento de declarar su patrimonio personal.
Alberto
Elías Beltrán, otrora titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría, asumió responsabilidades “por suplencia y,
por ende, el despacho de la gestión institucional”, según informó la PGR en un
comunicado.
“Para ser
Fiscal General de la República –según el Artículo 102 constitucional– es
necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años
cumplidos el día de la designación; contar con un mínimo de diez años de
experiencia laboral, incluido el título profesional de licenciado en derecho;
además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
doloso”.
Alberto Elías Beltrán pareciera
cumplir con al menos dos requisitos: el profesional y el educativo. Es un
abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien, en 1999, se tituló con
la tesis “Ley
federal contra la delincuencia organizada: un instrumento jurídico adecuado”, y obtuvo su cédula profesional ante la
Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2011.
Las
declaraciones patrimoniales del ahora Procurador –al menos hasta que el Senado
designe una terna y elija a un nuevo titular de la PGR–, refieren que se ha
desempeñado como litigante desde 1998, cuando fungió como subdirector de
litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín. A partir de 2007,
asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR. Y ese
mismo año, pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), donde de puesto en puesto, permaneció hasta noviembre de 2016.
En 2017,
Elías Beltrán fue investido como subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría. Esa posición fue la que lo llevó a
convertirse en el máximo responsable de la procuración de justicia en nuestro
país, pues de acuerdo con el Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de
la PGR, “durante las ausencias del Procurador”, el despacho y resolución de los
asuntos estarán a cargo, en prístino lugar, “de los Subprocuradores Jurídico y
de Asuntos Internacionales”.
Según las
leyes orgánica y constitucional vigentes, Elías Beltrán habría cumplido los
cinco años de requisito para ser subprocurador y los 10 años necesarios para
ser Procurador. Sin embargo, como
explicó a este medio digital José Alfonso Aparicio Velázquez, abogado
especialista en transparencia y corrupción, por lo general la experiencia
profesional se considera a partir de la fecha en que fuera expedida la cédula
profesional, y no a partir de la expedición del título profesional.
“[La cédula]
realmente acredita tu experiencia profesional como perito en derecho […], más
en un abogado, y más en una Procuraduría que es la encargada de la
administración de justicia. Hay una Ley de profesiones y para los abogados,
para el ejercicio profesional en la mayoría de las materias –porque esto no es
igual en cada materia–, pues dice que tenga la cédula profesional”, explicó
Aparicio.
Antes del 2012, previo a que la
Cámara de Diputados estableciera criterios más rigurosos -en materia laboral-
para evitar el “coyotaje”, en la Ley Federal del Trabajo no se exigía que los
abogados tuvieran cédula profesional. Hoy en día, al menos en materia penal, es
obligatoria.
Lo anterior es de suma importancia ya
que, a unos días de su investidura, como su primer acto, Elías Beltrán tomó la
decisión de separar de su cargo a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Este
argumento, entre otros, lo han usado los legisladores de oposición para
argumentar que la remoción de Nieto Castillo no es legal.
LA OPACA
FORTUNA DE ELÍAS BELTRÁN.
El Artículo
36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos obliga al titular de la PGR a
presentar su declaración de situación patrimonial, año con año, ante la
Secretaría de la Función Pública (SFP).
Elías
Beltrán es un político poco conocido. Y
es un hombre que se mantuvo transparente hasta mayo de 2011, cuando declaró sus
ingresos salariales, sus propiedades, vehículos, inversiones y demás posesiones
que conforman su peculio.
Sin embargo,
a partir de esa fecha y hasta mayo de
2017, el ahora encargado de la PGR presentó declaraciones prácticamente vacías.
En ellas sólo detalla su grado máximo de estudios y su experiencia laboral,
además asegura no contar con posibles conflictos de interés.
En cambio, la riqueza que amasa es un
espacio en blanco.
El funcionario se apegó al derecho que le permite no hacer públicos sus datos
patrimoniales.
La transparencia “es un principio de
toda la autoridad. El ser transparente no sólo es una obligación jurídica sino
un deber político, porque justamente la legitimidad de las autoridades en su
actuar, está basada en la forma en que son transparentes”, dijo a SinEmbargo el abogado José
Alfonso Aparicio Velázquez.
Si una autoridad es opaca, señaló,”
hace presumir, contrario a la carga de su presunción de la buena fe, de que hay
algo opaco. Y aunque no se sepa qué, voltea la presunción de los actos de buena
fe”.
A pesar de
que los funcionarios públicos pueden reservarse de declarar sus bienes a detalle,
en la opinión de José Alfonso Aparicio
Velázquez, siempre es necesario que la sociedad sepa lo que las autoridades
están haciendo. Inclusive cuando reservan la información, los servidores tienen
la obligación de explicar la causa, mencionó.
“La transparencia no se cierra aún
con la información confidencial. Las razones siempre deben de estar de cara a
la sociedad, porque hay una intención de que la sociedad te audite porque es la
que te paga”,
apuntó.
En el caso
particular de Elías Beltrán, de 2007 a 2017, el nuevo Procurador presentó 17 declaraciones patrimoniales, pero sólo
nueve de ellas, detallan los pormenores acerca de su peculio.
En abril de
2007, cuando se desempeñaba como director general adjunto de la PGR, Elías
Beltrán percibía 50 mil 535 pesos mensuales de salario -35 mil 535 por cargo
público y 15 mil por actividad industrial o comercial-. Sus máximas
prestaciones las registró en junio de 2009, ya en calidad de director general
adjunto de la SHCP, cuando ingresaban a sus bolsillos 208 mil 451 pesos al mes.
Sin embargo, el último salario
registrado data de mayo de 2011, por un monto de 138 mil 476.75 pesos
mensuales.
Pero, de
acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno
federal, como subprocurador, Elías
Beltrán percibía un sueldo bruto de 194 mil 708.34 pesos mensuales. Y ahora,
como titular de la PGR, le son asignados al menos 205 mil 122.05 pesos brutos
al mes.
Sus bienes inmuebles declarados, por
otro lado, son relativamente modestos. Elías Beltrán, al parecer, no tiene
casa; aunque sí un terreno “donado” de 160 metros cuadrados, valuado en 593 mil
200 pesos [2011]. Asimismo, en cuatro años como funcionario público, el valor
de los objetos que componen su “menaje de casa” aumentó en un 47.5 por ciento.
Dicho valor pasó de 200 a 295 mil pesos.
Además, de abril de 2007 a mayo de 2011, declaró
contar con dos vehículos: una camioneta Jeep Liberty modelo 2004, que fue
pagada de contado y cuyo costo asciende a 229 mil 100 pesos; y un automóvil
tipo Volkswagen Jetta modelo 1999, adquirido por un crédito de 68 mil pesos.
En lo que respecta a sus inversiones,
durante esos cuatro años, fueron como una montaña rusa cargada de subidas y de
bajadas. Entre 2007 y 2010, sus inversiones se cuadruplicaron al pasar de 45 a
213 mil 066 pesos. Entre abril de 2010 y mayo de 2011, el dinero que invirtió
se redujo en un 65 por ciento, sin que el monto erogado se reflejara en la
adquisición de bienes u otros gastos. De ese modo, a mediados de 2011, Elías
Beltrán tenía una fortuna invertida de 98 mil 468 pesos.
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