Por su presunta implicación en las
operaciones para lavar dinero -mediante el despojo de tierras ejidales de Lerma
con el dinero que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa saqueó de las arcas
veracruzanas, los notarios públicos Nelia del Pilar y Jorge Luis Pérez Curmina
podrían perder sus fiats.
Pedro Celestino May Can, exlíder de
la desaparecida agrupación Tierra y Libertad que se conformó para defender las
tierras ejidales de Lerma, adelantó lo anterior, luego de reunirse con el
equipo del “órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, con sede en Querétaro, que se encargó de la investigación del caso.
Los documentos acopiados en la
batalla legal que May Can emprendió hace nueve años contra la familia Mouriño y
sus presuntos prestanombres por el despojo de tierras de Lerma para la
construcción de su exclusivo Country Club, resultó, sin proponérselo, un hilo
conductor para las autoridades en el caso Duarte de Ochoa.
“Los dos notarios se prestaron a las
irregularidades en el despojo de tierras”, señaló el ejidatario, y explicó que
la semana pasada la SHCP cerró su carpeta de investigación y, al vencer el plazo
de un año que se les dio, ninguno de los fedatarios respondió a lo que les
solicitaron los investigadores como parte de sus pesquisas.
Debido a lo
anterior, añadió, ambos se hicieron
merecedores a sanciones que pueden conllevar hasta a la pérdida de sus
respectivos fiats.
May Can
recordó que Jorge Luis Pérez Curmina
certificó las actas de asambleas ejidales en las que se falsificaron hasta las
firmas de ejidatarios muertos para darles el reconocimiento como avecindados y
posteriormente como ejidatarios a los prestanombres de Javier Duarte a fin de
poder otorgarles el dominio pleno de las tierras ejidales.
“El licenciado Jorge Luis Pérez
Curmina validó la asamblea del 27 de diciembre del 2011, cuando le dan el poder
y el dominio pleno a todos los prestanombres de Javier Duarte, y él certifica
que los nuevos avecindados estuvieron presentes en la asamblea”, dijo.
“Sin
embargo, a través de la investigación del área especializada de Hacienda, se determinó que estas personas nunca
estuvieron en Campeche ni estuvieron presentes en la asamblea”, añadió, y
consideró deleznable que un notario público se preste a legitimar actos de
corrupción como estos.
El exlíder
de la desaparecida agrupación Tierra y Libertad mencionó que, en el
interrogatorio de Hacienda, el notario
reconoció que sí certificó la asamblea, pero sostuvo que no sabe quiénes
estuvieron ahí y que ignora si en realidad estuvieron presentes José Manzur
Cisneyros y los otros prestanombres de Duarte. Tampoco se percató de que se
falsificaron firmas de ejidatarios muertos.
Asimismo,
comentó que, por otra parte, los
investigadores de Hacienda encontraron que varios ejidatarios que cedieron sus
derechos ejidales a los prestanombres del exgobernador veracruzano recibieron
sus pagos, cuyos montos oscilaron entre los 300 mil a los 500 mil pesos, en la
notaría de Nelia Pérez Curmina.
El
denunciante explicó que, en esa oficina
al parecer, se pagó a los ejidatarios aproximadamente 20 millones de pesos por
21 parcelas que suman una superficie total de 630 hectáreas, que posteriormente
los prestanombres de Duarte habrían vendido en 236 millones de pesos a una de
las empresas fantasma que se crearon para lavar el dinero.
Esa superficie, dijo, es la que tiene
asegurada la Procuraduría General de la República (PGR), aunque destacó que
probablemente la red de Javier Duarte se quedó con nueve mil 400 hectáreas de
terrenos de Lerma.
“Había otra venta ya lista, por 800
millones de pesos, pero parece que por la intervención de Hacienda se frenó”,
señaló.
Según May Can,
dicha secretaría emplazó a la notaría a
proporcionar la lista de las personas que recibieron pagos, para verificar si
cubrieron el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Le dieron un plazo de un año, que
empezó a correr en noviembre de 2016 y vencía el 16 de octubre.
No obstante, hasta el día 15, no
había respondido.
De acuerdo con el denunciante, a los
ejidatarios implicados también se les fijó un plazo para informar a Hacienda si
recibieron dinero, cuánto, cómo y de quiénes y si pagaron el ISR por la operación.
El plazo para ellos también venció.
“Ya toca a Hacienda imponer las
sanciones que cada uno merezca”, añadió.
May Can informó que para los investigadores de
Hacienda sí se logró configurar el delito de lavado de dinero y delincuencia
organizada, pero ya corresponde a la PGR hacer su parte para que el
exgobernador de Veracruz sea sentenciado.
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