Pedro Vázquez, representante del
Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que
las cuentas bancarias que presuntamente fueron utilizadas para lavar dinero en
Nuevo León, delito por el que fue acusado el líder petista en Aguascalientes,
Héctor Quiroz García, están a nombre de María Guadalupe Rodríguez, esposa del
dirigente nacional de ese partido, Alberto Anaya.
“Los
recursos que manejan los Cendis (Servicio de guarderías y Centros de desarrollo
infantil), y en especial estos proyectos educativos, por convenio con el
gobierno del estado, por haber desde un principio iniciado un proceso de
reconocimiento y de regularización, el
gobierno del estado, junto con los Cendis, aprobaron la apertura de unas
cuentas –bancarias–, y efectivamente las cuentas sí están a nombre de la
maestra Lupita (Guadalupe Rodríguez)”, aceptó el petista.
Sin embargo,
mencionó que la pareja de Alberto Anaya
no es la única que firma en ellas, sino que es una cuenta mancomunada, “y el
ejercicio de esos recursos están diseñados para su ejecución con base en los
proyectos y programas que se realizan en los Cendis”.
Pedro Vázquez
añadió que “todo este ejercicio de
recursos es supervisado por un consejo técnico, que es el responsable de
garantizar la aplicación correcta de los recursos, no es que ella decida hacia
dónde se va el dinero, es un problema de las necesidades que cada uno de los
centros de desarrollo infantil tiene en los diferentes municipios de Nuevo
León”.
Así, el petista señaló que el
ejercicio de los recursos se hace mediante los sistemas de contabilidad, de
finanzas y de control que los propios órganos de fiscalización, a nivel estatal
y federal, tienen.
Además, refirió que “se entregan
informes trimestrales, semestrales y anuales, que son sujetos a comprobación
mediante auditorías y todos los cheques de esas cuentas son nominativos, y
existen pólizas y facturas, además de nombres de las personas a las que fueron
entregados”.
Finalmente,
el representante del Partido del Trabajo ante el INE expresó que “toda la documentación que ampara el ejercicio de los
recursos destinados a los Cendis ya está en poder de las autoridades de Nuevo
León y la Auditoría Superior de la Federación, y aseguramos categóricamente que
se manejaron de manera transparente y con apego a la ley”.
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