El
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró
que la bancada del PRI en el Congreso de la Unión protege a exfuncionarios del
sexenio de Javier Duarte que cometieron millonarios desvíos en detrimento de
los veracruzanos.
En
entrevista, el mandatario panista-perredista precisó que Tarek Abdalá y Alberto Silva, investigados por la Procuraduría
General de la República (PGR), han sido exhibidos en las cuentas públicas de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización de
Veracruz (Orfis), sin embargo, el PRI en San Lázaro se ha negado de manera
sistemática a votar su desafuero.
“Es muy lamentable que ante las
evidencias que los vinculan en hechos delictivos en contra del patrimonio del
pueblo veracruzano, el grupo parlamentario del PRI siga protegiendo a Abdala y
Silva”.
El
exdirector general del ISSSTE detalló que tan sólo en 2016, a Silva –ex coordinador general de
Comunicación Social– se le acusó de desviar alrededor de dos mil millones de
pesos.
Por su
parte, al extesorero Tarek Abdalá la
Fiscalía General del estado (FGE) le achaca el desvío de recursos públicos
estatales y federales hasta por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.
“El PRI debería de actuar con
responsabilidad; la buena nota es que a ambos políticos se les termina su fuero
el próximo 30 de agosto y ya no podrán evadir la justicia”, expresó Yunes Linares.
Vía
WhatsApp, el legislador priista Alberto
Silva Ramos, quien en el sexenio de Duarte también fungió como secretario
de Desarrollo Social, secretario particular del exgobernador y líder estatal
del PRI, envió a Apro un documento
dirigido a Ricardo Ramírez Marín, presidente de la Comisión Instructora en San
Lázaro, donde le pide “dejar sin efecto” los juicios de procedencia,
imputaciones o fincamiento de responsabilidades en contra de él y Tarek Abdalá,
y no pasarlos al pleno para ser votados, dado que no se cuenta con el voto de
la mayoría de los integrantes de dicha comisión.
El dictamen con juicio de procedencia
en contra de ambos legisladores veracruzanos fue regresado a la Sección
Instructora del Congreso de la Unión.
A escala
federal se ha señalado que los diputados
federales Adolfo Mota, Édgar Spinoso, Erick Lagos y Jorge Carvallo
–exfuncionarios del primer círculo de poder en el sexenio de Duarte– también
fueron partícipes del saqueo financiero a Veracruz, sin embargo, transcurridos
más de diez meses del gobierno de Yunes Linares, ninguno de ellos ha sido
señalado por la FGE.
En el
organigrama del PRI estatal, fuera de grabadoras, los priistas han señalado que Lagos, Spinoso y Carvallo entregaron
pruebas a Yunes Linares sobre los desvíos de recursos de Javier Duarte y
familia. Supuestamente los documentos y pruebas fueron “canjeadas” por
impunidad.
Y al parecer lo mismo ocurre a escala local
con los extesoreros y exsecretarios particulares de Duarte, Vicente Benítez
González y Juan Manuel del Castillo –hoy legisladores locales de Nueva Alianza
y del PRI–, a quienes el gobierno de Yunes Linares no ha tocado.
Benítez González aparece
como protagonista en las denuncias con los oficios DGJ/C1/2245/2014,
DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 y DGJ/C1/2228/2014, que la
Dirección Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por
el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, tan sólo en la cuenta
pública 2011, alusiva al primer año de gobierno de Javier Duarte.
El nombre de Juan Manuel del Castillo como tesorero
de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), aparece en el legajo de
denuncias que interpuso la ASF en la PGR contra el gobierno de Duarte por el no
resarcimiento y/o devolución de más de 33 mil millones de pesos de las partidas
presupuestales federales.
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