El Frente abarata la renta básica universal.

Francisco Ortiz Pinchetti.

La propuesta del Frente Ciudadano por México de establecer en nuestro país la renta básica universal no es en sí misma una ocurrencia. Tampoco es un ardid populista y demagógico, sino todo lo contrario. No es por cierto nada nuevo. Se trata de una utopía, en el más estricto sentido del término: algo muy difícil de lograr, pero posible, que hoy se debate en el mundo entero. Además de ser una medida revolucionaria y justa, digo yo.

Suena efectivamente ilusorio –y hasta caricaturizable, como hemos visto– el propósito de entregar a cada mexicano, sólo por el hecho de existir, una suma igual de dinero al mes que sea suficiente para su subsistencia digna. A todos, sin discriminación de edad, sexo, origen étnico, actividad o condición económica. Usted, yo, el campesino, Carlos Slim, el desempleado, el obrero, el niño, el ama de casa, Andrés Manuel, la abuelita, Kate del Castillo, el indígena, el vendedor informal, el policía, el presidente de la República, la tamalera, el viene viene, monseñor Norberto Rivera, el bolero, el cargador de La Merced, el alcalde de Tingüindín, el estudiante…

La idea de la renta básica universal, sin embargo, es cosa bien seria. En diversas partes del mundo ha sido motivo de estudios, discusiones e inclusive pruebas y ensayos limitados desde hace tres décadas. Ha sido tema destacado de debates entre economistas de la talla de Milton Friedman (Premio Nobel 1976) y en el Foro Económico de Davos. Se considera una posibilidad real para combatir la pobreza y la desigualdad, alentar la iniciativa emprendedora del ciudadano y enfrentar el reto de la automatización que amenaza al ámbito laboral de manera global.

Finlandia ha sido pionero mundial en este tema. En 2017 se lleva a cabo en ese país un programa piloto que incluye a dos mil personas, cada una de las cuales recibe una renta mensual de 560 euros. Los resultados podrán evaluarse en un término de seis años. En Oakland (EU) serán mil familias las que recibirán 500 euros mensuales y Utretch, en Países Bajos, experimentará también esta fórmula este año. Canadá acaba de anunciar un programa similar de tres años para cuatro mil personas de tres regiones de Ontario.

En nuestro país, hace cuando menos diez años que la renta básica universal se contempla en círculos académicos como una posibilidad. El pionero del tema fue el escritor Gabriel Zaid, que en los años 70 lo propuso como mitigación a la pobreza. Actualmente existen diversas iniciativas legislativas que proponen su creación. Pocos saben o recuerdan que en enero pasado estuvo a punto –a un tris– de ser incorporada a la nueva Constitución de la Ciudad de México.

Desde abril de 2015, el senador Luis Sánchez Jiménez, actual coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 constitucional en ese sentido. Argumentó que ante la desproporcional posesión de la riqueza que prevalece en México, los ciudadanos deben tener derecho a un ingreso básico “con carácter universal, único, equitativo y progresivo”.

Precisó que ese Ingreso Básico Ciudadano, como le llamó a la renta, no es en forma alguna una política “filantrópica” o populista, de privilegios o asistencial, sino que se constituye como un derecho humano que promueve la igualdad y la equidad en la distribución de la riqueza, al reconocer la aportación de todas las personas para generar la rentabilidad de la inversión productiva.

La propuesta del legislador perredista tiene sustento en estudios diversos de expertos mexicanos sobre el tema, que han considerado una prestación pública que se concedería a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Un salario por nada; una red asistencial básica que frena en seco la miseria. En muy pocos años, dicen, esta suerte de antídoto contra el veneno de la pobreza extrema ha pasado del terreno de la utopía al de las políticas públicas factibles. Su razón de ser se reafirma en un país de las características de México, donde hay 53 millones de personas en situación de pobreza.

“Es viable, se puede financiar: solo hace falta que haya voluntad política real”, aseguró hace poco Enrique del Val, director general de Planeación de la UNAM. Tanto la Coneval, el ente independiente que evalúa las políticas públicas contra la pobreza en México, como la Cepal, la comisión económica de la ONU para América Latina, ya han validado la idea; pero debe entenderse que su aplicación requiere diversas reformas constitucionales y debe ser paulatina y a mediano plazo.

Tanto los economistas abocados al tema de la renta básica universal como los políticos que ahora promueven su establecimiento coinciden en que la forma más obvia y factible de financiarla es mediante la eliminación de unos seis mil 500 programas sociales federales y estatales que existen en el país y el reencauzamiento de los recursos que actualmente manejan, estimados para 2017 en más de 70 mil millones de pesos.

Me parece que el asunto es tan revolucionario y tan importante que valdría la pena evaluarlo cabalmente a la luz de los análisis serios y probados de los especialistas y no en el marco de una campaña electoral. Ese es el riesgo de la propuesta presentada el lunes pasado por el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD y el MC, a través del dirigente nacional panista Ricardo Anaya Cortés. Aludió al tema como “uno de los tres ejes” de la plataforma electoral de la coalición.

No ha tardado una respuesta reprobatoria muy generalizada, de quienes la consideran una propuesta populista, demagógica, oportunista, irrisoria y electorera. Pienso que sin que ello invalide su trascendencia, hubo en efecto y lamentablemente más afanes proselitistas que razones fundamentadas en el anuncio precipitado y poco sustentado, confuso, del líder panista, empecinado aspirante además a la candidatura presidencial.

Hay que recordar que la incorporación de la renta básica universal a la Constitución capitalina, impulsada inicialmente por los diputados constituyentes del PRD y luego por los de Morena, fue dictaminada de manera favorable en comisiones. Sin embargo, los legisladores del PAN, como los del PRI, se opusieron a aprobar su carácter “universal”, esencial a su naturaleza, lo que frustró su aprobación cabal, pues se limitó a un apoyo circunscrito sólo a la población en extrema pobreza.