Adela
Navarro Bello.
Enrique Peña
Nieto, el todavía presidente de México, ha engañado con la verdad.
En diciembre de 2014 su Gobierno de
la República y el Poder Legislativo a su servicio modificaron la Ley y crearon
la Fiscalía General de la República, al menos en papel y en discurso, una
institución con autonomía y poder de investigación que sucedería a la
Procuraduría General de la República, tan anquilosada, corrupta e ineficaz,
particularmente en la lucha contra el crimen organizado-en todas sus variantes-
y el combate a la corrupción.
Meses
después, en mayo de 2015, la Cámara de
Diputados publicó la Reforma Constitucional que habría de dar el banderazo a la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Un año
después, el mismo titular del Poder Ejecutivo y sus senadores comparsas,
modificaron el 15 de junio de 2016 la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República para institucionalizar la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, una institución con “autonomía técnica y operativa para
investigar y perseguir los hechos que la Ley considera como delitos en materia
de corrupción”.
El presidente así “le dio” a la
sociedad organizada los instrumentos que pide para combatir la corrupción, pero
al mismo tiempo ha hecho con sus aliados incondicionales en las cámaras
legislativas todo lo políticamente posible para que ese sistema no funcione.
A poco más de un año que concluya la
administración de Peña Nieto, ni hay Fiscalía General, ni hay Fiscal
Anticorrupción, y por tanto los delitos y sanciones por actos de corrupción
contra servidores públicos y particulares producto de la reforma al Código
Penal Federal no se pueden perseguir, porque no hay un Fiscal nombrado para
ello (ese fue un transitorio).
De hecho,
estamos peor. No hay Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales,
al haber despedido el encargado de despacho de la PGR al titular de esa área,
Santiago Nieto Castillo, el 20 de octubre, luego que éste diera a conocer que
había recibido presiones por parte de uno de los imputados en el caso de los
sobornos de la brasileña Odebrecht, pero además íntimo amigo y ex colaborador del
presidente, Emilio Lozoya Austin.
Sin Fiscal
General, sin Fiscal Anticorrupción, sin Fiscal de Delitos Electorales, todo lo que queda es la PGR y la Secretaría
de la Función Pública para investigar no sólo a Emilio Lozoya por las
acusaciones que los ejecutivos de Odebrecht han hecho sobre su persona,
proporcionando incluso tiempos, cuentas de banco, instituciones financieras y
transferencias por más de 10 millones de dólares, sino los delitos que cometan
el resto de los funcionarios en este el último año de Enrique Peña Nieto en la
Presidencia de la República.
Y bueno, estando la PGR en poder de Elías Beltrán,
un ex colaborador de Raúl Cervantes, el ex Procurador, y cuya primera acción,
por encima de dar a conocer alguna investigación exitosa contra alguno de los
cárteles de México o sus capos, y de hecho antes de dar seguimiento a la
indagación del caso Odebrecht que según Cervantes ya estaba en su etapa final,
fue despedir al Fiscal que, precisamente, investigaba el caso.
De la Secretaría de la Función
Pública, también en manos de una ex empleada de la Procuraduría General de la
República, Arely Gómez, la segunda titular de la PGR en la administración
peñanietista, y quien como Fiscal se distinguió por no concluir
investigaciones, por no indagar a los de casa, y colgarse de las aprehensiones
que sobre capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán hicieron las Fuerzas Armadas en
colaboración con corporaciones antinarcóticos de los Estados Unidos, poco se
puede esperar.
Es decir, Ni Beltrán ni Gómez gozan de autonomía como
resultado de sus cargos de la Presidencia de la República, ambos responden al
titular del Ejecutivo y no al compromiso de procurar justicia, combatir la
corrupción y dar certeza jurídica para luchar contra la impunidad.
En estas
condiciones, con un Instituto Nacional Electoral que en la revisión de gastos
de campaña de 2012 no detectó los depósitos de compañías filiales de Odebrecht
a la campaña del PRI, como lo demostró en una amplia y documentada pieza el
organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que es probable que inicie una investigación cinco años después tras
la denuncia presentada por miembros del PRD, pues el panorama para la justicia
no es el más alentador.
Lo que sí queda claro es que al presidente
eso del combate a la corrupción no es un compromiso propio, lo ha sido en
materia de leyes, reglamentos y oratoria, pero no de activación del sistema
para perseguir a varios miembros de su gabinete, empezando quizá por Lozoya,
cuyos caminos llevan a Peña.
Después de
haber denunciado públicamente la desaseada forma en que fue despedido, y de
solicitar audiencia en el Senado de la República para presentar su caso, y
haber pedido a los mismos senadores que en ellos estaba su reinstalación al
frente de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo
se retractó. Lo hizo siete días después de haber sido despedido, presionado y
quién sabe qué tantas más acciones de represión política o personal en su
contra.
El comportamiento de Nieto no fue ni
errático, pasó de un extremo a otro. De ser un combatiente a favor de la
democracia y contra la corrupción y la impunidad, de hacerse acompañar por
actores sociales, políticos de oposición al PRI y sus aliados, y exigir lo que
en derecho creía le correspondía, la titularidad de la FEPADE para continuar con
la investigación de los sobornos a Lozoya, se convirtió en un personaje gris,
que dejando colgado el acompañamiento que logró de la sociedad organizada,
redactó una carta retirando su objeción al despido y su petición al Senado de
analizar su caso para reinstalarlo.
Los
senadores que alargaron la toma de la decisión en el Senado y aquellos que
tomaron la Tribuna Legislativa, los primeros para que se consumara el despido
de Santiago Nieto, los segundos para votar por una reinstalación, ahora no
analizan nada. El presidente de la República intentó deslindarse del despido
diciendo que el caso estaba en la Cámara Alta, y del encargado de despacho de
la PGR que corrió al Fiscal poco se sabe. Del caso Odebrecht, por supuesto,
nada.
Las presiones sobre Nieto Castillo no
se dudan, como
tampoco que en base a ellas haya tomado la decisión de retirarse del pleito de
su vida. Su conocida cercanía con Raúl Cervantes, el ex Procurador, habrá
tenido algo que ver, sino su cantada enemistad con el presidente al no
subordinarse al despido.
Lo que este caso de corrupción,
presión e impunidad le dice claramente a México es que, en este país y con esta
Presidencia, los corruptos están a salvo, por encima de
cualquier institución.
Legislaciones van y vienen y los
corruptos ahí permanecen. Justo ahí se ve la crisis de justicia que vive el
País, donde su estructura investigadora carece de tres Fiscales esenciales para
perseguir a los funcionarios que cobijados con el fuero y la complicidad de
Peña Nieto transan con la seguridad del delincuente que sabe de antemano que
podrá escabullirse entre los huecos de un Gobierno fallido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.