La práctica común.

Javier Risco.

¿Qué hacer para que no se quede en un simple comunicado? ¿Cuántas veces la Auditoría Superior de la Federación ha hecho señalamientos de sobrepagos? ¿Qué son cientos de millones de pesos en un país de gobernadores que roban miles?

Ayer amanecimos con la noticia en varios diarios de circulación nacional que Petróleos Mexicanos pagó 61 por ciento más a la constructora Odebrecht de lo que se había establecido en el contrato original para distintos proyectos de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la obra se contrató por 1, 436 millones de pesos y se ejecutaron trabajos por 2 mil 315 millones de pesos. ¿Cómo se falla en un presupuesto por 879 millones de pesos? ¿En qué empresa se pasa esto por alto? En Pemex. Esa, dirigida por Emilio Lozoya en la época de adjudicación directa de este inflado contrato, el mismo Lozoya que operó parte de la campaña de quien hoy ocupa la silla presidencial… ¿aun así debemos creer que se tratan sólo de ‘observaciones que hay que subsanar de la auditoría’?

A nadie le extraña, ya es práctica es común: sucede en el Paso Exprés de Cuernavaca, en los hospitales entregados en los estados, en las autopistas sin terminar, en las escuelas prometidas, en la inauguración más insignificante, en la utilización de Universidades para subcontratar prestadores de servicios que no entregan lo pagado… el mecanismo es similar: siempre se eleva el contrato, la regla es sobre-pagar a como dé lugar, si no, no hay negocio ¿Se puede hacer algo en este paso, se puede castigar a los responsables de hacer la proyección de gastos? La justificación del gobierno los deja siempre como los “torpes” responsables que una vez más han “fallado”.

Y en un asunto que debería ser un escándalo nacional, una evidente prueba de los señalamientos de corrupción de un caso internacional, todo indica que se quedará en una falla de cálculo. Ayer mismo respondió Pemex, dijo lo de siempre: “Pemex atenderá dentro del plazo concedido las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, una vez que las mismas sean notificadas, y aportará toda la información necesaria a fin de que se determine y sanciones cualquier acto ilícito cometido en contra de la empresa productiva del Estado.

“Desde que se tuvo conocimiento de los resultados de las investigaciones a Odebrecht en Brasil, Pemex ha venido colaborando estrechamente con las instancias de procuración de justicia, en particular con la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República”, bla, bla, bla.

En un país con un mínimo de vida democrática, un mediano sistema de justicia eficiente, resultados como los que da la Auditoría Superior, en el último año de su actual titular, en el contexto de señalamientos explícitos contra el exdirector responsable, ya habría una carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República, pero en México, el escenario del sistema que facilita la impunidad es daño al erario de 900 millones de pesos por los que no va a rodar ninguna cabeza.

Y es que en lugar de una Procuraduría eficiente y autónoma enjuiciando a funcionarios corruptos, tenemos a un ex procurador compadre, que deja en su lugar a un alfil capaz de derribar impunemente a un fiscal electoral y dar carpetazo a las auditorías que incomoden a algún miembro honorario del grupo, por un caso de corrupción que tiene en la cárcel incluso a un emblemático expresidente brasileño.

En nueve meses vamos a tener una oportunidad más de conservar al grupo de tricolores amigos o de buscar construir una realidad en la que la impunidad no esté marcada por un escándalo de corrupción en primera plana, que queda como una anécdota más al siguiente día, para dar espacio al nuevo escándalo del país del no pasa nada.

La bola está en nuestra cancha.