A finales de
2012, y de manera destacada a partir del 1 de diciembre de aquel año, la
protesta social enfrentó la mano dura de los gobiernos federal y de diferentes
entidades federativas. El regreso del
PRI a la Presidencia de la República inauguró un período de oscuridad que se ha
radicalizado en todo el país y que en la Ciudad de México encontró en el
gobierno de Miguel Ángel Mancera a un eficiente subordinado.
Añeja fórmula, el vandalismo
tolerado, protegido y con múltiples indicios de ser inducido como parte de un
plan perverso, manchó el ejercicio de las libertades de manifestación y
expresión, configurando en los grupos que expresaban su inconformidad ante
políticas públicas o actos del poder, un enemigo público.
Aquellos que vandalizaban
encapuchados transitaban sin problemas entre contingentes policiacos, que embestían
a mujeres y hombres ajenos a los desmanes, pero cuya presencia era relevante en
algún movimiento u organización.
Un día detenían a dirigentes
estudiantiles que se oponían a una reforma a plan de estudios, otro a un líder
vecinal que rechazaba la voracidad inmobiliaria tan cercana al manierismo, y ni
siquiera escapaba a las golpizas un defensor de derechos de los niños que salía
a protestar con su familia por Ayotzinapa.
Maquinaria perfecta. Los policías
detenían, el Ministerio Público articulaba cargos absurdos, un juez local les
daba entrada, algunos medios de comunicación reproducían las versiones
oficiales y legislaban en sus páginas el anarquismo como delito de conciencia,
ideología reivindicada o no por las víctimas, quedó proscrito en los tribunales
de la opinión pública.
La capitalina Comisión de Derechos
Humanos, además de omisa, hizo suyos los argumentos confeccionados en los
sótanos de la policía política mancerista: dilató
recomendaciones que a la larga fueron precarias, descalificó a las víctimas y
combatió las oportunidades para que los detenidos quedaran en libertad. Su
hoy expresidenta, Perla Gómez Gallardo, dilapidó su prestigio precedente,
cuando los amparos evidenciaron la nula probanza de los jueces de consigna y cuando las víctimas la acusaron de
promover reparaciones económicas para cerrar expedientes sin ahondar en el mal
estado de las libertades.
El desempeño de Perla Gómez fue peor
de lo que podría esperarse. En días pasados, María de Lourdes
Mejía, madre de Sinhué Cuevas, asesinado a tiros en 2011; Luna Flores,
encarcelada sin pruebas por participar en la marcha del 2 de octubre de 2013, y
varios de los detenidos el 1 de diciembre de 2012, insistieron en la ilegalidad
y bajeza de “la doctora”, que reveló datos personales al declarar nombres y
montos recibidos por reparaciones o ayudas que, siendo legales, servían para
descalificar el reclamo de las víctimas para la no repetición de violaciones a
derechos fundamentales.
Gómez también se opuso férreamente a
la propuesta de amnistiar a quienes permanecen presos por su participación en
protestas, una iniciativa que, habiendo conseguido el
consenso de todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, logró que
se aprobara en comisiones, y ya para subir al pleno fue obstaculizada por el
gobierno capitalino a finales de 2016.
La salida de Gómez y el reiterado
consenso de los grupos parlamentarios abren una vez más la oportunidad para que
la amnistía pase por fin y logre hacer justicia a tres personas que siguen
presas, a más de 500 detenidos arbitrariamente de 2012 a 2015, a los que fueron
condenados en proceso y que aun en libertad quedaron con antecedentes penales,
y a quienes tienen que seguir firmando en libertad caucional y carecen de
derechos políticos por ello.
El problema que enfrentan es el
activismo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, el perpetrador, pues dejar
pasar la amnistía implicaría una admisión de la ilegalidad con la que se ha
conducido durante todo su sexenio.
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