Javier Risco.
Todos los
que vivimos en la Ciudad de México deberíamos de tener clara la respuesta a la
pregunta que da título a esta columna, por
la simple razón de que vamos a pagar por ella, la mayoría, hasta que muramos.
Y este tema,
al que los periodistas Samuel Adam e Israel Ortega del diario Reforma han dado
seguimiento desde hace un par de meses, ayer
provocó uno de los más grandes zafarranchos en las siete legislaturas de vida
de la Asamblea Legislativa.
Este
proyecto, que ha sido presumido por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
como un gran beneficio medioambiental para la ciudad, no se trata más que de la privatización y monopolización del
tratamiento de la basura de toda la capital, y la monopolización de la energía
eléctrica para que funcione el Metro y los edificios de gobierno tengan luz.
Ok, por
pasos. La termovalorizadora es una
planta de tratamiento de residuos sólidos que convertirá las 4 mil 500
toneladas de basura, de 13 mil, que diario generan los capitalinos en
electricidad. Esta planta estará en los terrenos del Bordo Poniente, donde
durante años se llevó la basura de la ciudad. Esta electricidad es energía
limpia, en teoría, no contaminante. Puesto así parecería que no hay de qué
quejarnos.
Ahora,
¿cuánto va a costar y quién la va a pagar?
La
Secretaría de Obras capitalina y la Agencia de Gestión Urbana lanzaron una licitación y le dieron el
contrato a la empresa Veolia, que construirá la planta y tiene el derecho a
operarla los próximos 33 años. ¿En qué condiciones? Aquí es donde empieza a
enturbiarse el asunto.
De acuerdo
con el contrato obtenido por los periodistas de Reforma, vía transparencia, se establece un pago de más de 12 mil
millones de pesos sólo para la construcción, y en dicho contrato se mantenía
oculto el monto que además tendríamos que pagarles los capitalinos a la empresa
para que nos den esa electricidad que obtendrán de nuestra basura.
¿O sea que además de regalarles el
manejo de nuestros residuos sólidos les vamos a pagar para que nos den la
energía que obtengan y que podrán comercializar? Sí. Y aunque en el contrato se mantiene
oculto el monto, la ALDF proyectó un
pago de al menos 109 mil millones de pesos, lo que equivale a la mitad del
presupuesto de toda la ciudad.
Y no sólo es opaco el monto que
ocultó el gobierno de CDMX, antes de irse a pelear la candidatura presidencial,
sino también las contraprestaciones a las que se comprometió el gobierno, que
son hechos que tanto la Secretaría de Obras, la Agencia de Gestión Urbana y el
Metro estarían obligados a realizar los siguientes 33 años. Seis jefes de
Gobierno, obligados a cumplirlo.
¿Puede haber
más malas noticias en este asunto? Nuestros políticos no tienen límites. Una de las cosas que estipula el contrato
firmado con Veolia es que estamos obligados a comprarles a ellos y sólo a ellos
la energía con la que operarán las 12 líneas del Metro y que abastecerá a todos
los edificios de gobierno de esta capital.
¿Y en qué
parte entran los diputados de la ALDF, que por esto ayer llegaron incluso a los
golpes? En la sesión de este martes, los
diputados del PRD, PAN, PRI, PVEM, PT, Humanista y Encuentro Social
destituyeron ilegalmente a la morenista que presidía la Mesa Directiva, para
llevar a cabo la votación en la que aprobaron que para que estemos seguros que
Veolia tendrá siempre su pago a tiempo y en forma, se destinarán todos los
remanentes de las partidas federales de la ciudad, o sea, el dinero que no se
ejerza año con año, y se irá directo al pago de la empresa. Negocio redondo.
Como respuesta, los diputados de
Morena tomaron la tribuna –todos, excepto los cinco que son del grupo político
de Ricardo Monreal–,
situación que tensó a tal punto la sesión que incluso dos diputadas se pegaron
y mordieron –sí, leyeron bien.
Este es un ejemplo de cómo disfrazar
un proyecto de beneficio ambiental y por debajo del agua regalarle parte de la
ciudad a la iniciativa privada.
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