Que no se culpe al sistema.

Javier Risco.

Las excusas para no cumplir alguna obligación siempre son las más fáciles de construir. Decir que en este país sólo hay 1 por ciento de probabilidad de que se resuelva un delito del que fuiste víctima, y que eso es culpa del sistema, es no asumir responsabilidades. ¿Cómo podemos medirlo?

Esta semana, la organización Impunidad Cero dio a conocer el ranking de eficiencia de las procuradurías estatales, que mide a través de siete variables qué tan bien están desempeñando las procuradurías la impartición de justicia; desde el tiempo que se tardan en atender a los denunciantes, la confianza que la gente les tiene, hasta los recursos que destinan para la resolución de delitos.

Ayer, en el programa de, Así las Cosas, en W Radio, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Irene Tello, directora Ejecutiva de Impunidad Cero, y a Guillermo Zepeda, uno de sus investigadores, quienes, además de contarnos el terrible panorama del desempeño de estas entidades de justicia, nos daban un dato interesante: aquéllas que han avanzado es porque han sabido cómo implementar correctamente el tan atacado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

¿Cómo? ¿No es ese sistema que el jefe de Gobierno, secundado por varios gobernadores, ha dicho que es el culpable de que haya más inseguridad en las calles? Sí, ese mismo sobre el que ha emprendido una cruzada desde su presidencia en la Conago, ese que lleva poco más de un año de funcionar por completo en todo el país y que tardó ocho años en implementarse.

De acuerdo con este ranking, que observa buenas y malas prácticas en los ministerios públicos, la entidad mejor evaluada en su desempeño es Chihuahua, con 450 puntos de 700, mientras que al fondo de la tabla se ubica Guerrero, con 180. ¿Cómo en un mismo país hay tanta diferencia?

“Tiene que ver con las variables: cuánto destinan a la procuración de justicia per cápita en los estados, cuántos ministerios públicos tienen por cada 100 mil habitantes, cuánto tardan en atender a la gente cuando va a presentar una denuncia, qué tantas probabilidades tienen de esclarecimiento de los delitos, ya sea de homicidio doloso y en general”, detallaba Irene Tello.

Ante este abismo entre una y otra, cuestionamos cómo había hecho el estado gobernado por el panista Javier Corral para ser medianamente eficiente y notablemente mejor que el resto, y la respuesta fue simple: ha sabido aprovechar las bondades del nuevo sistema.

Y es que uno de los propósitos fundamentales de transitar a los juicios orales era despresurizar la enorme carga de trabajo que existía en los ministerios públicos, otorgando un peso importante a medidas alternativas de solución de conflictos, es decir: que no todo sea cárcel, sino que pueda haber mediación, otras medidas cautelares para delitos de alto impacto. ¿Para qué? Para que los de por sí pocos ministerios públicos y la policía de investigación se dedicara de lleno a resolver los delitos de alto impacto, como el homicidio o el secuestro.

Esto implicaba no sólo un cambio de nombre, sino una forma diferente de concebir la impartición de justicia, chip que no cambiado en más de 20 entidades, según los resultados de este índice.

“Sí vimos que hay un aumento de efectividad con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio: es 80 por ciento más efectivo que el anterior sistema, son cifras que tenemos que usar en vez de usar argumentos para intentar asustar a la gente de que no está funcionando”, agregaba Tello.

¿Qué es lo que está fallando? Además de la corrupción que aún impera y la enorme desconfianza de la gente en las procuradurías, debemos analizar si estamos atendiendo adecuadamente a las víctimas, si tenemos mejores unidades de medidas cautelares, si hay fiscalías especializadas o si simplemente estamos desarrollando pretextos para no hacer bien lo que nos corresponde.