La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
tuvo 14 mil millones de pesos para ejecutar las estrategias de conservación de
carreteras en el país, pero desde 1993 almacena datos en un sistema
computacional obsoleto y ni siquiera tiene el personal suficiente para
verificar periódicamente los avances de la construcción de infraestructura
carretera.
Así lo
indica la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de los “Controles
establecidos en la elaboración y operación del Programa Nacional de
Conservación de Carreteras”, en el segundo informe de la Cuenta Pública 2016.
La dependencia a cargo de Gerardo
Ruiz Esparza es ineficiente para ejecutar este programa, toda vez que en los
últimos 24 años han trabajado con el sistema MS-DOS en el que se reporta la
información sobre el Sistema de puentes de México, que sirve para “priorizar”
qué puentes se deben construir.
Dichos datos se guardan en discos
magnéticos de 3 1⁄2 pulgadas y esto, dice la Auditoría, “es un riesgo de alto
impacto, ya que en caso de que el sistema falle o no se encuentren los insumos
para operarlo, se perdería toda la información”.
Además,
aunque cada Centro SCT en el país cuenta con el Sistema de Puentes de México, es tan obsoleto que no tiene comunicación
remota con el sistema de la Dirección general de conservación de carreteras,
por lo que los funcionarios tienen que ir a las oficinas centrales para
actualizar la información del estado físico de los puentes a nivel nacional.
Aunque la información de los puentes
se sistematiza cada año, lo hacen en disquetes y lo obsoleto del sistema impide
conocer el comportamiento del estado físico de los puentes de forma histórica.
La Secretaría tampoco cuenta con controles de acceso que garanticen la
seguridad, aplicación y operación de la información procesada y ni siquiera
realiza evaluaciones periódicas al sistema para verificar su calidad,
suficiencia y requerimientos de control.
Pocos
supervisores y deficientes registros.
Apenas en
julio pasado, se abrió un socavón en el Paso exprés en Cuernavaca, Morelos,
inaugurado tres meses antes por el presidente Enrique Peña Nieto y el
secretario Ruiz Esparza. La Auditoría concluyó que hubo gastos inflados en la
obra y se utilizaron materiales de mala calidad.
En teoría, la SCT tiene mecanismos
para verificar que esto no suceda durante la construcción de la obra. Sin
embargo, ni siquiera hay supervisores suficientes para verificar el cumplimiento
de los reglamentos, y la dependencia ni siquiera cuenta con un sistema
efectivo, para integrar los expedientes de cualquier obra en el que se registra
cada movimiento administrativo sobre la construcción.
La
supervisión contemplada en el Programa nacional de conservación de Carreteras,
por ejemplo, se realiza primero por los
residentes de obra de los centros de la SCT en todo el país, y su
responsabilidad es verificar que los trabajos de se hayan ejecutado conforme a
lo planeado.
La Auditoría
escogió cuatro entidades como muestra de la ejecución del programa por región:
Campeche, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Para
310 obras, sólo existen 40 residentes de obra.
Esto, dice
la Auditoría, “representa un riesgo, ya
que la responsabilidad de la supervisión de los avances físicos de las obras se
concentra en un número reducido de servidores públicos”.
Por otra
parte, la Dirección encargada de
ejecutar dichos programas, contrata a proveedores de servicios de supervisión,
quienes verifican la ejecución y calidad de las obras. Con ello se puede
conocer si existen atrasos o irregularidades en las construcciones.
En 2016, la SCT hizo 59 contratos de supervisión por
171 millones de pesos, lo que representa 1.3% del presupuesto ejercido por los
Centros SCT, que ascendió a 13 mil millones 173 mil pesos.
Debido a
estas observaciones, la SCT acordó con la Auditoría analizar la redefinición de
las estructuras orgánicas, para que se cuente con personal suficiente, en los
centros de trabajo en el país.
Además, los registros en el papel también son
deficientes. La SCT ni siquiera tiene lineamientos para la integración de
expedientes de obra, es decir, todos los registros administrativos y de control
para una obra, incluyendo los funcionarios públicos que intervienen.
La Auditoría detectó que los
expedientes carecían de las firmas de los funcionarios responsables de elaborar
y aprobar las bases de licitación, en las actas de fallo y falta de
justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, avances de obra
y finiquito.
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