Más de cuatro años han pasado desde
que un policía municipal de Chimalhuacán y dos compañeros abordaron a una
pareja de novios menores de edad, uno de los agentes violó a la jovencita de 14
años y mató al varón de 16; A la fecha, las familias siguen navegando entre los
juzgados en busca de justicia y en donde sólo han recibido largas, pese a que
el proceso se realiza dentro del “nuevo sistema de justicia penal”, que
presuntamente sería para agilizar la justicia.
En la Sala 3
de los juicios orales de la calle Bordo de Xochiaca, en Nezahualcoyotl, Estado
de México, estaba programada la
audiencia de apertura de juicio oral contra los policías municipales de
Chimalhuacán, Pedro Luis B.R, Alán H. G y Francisco J.A, por los delitos de
abuso de autoridad, ataque sexual de la menor Ale, y el asesinato de su novio
Manuel.
El
desarrollo de la audiencia en donde se darían los alegatos de apertura es de
especial relevancia para ambas partes, principalmente
las víctimas porque para ellos significa estar más cerca de obtener la
sentencia contra los acusados.
Las familias de los ofendidos
llegaron al recinto esperanzadas que por fin iniciara el juicio oral. Se sentaron en los asientos de la parte
derecha de la sala, ubicados detrás del Ministerio Público. Son menos que el
cúmulo de personas que acudieron en apoyo a los imputados. Algunos de los parientes de los acusados se
acomodaron en las sillas colocadas detrás de la defensa, como normalmente
ocurre, pero otros eligieron tomar lugares cerca de las víctimas. No es la
primera vez que sucede.
El juez oral
Juan José Colón Marquez inició la audiencia. Después de ceder la palabra al
Ministerio Públicp para su presentación, la tomó la defensa.
Alán, uno de los tres imputados,
optó, nuevamente, por cambiar de abogado y su defensor de oficio, Carlos
Alberto Rodríguez argumentó que no va preparado para el acto: expuso que no ha
tenido comunicación con el imputado, ni tiene los discos de las grabaciones del
proceso, ni documentos necesarios para los alegatos.
La Fiscalía,
resignada, respondió que no tenía
oposición en que la audiencia fuera suspendida. De insistir en su desarrollo
pondrían en riesgo el caso, ya que darían pie a la defensa a pedir una
reposición del proceso, explicó después a los ofendidos.
La audiencia
se suspendió, y el juez fijó para el 21 de noviembre la nueva fecha.
Después del
juez oral los presentes se levantaron. Los imputados abandonaron la sala, pero
desde un cuarto interior detrás de una ventana, se despidieron sonrientes de
sus familiares, levantaban la mano en seña de adiós, mientras que sus allegados
les respondían con muestras de alegría usando sus manos, levantándolas y
cerrando el puño.
Los ofendidos salieron resignados,
este episodio no era nuevo: es otro que se suma a la carga de largas y largas
que han recibido por años de andar entre sala y sala en busca de justicia.
“En los cuatro años la defensa ha
extendido el caso a lo largo del tiempo con el cambio de defensores de oficio”, explicó la abogada de las víctimas,
Anayeli Pérez.
EL CRIMEN.
El 21 de
febrero de 2013 –con Eruviel Ávila como Gobernador– es la fecha en que cambió
la vida de Ale y Víctor, y sus familias. Ese día Manuel esperaba en casa a su
madre, la señora María Elena Ángeles.
“Llegué de
trabajar, le preparé unas gorditas, le di de cenar y se alistó para salir a ver
a la novia”, narra la madre del joven.
Cerca de las 10 de la noche, Manuel y
Ale, de acuerdo a la información brindada por sus abogados, estaban juntos
dentro de una camioneta cuando llegaron tres elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Chimalhuacán de nombres Andrés Alan H. G, Francisco J. A. y Pedro
Luis B.R.
Les
indicaron a los menores que descendieran del vehículo.
Cuando los jovencitos bajaron, Pedro
se llevó a la menor a unas canchas de futbol y ahí la violó; después los
hombres se retiraron del lugar.
Ale le contó a su novio que había
sido atacada, y ambos acudieron a buscar a sus padres para ir a denunciar.
“Él entró a la casa a pedir nuestro
apoyo porque unos policías habían violado a su novia. La reacción fue
inmediata”, cuenta María
Elena, la madre de Manuel.
El joven, cuenta la mujer, le pidió
su acta de nacimiento porque media 1.80 y era corpulento, difícilmente se podía
creer que tenía 16 años. “Era un niño en cuerpo de hombre”, explicó.
Los menores, María Elena y su esposo Víctor
salieron de la casa rumbo a la de Ale, para pasar por el padre de ella.
Cuando
llegaron a la casa de la víctima y mientras esperaban al padre, María Elena
inquirió a su hijo sobre la razón de su detención, “Mamá no hicimos nada malo”,
le respondió, según narró la mujer.
No pasaron más de cinco minutos,
recordó, cuando la patrulla de los policías se estacionó en la parte de atrás
de ellos, sin hacer ruido, ni las luces prendidas.
Manuel y su padre descendieron y le
dijeron a Pedro que se bajara para responder por el ataque a la menor.
María Elena también descendió y
corrió hasta la patrulla en donde estaba el copiloto. “Íbamos solos, somos
gente de trabajo que no sabemos de armas”, platicó la madre.
Recuerda que
Alan la observó, “en su mirada llevaba muchas cosas, entre ironía, y que no
sabía qué hacer. Pedro volteó a verme también”.
La mujer insistía en pedir auxilio al
agente cuando escuchó un grito: ¡ayuda, auxilio, violaron a mi hija”.
Los policías
trataron de retirarse, arrancaron la camioneta, pero María Elena se aferró a
ella, “trataba de seguir, pero la patrulla iba tan rápido que mis pies ya no
daban, me solté y es cuando me voy de bruces”.
La unidad se
detuvo tras chocar contra un vehículo en la parte trasera.
Otro grito
alertó a la mujer: “¡Tu mamá!”. Ella pensó que iban a correr a levantarla, pero
miró de reojo que su esposo y Manuel corrían hacía la patrulla.
“Me levanté y fui hacía ellos y en el
momento en que llego… le disparó”, dice con voz cortada y llorando.
El policía hirió a Manuel en el
cuello y en un costado. Después los uniformados se dieron a la fuga.
“Le alcancé a preguntar a mi hijo
‘¿Estas bien?’, y me alcanzó a decir ‘pide una ambulancia'”.
Manuel llegó al hospital mal herido y
ahí perdió la vida.
LARGO
PROCESO.
Desde entonces y hasta la fecha, la
madre de Manuel no ha podido llevar el duelo.
Al mes de los hechos, Pedro fue
detenido, posteriormente Alan, y finalmente, en junio de ese 2013 capturaron
Francisco.
Pedro fue imputado y vinculado por
los delitos de abuso sexual, homicidio y abuso de la autoridad. Alan y
Francisco por los presuntos delitos de participación en abuso sexual y abuso de
la autoridad.
A lo largo del proceso por lo menos
ha habido seis cambios de defensores, tres por dos de los imputados, Alan y
Francisco; Pedro, según indicaron, ha continuado con el mismo. Esto ha dado
como resultado un aplazamiento constante.
“No se está garantizando el principio
de concentración”,
acusó la abogada coadyuvante de las víctimas.
El nuevo sistema de justicia penal
establece que un imputado no puede estar en prisión preventiva por más de dos
años, es decir, que desde hace dos años debieron de resolver, pero debido a que
ha sido la defensa quien ha alargado el proceso, el juicio sigue sin concluir.
“Se planteó la incidencia de los dos
años que marca la ley para prisión preventiva, pero esos años se han aplazado
por actos de la defensa porque han puesto recursos y porque han cambiado
defensores o han faltado a audiencias, el análisis estableció que no son actos
atribuibles al MP ni a las víctimas, por eso sigue”, explicó Pérez Garrido, coadyuvante de las
víctimas.
Otro de los
motivos por los que ha durado demasiado es porque el sistema de justicia acusatorio en el Estado de
México “no se está adecuando a los estándares, ni a lo que debe de ser, eso va más
allá del juez, es una cuestión estructural administrativa de cómo se está
implementando, explicó la abogada, es decir, el Estado lo está implementando mal y en perjuicio de las partes.
“Hay todavía un actuar doloso del
estado para no garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia”, denunció la abogada del
Observatorio Nacional de Feminicidios.
REVICTIMIZACIÓN.
El caso de Ale y Manuel fue llevado a
la capitación de la Academia de Policía como un ejemplo de lo que no deben
hacer los agentes; sin embargo, han criminalizado a las víctimas, puesto que en
la manera de exponerlo culpan a los menores, según denunciaron los padres,
quienes supieron de la práctica por un conocido que acudió a una capacitación, indicaron.
El
Observatorio de Feminicidios entró en apoyo en la etapa donde está por iniciar
los alegatos de juicio oral, por lo que tuvieron poco margen de actuar ante
irregularidades presentadas en un principio, expusieron las defensoras.
“Se perdió evidencia, y las familias
de las víctimas no tenían notificaciones oficiales”, comentaron
El señor Víctor, padre de Manuel,
abundó “por una buena persona dentro del sistema nos avisó que teníamos que ir
a las audiencias, un
tercero”
Cuando
pidieron apoyo del Observatorio de Feminicidio, y tomaron el caso, aún
alcanzaron a incorporar dos periciales que consideran importantes, entre ellos
el de Impacto psicosocial, que establece las consecuencias de los ofendidos, y
familiares de las víctimas, además de recuperar estándares para las medidas de
reparación del daño.
El peritaje
considera el caso desde una perspectiva de violaciones a derechos humanos por
ser cometido por servidores públicos, por ser tortura sexual y ejecución
extrajudicial.
“De hecho parte de los argumentos que
daremos en los alegatos es la petición al juez de que, a la hora de sancionar
por violación, sí retome los estándares de tortura sexual, y en el caso de
homicidio, también sea considerado como una ejecución extrajudicial”, señaló Pérez G.
La importancia de que el juez tome en
cuenta estos estándares es para la hora de establecer la reparación del daño,
que ésta sea integral, es decir, que además establezca para las víctimas ayuda
psicológica, seguridad para la joven Ale, y que en la Academia de Policía se
capacite en uso ilegal de la fuerza y en derechos humanos.
AMENAZAS Y
ESPERA.
Las amenazas contra la familia de las
víctimas, principalmente con la joven Ale se han presentado en varias
ocasiones, denunció la señora Ana María, madre de la entonces menor.
“Una vez se llevaron a una muchacha
cerca de la casa. Ha rondado una camioneta, y en alguna ocasión alguien llegó a
la casa, con ella y le preguntó que, si ella era la violada”, según narró la mujer.
Agregó que ha sido amedrentada por una de las testigos
a favor de los imputados y cuando las ve en la calle las insulta.
Debido al hostigamiento tienen que
ser acompañados por elementos de la Agencia de Investigación cuando tienen que
acudir a las audiencias,
“Ale, no está bien, ha intentado
quitarse la vida, no quiere salir porque le da miedo […], ella no ha quedado
bien yo la he visto mal, se me altera mucho, se pone a la defensiva. Se pone
agresiva con sus hermanos, no le puedo decir algo porque explota luego luego,
se pone muy nerviosa”,
explicó la señora Ana María.
La joven está a la espera de que ya
dicten sentencia “para poder dejar todo lo que trae”.
Los padres de Manuel, al menos su
madre, no ha vivido el duelo. “Ni yo misma alcanzo a comprender la dimensión de
esto que siento. Para mí esto es despertar a mi realidad de que sí sucedió, que
estamos en la lucha. A nosotros se nos negó la oportunidad de volver a empezar,
ellos [los culpables] aún pueden reivindicarse, si quieren, siguen vivos,
pueden ver a sus familias, pero nosotros no. Lo único que espero es que esto
tenga un buen resultado para la sociedad porque para nosotros como padres de
familia estamos conscientes que Manuel no va a regresar. Lo que espero es que
ya terminé, que los sentencien y empezar mi duelo”, expuso la mujer.
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