Araceli Damián.
Aunque todavía no son tiempos electorales,
la disputa por la sucesión presidencial de 2018 está desatada y los priistas
andan muy nerviosos, porque cada día nos enteramos de más actos de corrupción
del actual gobierno. Es evidente su falta de compromiso con el combate a ésta y
de su falta de oficio político, lo que ha provocado que las instituciones
encargadas de investigar, prevenir y sancionar este delito estén acéfalas.
A medida que salen a relucir noticias
que relacionan a la presente administración con casos de corrupción, el
gobierno trata de minimizarlas o taparlas, dando a conocer noticias
“alentadoras” para el país. Así sucedió este fin de semana. A pocos días de que
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer, en su segundo
informe parcial de la Cuenta Pública 2016, que se encontraron serias
irregularidades en contratos otorgados por PEMEX a la empresa brasileña
Odebrecht, involucrada en el escándalo internacional de corrupción, Peña Nieto anunció el hallazgo del
yacimiento de petróleo más grande de los últimos 15 años, ubicado en
Cosamaloapan, Veracruz.
No sé si fue su ignorancia,
insensatez o cinismo, pero Peña hizo el anuncio precisamente en la refinería
Miguel Hidalgo, Tula, lugar en el que, según la ASF, PEMEX pagó un sobreprecio
de alrededor de 1,000 millones de pesos a Odebrecht por obras relacionadas con
el aprovechamiento de residuos de la refinería. La ASF encontró otras irregularidades en los contratos otorgados por PEMEX a
Odebrecht, como la asignación de obras mediante adjudicación directa,
sobrepagos y sobreprecios en diversos servicios e insumos (hasta 300%
superiores al precio de mercado) y modificación de convenios sin justificación,
entre otras.
Llama la atención que funcionarios de
PEMEX hayan justificado la adjudicación directa argumentando que existía
premura para la realización de las obras, cuando dos de ellas están
suspendidas, no obstante, se adelantó un pago por 400
millones de pesos, a cada una. Pero lo
que más llama a suspicacia, es que tales adjudicaciones se hicieron cuando
Emilio Lozoya era director de PEMEX.
Recordemos
que Lozoya ha sido señalado por tres ex directores de Odebrecht por haber recibido “propinas” de parte de la empresa. Los
denunciantes alegan que se acercaron al ex funcionario por ser, en 2012, una
persona cercana al entonces candidato a la presidencia de la república, a
Enrique Peña Nieto. Según los testimonios Lozoya recibió 10 millones de dólares
en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.[1]
Lo ocurrido
en México con la empresa Odebrecht forma parte de un escándalo internacional de
sobornos y pagos indebidos realizados por la empresa a funcionarios en varios
países de América Latina; sin embargo,
es sólo en México donde ningún funcionario ha sido formalmente acusado de haber
recibido pagos indebidos por parte de Odebrecht. En otros países
expresidentes (Ollanta Humala y su esposa en Perú), presidentes (Juan Manuel
Santos en Colombia), vicepresidentes (Jorge Glas en Ecuador), legisladores y
secretarios de estado están siendo investigados, han tenido que declarar ante
la justicia y algunos de ellos han sido ya encarcelados.
En México el único que ha perdido su
empleo por el escándalo de Odebrecht es Santiago Nieto, ex fiscal de la FEPADE (Fiscalía especial para la Atención
de Delitos Electorales) por haber
denunciado presiones de Emilio Lozoya para evitar que continuara la
investigación en su contra. Con la destitución de Santiago Nieto el sistema
de procuración de justicia en México profundiza su crisis. Recordemos que
semanas antes de este suceso, Raúl Cervantes ex procurador de la PGR
(Procuraduría General de la República) se vio involucrado en un escándalo por
haber registrado un auto de lujo en Morelos para no pagar tenencia, con lo que
evadió el pago de impuestos, lo que constituye en los hechos un delito.
El vacío en
la PGR se complejiza dado que la reforma política, aprobada en 2014, convierte
al Procurador General en el próximo Fiscal General, que durará nueve años en el
cargo y podrá designar al Fiscal Anticorrupción, el cual no ha podido ser
nombrado hasta este momento, aun cuando ya existe la fiscalía. Así, los tres
principales órganos de procuración de justicia han quedado acéfalos, sin que se
vislumbre la posibilidad de un acuerdo político en el Congreso de la Unión para
designar a quienes habrán de encargarse de la prevención y lucha contra el
delito, particularmente el de la corrupción.
Es paradójico que mientras todo el
sistema de procuración de justicia está de cabeza, Peña Nieto haya participado
en el Foro “Impulsando a México. La Fortaleza de sus Instituciones”. No hay tal
fortaleza de tales instituciones si tenemos fiscales destituidos por
profundizar en investigaciones incómodas o por tratar de hacer designaciones a
conveniencia de quién ostenta el poder en México, como se trató de hacer con Raúl
Cervantes, En dicho foro, Peña no sólo minimizó la corrupción, sino que la
consideró un problema menor comparado con el de pobreza y la desigualdad. En su
ignorancia o en su cinismo evade reconocer que estos problemas difícilmente
acabarán si no se combate y previene la corrupción.
Con los niveles de corrupción que
vivimos, un yacimiento de petróleo tan grande no es buena noticia para todos
los mexicanos, sino sólo para quienes desde el poder le roban a la nación.
Cambiemos
esta situación en el 2018.
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