A casi un mes de que se aprobara en la Cámara
de Diputados la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en
México, representantes de familiares de víctimas exigieron a Enrique Peña Nieto
acelerar la promulgación de la legislación para que se le asignen fondos
públicos y se aplique.
En
entrevistas por separado, Michael Chamberlin y Yolanda Morán, del Centro de
Derechos Humanos Juan Fray de Larios y Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en México, respectivamente, recordaron
que desde hace dos años se debate la ley por lo que las familias de
desaparecidos “ya no pueden esperar más” para localizar a sus seres queridos.
Ambos
activistas, recordaron que, a través del
secretario y el subsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y Roberto
Campa, el presidente Peña Nieto se ha comprometido a promulgar la ley ante las
familias, y también el pasado 24 de octubre ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública en Montevideo.
“Si Peña Nieto deja pasar el tiempo y
no promulga la ley, sin duda se enfrentará al descrédito internacional”, consideró Chamberlin, quien advirtió que urge la publicación en
el Diario Oficial antes del 15 de noviembre, para que su aplicación sea
considerada en la Ley de Egresos 2018, de lo contrario, “la Ley General
aparecerá como un ente, sin que se pueda hacer nada”.
Al señalar que los familiares de
desaparecidos temen que se designe presupuesto hasta después de las elecciones
federales del próximo año, el subdirector del Fray Juan de Larios, apuntó que
la tardanza de la Presidencia en promulgar la Ley General parecería indicar que
el gobierno de Peña Nieto pretende heredar el problema a la administración que
surja del proceso electoral del próximo año.
“Están haciendo un cálculo si quieren
operar esto o no el próximo año o dejárselo al próximo gobierno, sería terrible
para los familiares tener una ley que no funcione, con la prisa que tienen por
encontrar a los suyos, sería un desprestigio mayor para el presidente”, apuntó Chamberlin.
Para colmo,
dice, la urgencia de los familiares se
cruza con otra, la de reconstrucción por los desastres provocados por los
sismos de septiembre, de ahí que resulta inútil la discusión de cuánto sería el
monto inicial con el que tendría que arrancar la estructura que atenderá la Ley
General en Materia de Desaparición.
Yolanda
Morán, madre de Jereemel Fernández, desaparecido en diciembre de 2008, destacó
que en los pasillos de San Lázaro “se
comenta que el 21 de noviembre Peña Nieto va a promulgar la ley, pero para ello
el 16 ya estará el presupuesto de egresos aprobado.
“Hemos iniciado una campaña para que
los legisladores se pongan en nuestros zapatos cuando tenga que revisar el
presupuesto, y que por lo menos atienda la opinión de las comisiones de
Derechos Humanos y Justicia de la misma Cámara”, dice Morán.
Integrante de Fundem, Morán participó
activamente en el diseño de la Ley General, así como en las conversaciones con
senadores y ahora diputados para aprobar la legislación.
De acuerdo
con la información que ha recabado, para
esta ley el gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a “tener una bolsa
guardada para cuando se promulgue la ley y pueda aplicarse, esperamos que
cumplan con su palabra”.
Morán dijo
que “el gobierno propuso 441 millones de
pesos para la operación de la ley, los diputados de las comisiones de Derechos
Humanos y Justicia consideran que deben destinarse unos 751 millones, y los
diputados de Morena dicen que van a pedir mil millones”, pero hasta ahora sólo
están siendo consideradas las primeras dos propuestas.
“Hay un
compromiso de Osorio Chong y de Campa de que por orden de Peña Nieto habría una
partida extraordinaria etiquetada para la ley de desaparición, y que sería
implementada por Gobernación, pero se tienen que reforzar áreas en la
Procuraduría General de la República (PGR), la Plataforma México, entre otras
dependencias.
“Estamos empujando para que al menos
se reserven los 750 millones que proponen las comisiones de Derechos Humanos y
Justicia, aunque la ley se promulgue después del 21 de noviembre”, resaltó Yolanda Morán.
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