Sanjuana
Martínez.
Los métodos de la Secretaría de
Marina Armada de México (Semar) son altamente letales y sin apego al
irrestricto respeto a los derechos humanos. Así lo demuestra su largo historial
de crímenes de estado cometidos con la patente de corso que le proporciona el
fuero militar. Su impunidad está garantizada en esta grave anomalía del estado
de derecho en México, una aberración para cualquier democracia.
Los marinos y los militares están por
encima de la ley. Su licencia para matar les permite disparar desde un
helicóptero el vehículo en donde viajaba una familia, como sucedió hace unos
días en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las ráfagas
de las armas letales de la Marina fueron lanzadas desde el aire. La CNDH en un
recorrido con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dirigido por
Raymundo Ramos, recorrieron dos kilómetros en ese lugar y encontraron 78
impactos de bala de distintos calibres sobre el pavimento.
¿Dónde está el profesionalismo de la
Semar para cometer semejante pifia criminal que terminó con la vida de una
mujer y sus dos niñas de 6 y 4 años de edad?
Peor aún, la Semar se adelantó y
difundió un primer comunicado en donde ni siquiera hace mención de la muerte de
los civiles y argumenta que el operativo se debió a un enfrentamiento y al
fuego cruzado con presuntos delincuentes.
Pero en ese lugar no hay más vehículo
que el de la familia Rojas Ruiz, ahí sobrevivió Efraín Rojas Santos. Fue él
quien observó a un marino bajar del helicóptero para comprobar que se habían
equivocado. Lo dieron por muerto. Y a continuación la Semar se adelantó a
difundir un segundo comunicado señalando que la familia murió debido a los
disparos de presuntos criminales. Mentira.
Las “verdades históricas” de la
Marina ya no convencen a nadie. Sus crímenes de estado forman parta de la
página de la ignominia que cubre la actuación de las impunes Fuerzas Armadas de
México.
Al igual que el Ejército, la Marina
tiene cientos de quejas abiertas ante la CNDH por crímenes que van desde la
tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Su
historial de la impunidad es amplio, extenso, interminable.
Durante estos
doce años de guerra, la Marina ha ido
aumentando el nivel de letalidad de sus acciones. Tomar la decisión de disparar
contra un coche desde un helicóptero obviamente no ofrece ninguna certeza sobre
los ocupantes del vehículo, pero eso no parece importarle a una institución que
sabe que cuenta con patente de corso y la impunidad garantizada.
Gracias a un
estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León (UNAM) titulado “Índice de
letalidad 2008-2014: disminuyen los
enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad”, sabemos que la Marina
por cada persona que hiere en sus operativos, mata a 30, mientras el Ejército
mata a ocho “enemigos” por cada uno que hiere.
No tenemos cifras exactas sobre los
crímenes de estado cometidos por la Marina y el Ejército, porque el gobierno de
Enrique Peña Nieto dejo de publicarlas hace años para salvaguardar el “buen
nombre” de las Fuerzas Armadas.
Tampoco la Semar es transparente en
sus cifras. Oculta los cientos de denuncias y quejas contra sus elementos por
tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Pero no las necesitamos. Con los
resultados letales de sus “operativos” podemos darnos cuenta de que tiran a
matar y después averiguan. Es obvio que prefieren equivocarse causando
sufrimiento y dolor a civiles, que reconocer sus errores.
En México la tortura es el pan de
cada día. Durante el sexenio de Felipe Calderón aumentó un 1000 por ciento y
podemos decir tranquilamente que, durante la presente administración, ese
porcentaje se duplicó. De las 4 mil denuncias que existían, solo 15 terminaron
en condena. En México los torturadores agentes del estado no son castigados, al
contrario, se les protege.
Tampoco son
procesados los marinos que desaparecen o ejecutan extrajudicialmente. Así lo
saben los cientos de víctimas que va acumulando la Semar, los llamados daños colaterales, que no le importan.
La CNDH va también acumulando
recomendaciones que no sirven para nada, recomendaciones que se tardan dos,
tres o cuatro años en llegar y que la Semar se las pasa por el arco del
triunfo, como la
recientemente publicada que determina claramente que elementos de la Marina
privaron de su libertad de forma “arbitraria” y ejecutaron a tres
estadounidenses y a un mexicano en 2014.
Pero el almirante Vidal Soberón,
secretario de la Semar prefiere mirar para otra parte y no afrontar las graves
consecuencias de sus “operativos” fallidos.
Soberón finalmente se ha convertido
en cómplice de crímenes de guerra. ¿Será capaz el estado mexicano de enjuiciar
a sus propias instituciones? Nunca ha funcionado ser juez y parte, tal vez por
eso, tendrán que ser las instituciones internacionales las que finalmente
permitan el acceso a la justicia a los cientos, miles de víctimas mexicanas de
las guerras fallidas de Calderón y Peña Nieto.
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