En la Cámara de Diputados se aceleran
los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General
de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá
la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena
mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los
especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos
privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el
Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.
Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden
dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la
actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma
energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de
los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.
La estrategia del gobierno y el PRI
en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña
Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero,
opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en
Petróleos Mexicanos.
Para ello, sostienen especialistas entrevistados por
Proceso, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el
fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias
a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el
Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.
La primera se aprobaría en la Cámara
de Diputados y para ello, Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense
y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ya tiene “el
borrador” de la nueva Ley General de Aguas.
En esa ley se apunta a la
privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de
tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación
y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o
una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional
Agua para Todos.
Tal borrador es una calca de la
llamada “Ley Korenfeld” –así llamada por su promotor, el entonces director de
la Comisión Nacional del Agua, el priista David Korenfeld– que en marzo de 2015, a punto de
concluir la anterior Legislatura, el PRI intentó imponer en San Lázaro (Proceso
2000).
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