Un juez de
control y enjuiciamiento penal absolvió
al presunto responsable del homicidio del exsecretario general del PRD en la
entidad, Demetrio Saldívar Gómez, debido a que la Fiscalía General del Estado
(FGE) no acreditó la responsabilidad del inculpado.
La sentencia absolutoria fue emitida
por el juez Sergio Guzmán Chávez el lunes 2, donde se ordena la liberación del
joven detenido hace dos años, indican documentos oficiales consultados por
Apro.
Este hecho exhibe las deficiencias de la Fiscalía
estatal, señalada públicamente de “fabricar” culpables a través de la tortura,
y el nivel de impunidad que prevalece frente a los más de 6 mil homicidios
registrados en la administración del priista Héctor Astudillo.
La noche del 19 de abril de 2017, un
grupo armado interceptó y ejecutó al líder partidista cuando llegaba a su
domicilio, al oriente de esta capital.
Saldívar Gómez había colocado a su
esposa como regidora perredista de Seguridad Pública del municipio de
Chilpancingo, Nancy Soraya Cruz García y, durante la administración del
exgobernador Ángel Aguirre Rivero, se desempeñó como subsecretario de Gobierno.
Posteriormente,
el 28 de abril del mismo año, el
entonces fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, anunció la detención del
presunto autor material del homicidio del secretario general del PRD, Demetrio
Saldívar Gómez, y enseguida fue vinculado a proceso y encarcelado en esta
capital.
Sin aportar datos sobre lugar, tiempo
y circunstancia, el defenestrado exfuncionario del gobierno de Astudillo Flores
señaló que la captura del supuesto homicida identificado como José Ángel se
realizó dos días antes y nunca explicó si existió una orden de aprehensión de
por medio.
También, Olea Peláez omitió informar que el
dirigente perredista fue ejecutado con un arma oficial de fabricación alemana
que tiene registro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó
Apro en ese entonces.
Se trata de una pistola tipo escuadra
calibre .9 milímetros, marca Walther, modelo P99, con matrícula FB 58782 y
capacidad para alojar 16 cartuchos, utilizadas por corporaciones policiacas
estatales, refieren los documentos a los que Apro tuvo acceso.
Además, el presunto responsable argumentó en su
declaración ante un juez de primera instancia que fue privado de su libertad
por un grupo armado que irrumpió en su domicilio ubicado en la parte serrana
del municipio de Eduardo Neri; luego lo trasladaron a un lugar desconocido,
donde lo torturaron para que se declarara culpable y posteriormente entregado a
agentes ministeriales, que finalmente lo consignaron por el delito de
homicidio.
A más de un
año, el inculpado fue liberado por el
juez de control porque la Fiscalía no pudo acreditar sus dichos con pruebas
científicas y, de esta forma, el homicidio de Demetrio Saldívar se mantiene
impune, como los más de 30 crímenes contra políticos que se han registrado
durante los casi tres años del gobierno astudillista.
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