La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
dirigió la Recomendación 23/2018 al gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, por el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad,
seguridad personal y trato digno cometidas por policías de Tránsito contra un
hombre, de 59 años, con discapacidad motriz en el año 2016.
La recomendación derivó de un recurso
de impugnación que la víctima interpuso en el organismo nacional, luego que la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua se negó a aceptar una Recomendación
que le dirigió el ombudsperson local por dicho caso.
En un
comunicado, la CNDH explicó que el 20 de
junio de 2016, una persona de 59 años de edad, con discapacidad motriz presentó
una queja ante la Comisión Estatal en la cual manifestó que, mientras él y su
sobrino empujaban un automóvil por falta de combustible, se les acercó una
patrulla de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Fiscalía General, cuyos
tripulantes les indicaron que “se habían pasado la luz roja” y estaban ebrios.
Cuando entregaron su licencia de
conducir, uno de los agentes se burló del agraviado y “se dirigió a él con
palabras altisonantes, mientras tres policías más lo sometieron por la fuerza,
lo golpearon, esposaron, arrojaron contra una pared y, posteriormente, lo
subieron a una patrulla, causándole diversas lesiones”.
El agraviado presentó una queja a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, la cual acreditó violaciones
a los derechos a la integridad, seguridad personal y trato digno. Por ello,
emitió la Recomendación 60/2016 a la Fiscalía General de Chihuahua.
Sin embargo,
dicha instancia la rechazó bajo el
argumento de que el uso de la fuerza estaba debidamente acreditado, que le
respetaron su derecho al trato digno y que las multas aplicadas habían sido
conforme a la normatividad.
La víctima presentó recurso de
impugnación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue remitida a la
CNDH.
Tras
analizar el caso, ésta consideró que los
argumentos de la Fiscalía de Chihuahua para no aceptar la Recomendación de la
Comisión Estatal son injustificados, pues “las lesiones de la víctima en la
región frontoparietal izquierda corresponden a una contusión causada por golpe
de un objeto sin filo y las afectaciones en las muñecas fueron causadas por la
presión y fricción de las esposas con que fue asegurada”.
Además, determinó que el uso de la fuerza fue
desproporcionado; aunque los policías dijeron que la víctima “intentó fugarse
por lo que salió corriendo”. No obstante, con los documentos del expediente se
corroboró que el agraviado es una persona con discapacidad motriz que
difícilmente le hubieran permitido realizar dicha acción, mientras que las
maniobras para neutralizarlo cuando ya estaba esposado en el interior de la
patrulla también resultaron innecesarias e injustificadas.
La CNDH dijo que coincidió con su homóloga estatal
en que los elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito vulneraron el
derecho al trato digno, al incumplir los principios de legalidad o finalidad
legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad en el empleo del uso de la
fuerza al momento de la detención, misma que fue arbitraria.
Por lo
anterior, pidió al gobernador Javier
Corral reparar integralmente el daño ocasionado al afectado e inscribirlo en el
Registro Estatal de Víctimas para que acceda al fondo de ayuda y asistencia
previstos en dicho ordenamiento.
También le solicitó capacitar al personal de la
Fiscalía General en materia de derechos de las personas con discapacidad,
acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con los procedimientos de
detención, sobre el despliegue del uso de la fuerza y en lo relativo al
funcionamiento del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos.
Además, le pidió colaborar en la queja que se
presente para determinar la responsabilidad en que incurrieron los agentes
involucrados y designar a un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al
cumplimiento de la Recomendación.
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