Tres niñas han sido asesinadas con
extrema violencia tan sólo en el mes de julio en México. Dos de ellas fueron
secuestradas, luego asesinadas y sus cuerpos abandonados a la intemperie. La
otra fue apuñalada al interior de su habitación en Tamaulipas. Y también al
menos dos fueron violadas. Los casos han conmocionado al país.
En este
contexto, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), emitió una serie de
recomendaciones al Estado mexicano donde lo llama a tomar “medidas urgentes”
para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones
forzadas de mujeres y niñas en el país.
En un
informe Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México,
emitido el pasado 20 de julio, la
Convención alerta que persisten “los patrones de violencia de género
generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que
incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento
de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el
feminicidio.
Apenas ayer, un grupo de mujeres
salió a las calles de Zacatecas para exigir justicia por el asesinato de una
niña de nueve años, que había sido raptada días antes. Se trata del caso más
reciente de tres registrados tan sólo en el último mes.
“Vivas nos queremos”, gritaron las
manifestantes que portaron cruces blancas.
La movilización se registró luego del
hallazgo del cuerpo de Juana, abandonado en un lote baldía en el municipio de
Guadalupe, Zacatecas, con signos de violencia sexual y el rostro destrozado. La
niña había sido reportada como desaparecida por sus padres el pasado viernes y
se había activado una Alerta Amber para su localización. Juana había salido a
la tienda y ya no regresó a su casa.
Nueve días antes, el 17 de julio, en
Tamaulipas, se informó del asesinato a puñaladas y degollada de una menor de
siete años al interior de su cuarto, en un fraccionamiento de Altamira,
Tamaulipas. Los padres encontraron a su hija en medio de un charco de sangre cuando
fueron a su habitación a darle las buenas noches. La niña presuntamente también
fue violada.
Días después trascendió que el
presunto feminicida se suicidó colgándose de un árbol. Sin embargo, esto no ha
sido confirmado.
En tanto, el 16 de julio se activó
Alerta Amber por la desaparición de Ana Lizbeth, de ocho años, quien había
desaparecido un día antes. El 17 de julio, el cuerpo de la menor fue hallado en
un baldío de la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, en Nuevo
León.
En su
informe, la Convención de la ONU resalta
que los crímenes contra las mujeres en México son a menudo perpetrados por
actores estatales y no estatales, incluidos los grupos del crimen organizado.
Por lo que llama al Estado mexicano a
adoptar “medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y
las desapariciones forzadas de mujeres”. Pide abordar “las causas fundamentales
de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el
tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la
marginación de la mujer”.
La CEDAW
realiza las siguientes recomendaciones al Gobierno de México:
– Investigar, enjuiciar y castigar
adecuadamente a los perpetradores de estos crímenes, incluidos los actores
estatales y no estatales.
– Que asegure que el feminicidio esté
tipificado como delito en todos los códigos penales estatales de conformidad
con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia (de
2016).
– Que uniforme los protocolos de
investigación policial sobre el feminicidio en todo el Estado y garantice la
aplicación efectiva de disposiciones penales sobre el feminicidio.
– Que simplifique y armonice los procedimientos
a nivel estatal para activar la alerta Amber y el protocolo Alba, y acelere la
búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
– Adoptar políticas y protocolos
específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y
niñas, el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual
y el trabajo forzado.
– Garantizar que la Comisión de
Atención a las Víctimas fortalezca su enfoque sensible al género.
– Evaluar el impacto del Mecanismo de
Alerta de Género, asegurar su implementación y coordinación armonizada y
extendida a nivel federal, estatal y municipal, y asegurar la participación de
organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, defensores de género y
derechos humanos y mujeres víctimas de violencia.
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